El presidente socialista español, que no ha dejado institución nacional sin mancillar a través de su Gobierno corrupto y mafioso, invoca la protección de los menores frente al poder de las grandes tecnológicas. Su propuesta deja otra pregunta sobre la mesa: qué poder adquirirían los gobiernos y quiénes son estos para decidir cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial

Pedro Sánchez ha reclamado, en un foro celebrado en Nueva York durante la apertura del nuevo periodo de sesiones del organismo globalsocialista por excelencia, la Asamblea General de la ONU, una alianza internacional para desarrollar una inteligencia artificial «responsable». El presidente socialista español, impulsor de no pocas leyes liberticidas en su país, manipulador, mentiroso hasta la patología y con un ego enfermizo, situó en el centro de su intervención "la protección de los menores" y dirigió sus críticas a los grandes empresarios tecnológicos, a quienes acusó de "concentrar poder y riqueza y de influir en los valores y preferencias de la sociedad". Según informó la Agencia EFE, Sánchez resumió su posición con una advertencia tan demagógica como vacía dicha por quien lleva décadas alentando el adoctrinamiento socialista y woke en las escuelas españolas: «Por encima de su negocio están nuestros hijos y nuestras hijas». 

La preocupación por los daños que las nuevas tecnologías pueden causar a niños y adolescentes merece una respuesta seria. Sánchez mencionó el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados, los delitos sexuales, la pérdida de privacidad y los problemas de salud mental. También sostuvo que las empresas deben rendir cuentas por el impacto de sus productos. Son cuestiones que exigen medidas concretas y cuya discusión no puede quedar exclusivamente en manos de las compañías que diseñan los sistemas. Tampoco estaría de más que, ya puestos, los Gobiernos indecentes y mafiosos como el de Pedro Sánchez rindieran también cuentas por las consecuencias de sus acciones y omisiones.

Y es que el demagógico discurso sanchista plantea una segunda cuestión que tampoco conviene dejar exclusivamente en manos de los gobiernos. Cuando un dirigente ignorante y fanatizado como Sánchez reclama «límites claros» para la IA y una coordinación mundial para establecerlos, importa conocer quién fijará esos límites, con qué criterios, bajo qué controles y con qué posibilidades de recurso. Proteger a un menor frente a una herramienta presuntamente dañina es un objetivo reconocible. Conceder a determinadas autoridades capacidad para determinar qué respuestas puede ofrecer una IA a todos sus usuarios sería una decisión de alcance mucho mayor. La intervención de Sánchez no detalla dónde se situaría esa frontera.

El tirano socialista propuso una alianza entre gobiernos, organizaciones internacionales, empresas, educadores y familias. En el mismo encuentro, Emmanuel Macron, otro inútil socialista ninguneado y despreciado por sus ciudadanos, defendió en la ONU que ningún modelo de IA llegue por defecto a los niños "sin haber sido probado, evaluado y autorizado previamente". La exigencia de evaluar productos destinados a menores tiene una lógica evidente; el alcance de una eventual autorización, las autoridades encargadas de concederla y sus efectos sobre el acceso a estas herramientas requieren, en cambio, una definición pública y precisa. 

Sánchez presentó a los «tecnoligarcas» como una concentración de poder capaz de moldear la conversación pública. La crítica merece ser examinada. También merece examen el poder que los responsables políticos aspiran a ejercer sobre una tecnología utilizada para buscar información, escribir, investigar y debatir. La protección de los menores ofrece una razón poderosa para actuar, pero no debería servir como cheque en blanco para que ningún gobierno amplíe sin límites su influencia sobre esas actividades.

La discusión que se abre en la ONU, por tanto, no se agota en elegir entre las grandes empresas y los Estados. Ambos tienen intereses y ambos necesitan controles. Si la alianza anunciada por Sánchez llega a traducirse en reglas, su valor dependerá de algo más verificable que sus declaraciones de intención: medidas proporcionadas para proteger a los menores, criterios transparentes y garantías para que la regulación de la IA no termine dando a los políticos un poder indebido sobre lo que los ciudadanos pueden consultar y expresar que, en el fondo, es lo que siempre han deseado políticos autocráticos como Pedro Sánchez.