La economía contemporánea conserva la propiedad privada y el beneficio empresarial, pero los somete a una extensa arquitectura de impuestos, regulaciones, subvenciones y decisiones políticas. Atribuir todos sus resultados al «libre mercado» permite borrar la responsabilidad del poder

El capitalismo tiene una cualidad extraordinaria: puede ser acusado de cualquier cosa, incluso de las consecuencias de decisiones adoptadas para impedir que funcione. Si una administración restringe la construcción de viviendas y los precios aumentan, la culpa es del capitalismo. Si un gobierno rescata una empresa con dinero del contribuyente, también. Si una maraña de licencias, obligaciones y costes administrativos dificulta la aparición de competidores, se denuncia la concentración capitalista. El acusado comparece siempre; quienes escribieron las reglas rara vez se sientan a su lado. La palabra ha adquirido una utilidad política incomparable: designa un sistema económico, pero también sirve para ocultar cómo funciona realmente.

«El capitalismo no existe, idiota» es una provocación, no una definición de diccionario. Para convertirla en un argumento hay que precisar su significado. Si entendemos por capitalismo la propiedad privada de los medios de producción, la búsqueda del beneficio y la utilización de mercados, evidentemente existe. Si hablamos de un orden de libre empresa en el que el Estado protege derechos y contratos, pero apenas dirige la producción, redistribuye ingresos o condiciona las decisiones económicas, ese capitalismo no describe las sociedades contemporáneas. El propio Fondo Monetario Internacional explica que predominan las economías capitalistas mixtas. La cuestión es cuánto queda del mercado cuando la mezcla se convierte en tutela socialista permanente.

Esta precisión fortalece la tesis. No necesitamos negar la existencia de empresas privadas para señalar que operan dentro de un sistema profundamente intervenido. Una sociedad puede conservar empresarios, accionistas y escaparates mientras desplaza hacia la administración una parte considerable de las decisiones sobre inversión, contratación y distribución de recursos. La propiedad sigue siendo privada, pero su ejercicio queda condicionado por una cadena muchas veces absurda de autorizaciones, obligaciones y prioridades políticas. El empresario conserva el riesgo; el poder público se reserva una creciente capacidad para determinar las condiciones bajo las cuales debe asumirlo. Llamar a eso capitalismo sin adjetivos ofrece una descripción demasiado cómoda para quienes gobiernan.

Las dimensiones presupuestarias ayudan a comprenderlo. Según Government at a Glance 2025, de la OCDE, el gasto de las administraciones públicas equivalía, como promedio de la organización, al 42,6 % del producto interior bruto en 2023. En 2024 alcanzaba el 57,5 % en Finlandia y el 57,2 % en Francia. Estas proporciones no significan que el Estado produzca directamente ese porcentaje de la riqueza: incluyen transferencias y otras partidas. Pero sí acreditan una capacidad inmensa para recaudar, gastar y redistribuir. Describir esas economías como territorios abandonados a las fuerzas del mercado exige pasar por alto a uno de sus actores centrales.

España permite observar la misma contradicción. La citada publicación de la OCDE situaba el gasto público en el 45,4 % del PIB tanto en 2023 como en 2024. A ese peso presupuestario se añade una intervención que no aparece íntegramente en ninguna cifra de gasto: normas urbanísticas, obligaciones laborales, requisitos profesionales, condiciones ambientales, procedimientos administrativos y restricciones sectoriales. El presupuesto mide flujos monetarios; no mide todas las decisiones privadas que una disposición puede impedir, encarecer o aplazar. Un Estado puede ampliar considerablemente su influencia económica sin nacionalizar una fábrica ni aumentar de manera equivalente el número de sus empleados. Le basta con multiplicar las condiciones para actuar.

Sería absurdo, sin embargo, confundir el mercado con la ausencia de reglas. La propiedad requiere protección; los contratos necesitan tribunales; el fraude debe perseguirse. Tampoco una empresa adquiere, por ser privada, derecho a imponer costes a terceros o a cerrar mediante pactos el acceso de sus competidores. Incluso desde una posición liberal cabe defender normas que preserven la competencia. La distinción relevante separa las reglas que permiten el intercambio de las intervenciones que pretenden decidir sus resultados. Proteger la entrada de nuevos productores y proteger a los productores ya instalados son actuaciones diferentes, aunque ambas puedan presentarse bajo el vocabulario tranquilizador y siempre interesado del interés general.

La defensa de la competencia ofrece precisamente un terreno donde conviene afinar el argumento. Un control que impide un acuerdo para repartirse clientes puede favorecer el mercado. Una exigencia administrativa desproporcionada puede excluir de él a pequeñas empresas incapaces de costearla. No basta con contar normas: hay que examinar qué hacen, cuánto cuestan y a quién benefician. Las grandes compañías disponen de departamentos jurídicos y recursos para negociar con el regulador; el pequeño empresario suele disponer de una gestoría y de su tiempo. Una regulación concebida para contener a los poderosos puede terminar consolidándolos. El resultado merece algo más preciso que una nueva denuncia abstracta del capitalismo.

También es necesario distinguir entre socialismo, socialdemocracia e intervencionismo. Una pensión pública no equivale a la colectivización de una industria, y un impuesto progresivo no elimina por sí mismo la economía de mercado. El Estado asistencial ha sido construido y ampliado por gobiernos socialdemócratas, tanto de derechas como de izquierdas. Pero reconocer estas diferencias no obliga a disimular la dirección de determinadas políticas: cuanto más ingreso se distribuye mediante decisiones públicas y más actividad depende de prioridades administrativas, mayor es el espacio de asignación política. Puede mantenerse la propiedad privada mientras avanza una socialización parcial de los recursos y de las decisiones. Esa convivencia constituye el núcleo del sistema mixto.

Las políticas sociales encuentran su justificación en necesidades reales: enfermedad, discapacidad, desempleo, vejez o pobreza. Su existencia no resuelve, sin embargo, las preguntas sobre su diseño. Una prestación puede facilitar la autonomía o dificultar la salida de la dependencia; una ayuda puede atender una emergencia o perpetuarse sin evaluación suficiente. Importan sus condiciones, sus incentivos y su financiación. El dinero distribuido tiene un coste de oportunidad, aunque resulte electoralmente incómodo mencionarlo. Y el endeudamiento no hace desaparecer ese coste: lo desplaza. Una sociedad que convierte cada dificultad en una nueva obligación presupuestaria debe explicar quién sostendrá el conjunto y con qué capacidad productiva.

Aquí aparece una paradoja central del orden contemporáneo. La actividad privada debe generar una parte sustancial de los recursos que permiten mantener los compromisos públicos, mientras recibe con frecuencia la consideración de sospechosa. Se exige inversión, empleo y productividad, pero el beneficio que remunera el riesgo puede presentarse como una anomalía moral. Naturalmente, hay beneficios procedentes de privilegios, posiciones dominantes o rentas protegidas. Precisamente por eso conviene distinguirlos de los obtenidos al ofrecer algo que otros desean comprar. Una crítica que trata igual al empresario que compite y al que vive de una concesión política acaba favoreciendo al segundo: borra la diferencia que permitiría cuestionar su ventaja.

La intervención tampoco se limita a proteger a personas vulnerables. Puede proteger patrimonios, balances y empresas influyentes. Cuando el poder público garantiza pérdidas privadas o sostiene negocios inviables, altera la disciplina de la competencia. La posibilidad de fracasar forma parte del mercado tanto como la posibilidad de ganar. Si los beneficios permanecen en manos privadas mientras los costes se trasladan al contribuyente, estamos ante un privilegio que requiere autorización política. Denunciarlo como simple consecuencia de la libertad económica omite el mecanismo decisivo. Alguien tomó la decisión de rescatar, garantizar o subvencionar; alguien seleccionó a los beneficiarios y comprometió recursos ajenos.

Por eso, una defensa coherente del mercado debe incomodar también a determinados empresarios. No puede exigir libertad para vender y protección pública frente a competidores más eficientes. No puede reclamar menos impuestos mientras solicita ayudas particulares, ni invocar la competencia cuando pretende obtener una barrera de entrada. Como tan bioen vemos todos los días en la España abracadabrante de Pedro Sánchez, la proximidad al poder puede convertirse en un activo más rentable que la innovación. En ese escenario, el talento empresarial se desplaza hacia la negociación de ventajas administrativas. La economía conserva su apariencia comercial, pero parte del éxito depende de decisiones tomadas fuera del intercambio voluntario. Esa deformación no se corrige con una oposición retórica entre empresas y Estado.

La vivienda, hoy en boca de todos, y especialmente de los más ignorantes y zafios del lugar, ilustra cómo debería plantearse el debate. Su precio depende de múltiples factores: oferta, demanda, financiación, ingresos, localización y expectativas. También depende de decisiones públicas sobre suelo, densidad, permisos e infraestructuras. Antes de atribuir una dificultad de acceso al mercado, es necesario estudiar qué oferta puede aparecer y bajo qué condiciones. Lo mismo vale para cualquier propuesta de intervención: debe examinarse su efecto sobre propietarios, inquilinos, promotores y nuevas construcciones. La intención declarada no sustituye a los resultados. Si una política fracasa, el diagnóstico debe incluirla; no puede desaparecer del análisis mientras el capitalismo recibe automáticamente la factura.

Definir el capitalismo como un modelo absolutamente puro y concluir que no existe porque la realidad se aparta de él sería una victoria verbal de escaso valor. Ninguna institución histórica coincide por completo con su ideal. La tesis fecunda es otra: vivimos en economías donde mercado y poder público se entrelazan, y cada resultado debe analizarse atendiendo a esa combinación. No cabe adjudicar todos los éxitos a la intervención de los Estados y todos los fracasos a la libertad económica. Tampoco cabe hacer la operación inversa. Lo exigible es identificar decisiones, incentivos y responsabilidades concretas.

El capitalismo sin intervención que tantos discursos denuncian no describe nuestras sociedades. Existe una economía de propiedad privada, ampliamente regulada, atravesada por transferencias, subvenciones y prioridades políticas; una economía cuya libertad varía entre sectores y países. Quien aspire a juzgarla debe mirar también los despachos donde se fijan sus condiciones. Porque el poder disfruta de una ventaja extraordinaria cuando puede intervenir en casi todo y responder de casi nada. Y una sociedad comprende mal sus problemas si llama «mercado» a cada resultado, incluso cuando el mercado tuvo muy poco margen para decidir.