La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en el Pleno de la Asamblea de Madrid que el Gobierno regional presentará un recurso contencioso-administrativo contra la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, el extremaizquierdista Francisco Martín, ante la acampada instalada en la Puerta del Sol.

Díaz Ayuso ha informado de que la Comunidad de Madrid solicitará medidas cautelarísimas para la “inmediata disolución” de la acampada, después de que haya expirado el plazo de 48 horas concedido al delegado del Gobierno para adoptar las medidas necesarias. “Les anuncio que esta misma mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la inacción del delegado del Gobierno que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol”, ha afirmado la presidenta.

Durante su intervención, Díaz Ayuso también ha reclamado que se facilite el acceso de los servicios de emergencia a la plaza. “Por favor, que desalojen, por lo menos, lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias”, ha señalado, antes de referirse a las dificultades que, según ha denunciado, estaría ocasionando la acampada a comerciantes de la zona.

La Comunidad de Madrid sostiene que la concentración y la acampada permanente en la Puerta del Sol estarían excediendo los límites constitucionales y legales del derecho fundamental de reunión. El Ejecutivo autonómico considera, además, que corresponde al delegado del Gobierno adoptar determinadas medidas de prevención y vigilancia para garantizar la protección de personas, bienes e instituciones.

A esta situación, según el gobierno regional, se suman actos vandálicos y daños en elementos del patrimonio histórico-artístico de la Puerta del Sol.

El recurso anunciado por el Gobierno regional busca que sea la jurisdicción contencioso-administrativa la que determine las medidas que deben adoptarse respecto a la acampada y a la actuación de la Delegación del Gobierno.

La Comunidad de Madrid ha presentado ante la jurisdicción contencioso-administrativa un recurso en el que solicita la adopción de medidas cautelarísimas para el desalojo de la acampada instalada en la Puerta del Sol.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid sostiene que se estarían excediendo los límites constitucionales y legales del derecho fundamental de reunión y que se habría producido una ocupación ilegal del espacio público.

El escrito señala también que corresponde al delegado del Gobierno ejercer las competencias de prevención y vigilancia necesarias para garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones.

Asimismo, un informe de la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid sostiene que la acampada genera una afección física y directa sobre dos Bienes de Interés Cultural: la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño. La Comunidad considera que algunos de los hechos podrían constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural y reclama la actuación de la Administración del Estado dentro de sus competencias.

Entre las afecciones señaladas se encuentran personas trepando por la fachada de la Real Casa de Correos y utilizando ventanas y rejas como puntos de apoyo, ejerciendo peso y tirones sobre elementos arquitectónicos no diseñados para soportarlos, así como la realización de pintadas y grafitis.

El informe también recoge que algunas personas se habrían subido a la escultura del Oso y el Madroño, colocado pegatinas y situado cuerdas, banderas y otros objetos sobre la pieza y otros elementos patrimoniales.

La Comunidad de Madrid señala además que la ocupación total de la plaza dificulta la visión, el acceso y el disfrute del espacio protegido, así como la inspección de determinadas zonas, lo que impediría comprobar la existencia de otros posibles deterioros.

La solicitud de la Comunidad queda ahora pendiente de la decisión de la jurisdicción contencioso-administrativa sobre las medidas cautelarísimas planteadas.