El antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana quiso comprar archivos del "caso Morodo" y afirmó que compradores y vendedores cobraban comisiones en los contratos de defensa. La operación naval ya fue investigada en España y archivada en 2021, aunque el juzgado acreditó pagos de más de 42 millones de euros a intermediarios

Desde una celda de la prisión madrileña de Estremera, Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el «Pollo» Carvajal, intentó conseguir documentos con los que respaldar sus revelaciones sobre los negocios del chavismo y sus conexiones españolas. Una carta manuscrita publicada por The Objective reúne ahora dos asuntos que el antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana quería mantener separados: la documentación del caso Morodo que, según las fuentes del periódico, contenía referencias a José Luis Rodríguez Zapatero, y las comisiones asociadas a la venta de material de defensa español a Venezuela. El escrito revela tanto su interés por adquirir los archivos como su resistencia a entregar información militar que pudiera comprometerlo por la divulgación de secretos de Estado.

La correspondencia, redactada durante su reclusión en España entre 2021 y 2023, estaba dirigida a un antiguo alto cargo chavista venezolano. Carvajal aludía a una propuesta que le había trasladado su abogada y expresaba con claridad su disposición a pagar: «La letrada me estuvo planteando tu proposición. Te comento que no tendría problemas en comprar el documento del caso Morodo, porque realmente lo necesito y es urgente». Según la información publicada el 29 de septiembre por The Objective, el exmilitar buscaba reforzar su colaboración con la Justicia española para obtener asilo y evitar su extradición a Estados Unidos.

Pero la carta incorporaba una condición. «De eso me interesa algún soporte siempre y cuando se pueda deslindar del contrato de compra de armas a España por parte de Venezuela», escribía Carvajal, antes de añadir: «Aunque los dos sabemos que tanto el comprador como el vendedor siempre cobran comisiones, no quiero ni debo exponer secretos de Estado que van implícitos en esa negociación, como las capacidades y tecnologías de esos equipos». La frase constituye una afirmación del exresponsable de inteligencia sobre el funcionamiento de aquellas operaciones, pero no identifica por sí misma a los perceptores del dinero ni acredita que un dirigente español concreto cobrara una comisión.

Según las fuentes conocedoras de la negociación citadas por The Objective, la compra llegó a realizarse y parte de los documentos habría sido puesta posteriormente a disposición de las autoridades estadounidenses. El periódico sostiene que aquellos archivos podían respaldar las declaraciones de Carvajal sobre el caso Morodo y sus presuntas conexiones con Zapatero. No se reproduce, sin embargo, su contenido completo ni una resolución judicial que establezca responsabilidades del expresidente a partir de ese material. La novedad documental conocida es la carta; la adquisición de los archivos y su posterior entrega se sustentan en las fuentes consultadas por el medio.

El antecedente de la venta de buques se remonta a las negociaciones iniciadas en 2004 y a los contratos firmados en noviembre de 2005, durante el primer Gobierno de Zapatero, con José Bono al frente de Defensa y Miguel Ángel Moratinos en Exteriores. El proyecto comprendía ocho embarcaciones de Navantia y doce aeronaves de EADS-CASA. El Ejecutivo defendió públicamente la operación como una fuente de empleo y actividad industrial y anunció que Bono asistiría a la firma en representación del Gobierno. La entonces portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, presentó los suministros navales como instrumentos de vigilancia, seguridad y lucha contra el narcotráfico.

La operación aérea chocó con el veto estadounidense a la exportación de componentes tecnológicos incorporados a los aviones. Washington comunicó su decisión en enero de 2006 y Venezuela acabó cancelando ese mismo año la compra de las doce aeronaves. La venta naval siguió adelante. Aquella controversia ayuda a entender la referencia de Carvajal a las capacidades y tecnologías de los equipos: los contratos tenían una dimensión industrial y diplomática, además de la estrictamente militar.

Las comisiones de la operación naval ya habían sido investigadas en España antes de la carta ahora difundida. El procedimiento se centró en los pagos a Rebazve, una intermediaria vinculada a los venezolanos Juan Rafael Carvallo y Pedro Enrique Malave. La remuneración pactada rondaba el 3,5 % del precio de las embarcaciones y superó los 42 millones de euros. El 12 de enero de 2021, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid acordó el sobreseimiento provisional: consideró acreditado que Venezuela había asumido ese coste dentro del precio final y descartó el perjuicio patrimonial a Navantia que sustentaba la acusación de malversación.

Las informaciones contemporáneas sobre el auto describieron cuentas en Suiza y España, sociedades intermediarias y fondos cuyo destino último no pudo esclarecerse. Entre los beneficiarios españoles investigados figuraban Javier Salas, antiguo presidente del Instituto Nacional de Industria, y Antonio Rodríguez-Andía, expresidente de la Compañía Trasatlántica Española. También fue investigado el expresidente de Navantia Juan Pedro Gómez Jaén. El archivo no negó los pagos: concluyó que no existían indicios suficientes de delito para continuar la causa. Por ello, no equivale a una sentencia condenatoria por comisiones ilegales.

Según el relato de The Objective, Carvajal señaló en 2021 a Bono y Moratinos como posibles destinatarios de pagos, sin aportar entonces documentación que acreditara esa acusación. El medio interpreta la carta como una explicación de su resistencia a entregar material relacionado con los contratos militares. La referencia genérica a las comisiones y aquellas acusaciones personales deben distinguirse: el fragmento manuscrito reproducido no contiene nombres de beneficiarios, cantidades individuales ni instrucciones de pago a los dos exministros.

El caso Morodo, por su parte, sí desembocó en condenas por fraude fiscal. En diciembre de 2024, la Audiencia Nacional impuso diez meses de prisión a Raúl Morodo, embajador en Caracas entre 2004 y 2007, y dos años a su hijo Alejo, tras un acuerdo de conformidad. La sentencia se refería a la ocultación de ganancias procedentes de PDVSA en los ejercicios de 2013 y 2014, cuando Morodo ya había dejado la embajada. Su exnuera fue absuelta. Esas condenas establecieron responsabilidades tributarias de padre e hijo, sin constituir una condena de Zapatero.

La estrategia de Carvajal no impidió finalmente su entrega a Estados Unidos, ejecutada el 19 de julio de 2023. El 25 de junio de 2025 se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York de cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína y delitos de armas. El Departamento de Justicia estadounidense sitúa su etapa al frente de la inteligencia militar venezolana entre aproximadamente 2004 y 2011, y de nuevo en 2013: una posición que le daba acceso al aparato de poder durante la negociación de los contratos españoles.

La carta añade así una pieza a dos historias judiciales distintas: una operación naval cuyos pagos a intermediarios fueron investigados y una causa fiscal que terminó con las condenas de los Morodo. Lo pendiente es conocer el contenido de los documentos que Carvajal habría comprado, comprobar su autenticidad y determinar qué respaldan realmente. Su afirmación sobre las comisiones devuelve la atención a los contratos con Chávez; el alcance de sus señalamientos sobre dirigentes españoles depende de pruebas que no aparecen en los fragmentos publicados.