Durante treinta años, Christa Gail Pike fue una fecha pendiente en el calendario de Tennessee. Fue condenada por el asesinato con tortura, en 1995, de Colleen Slemmer, compañera suya en el programa Job Corps de Knoxville, un crimen de una crueldad que todavía hiela los expedientes. Pike nunca lo ha negado. Lo que su defensa ha puesto sobre la mesa, una y otra vez, es todo lo que vino antes: su edad en el momento de los hechos, su enfermedad mental y un historial de abusos sexuales graves que, según sus partidarios, comenzaron cuando apenas era una niña pequeña. El miércoles 30 de septiembre de 2026, a sus cincuenta años, iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en dos siglos.

El día fue un vaivén judicial digno de un guion. Apenas una hora antes de la ejecución, un tribunal federal de apelaciones la detuvo para revisar si los abusos y violaciones que Pike sufrió en la infancia se habían tenido en cuenta al dictar su sentencia; la decisión en contra de la ejecución salió por dos votos contra uno, con los testigos ya congregados en la prisión de máxima seguridad de Riverbend, en Nashville. El Estado recurrió de inmediato y, ya de noche, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la suspensión y dio luz verde a la inyección letal. El gobernador republicano Bill Lee, que ya había rechazado su petición de clemencia, tampoco intervino.

Lo que ocurrió después es lo que hoy sacude al país. A las 19:27 se alzaron las cortinas de la cámara y los periodistas vieron a Pike atada a la camilla. Pronunció una declaración y cantó junto a su consejero espiritual. Después llegó una dosis de pentobarbital. Y luego, otra dosis. Pero la condenada no se iba: los testigos la describieron respirando con fuerza, moviendo la cabeza y las piernas, y finalmente roncando. Hacia las 19:46 se corrió la cortina con Pike todavía respirando a ojos vista, y siguieron oyendo ese ronquido rítmico hasta que les ordenaron salir, pasadas las 20:50. Fuera, el silencio lo rompieron las sirenas.

Sus abogados presentaron una moción de emergencia ante el Supremo alegando que su clienta sufría una agonía innecesaria. Alrededor de las 22:37, hora local, Pike fue trasladada a un hospital cercano, y sus letrados aseguraron que el Estado de Tennessee había vuelto a fracasar en una ejecución, sin que se les hubiera informado de su estado. Ese "volver" no es retórico: medios locales señalan que el médico que intervino en la fallida ejecución de Tony Carruthers fue quien administró también la inyección a Pike. Y la propia defensa llevaba meses advirtiéndolo: en agosto, en una vista de tres días, argumentó que una afección venosa haría difícil encontrar una vena para el fármaco. Por su parte, el Departamento de Corrección sostiene que siguió cada paso del protocolo legal establecido.

Esta mañana, la mujer a la que el Estado quiso matar por ser una asesina sigue viva, y es el propio Estado el que tiene que dar explicaciones. El gobernador Lee ha ordenado una revisión exhaustiva e independiente para saber qué ocurrió exactamente, y ha suspendido la única ejecución que quedaba prevista este año, con el argumento de que los ciudadanos esperan que una condena se cumpla no solo de forma legal, sino eficaz. Queda abierta la pregunta que ningún protocolo contempla: qué se hace con una condenada que ha sobrevivido a su propia ejecución. En un país donde solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde que se restableció la pena de muerte en 1976, el caso de Christa Pike ya no trata solo del crimen de 1995, sino de la capacidad de un Estado para administrar la muerte que él mismo decreta.