Un antiguo asesor del presidente Nixon expone en la sede del Departamento de Justicia su tesis de que el Watergate fue una operación de «lawfare». La Oficina de Responsabilidad Profesional estudia ahora si los fiscales especiales que investigaron el escándalo vulneraron los derechos de Nixon y sus colaboradores

Hay escándalos que se cierran y escándalos que se convierten en idioma. El Watergate pertenece a la segunda especie: dio el sufijo con el que se bautizan todas las corruptelas desde 1974, fundó buena parte de las reglas que separan a la Casa Blanca de la fiscalía y dejó a un presidente, Richard Nixon, como el único que ha abandonado el cargo por dimisión. Cincuenta y dos años después de aquel 9 de agosto, el Departamento de Justicia de Donald Trump ha decidido volver a abrir el expediente. No para revisar lo que hizo Nixon, sino lo que le hicieron a él.

Según ha adelantado The Wall Street Journal, el departamento está examinando si la Fuerza Especial de la Fiscalía del Watergate —la oficina que dirigieron sucesivamente Archibald Cox y Leon Jaworski— incurrió en mala conducta profesional. El detonante fue una presentación de dos horas en la sede central del ministerio a cargo de Geoff Shepard, exasesor de Nixon convertido en historiador del caso y en el más tenaz de sus revisionistas. El título de su exposición lo dice todo sobre la época en que se pronuncia: "Watergate as Lawfare".

El movimiento llega después de casi dos años en los que el departamento ha convertido en prioridad investigar a quienes investigaron a Trump. Ahora la mirada retrocede medio siglo, hasta el otro presidente republicano que vivió cercado por fiscales, comisiones del Congreso y la prensa, y al que una parte del movimiento trumpista ha empezado a reivindicar como precursor y mártir.

La escena tiene algo de ajuste de cuentas diferido. Un alto cargo del departamento invitó el mes pasado a Shepard, de 81 años, a exponer su caso ante la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR), el órgano interno que vigila la conducta de los abogados del ministerio. Shepard acudió al edificio de la avenida Pensilvania con un dosier de 78 páginas y habló durante dos horas.

Su argumento central es que Nixon y los demás acusados del Watergate no tuvieron un juicio justo. Según su relato, Cox y Jaworski mantuvieron comunicaciones indebidas con los jueces que llevaban las causas y ocultaron a las defensas pruebas que podían favorecerlas. A ello suma una acusación de fondo: que la oficina del fiscal especial estaba poblada por adversarios políticos declarados del presidente.

El propio Shepard confirmó la reunión en su página web, donde ha colgado el esquema y las diapositivas. Allí escribe que la OPR recibió el encargo de echar una mirada nueva a sus denuncias contra los abogados de la fiscalía especial. Un día después, en Newsmax, fue más lejos: habló de un avance enorme y celebró que, por primera vez en cincuenta años, habrá una revisión imparcial de aquellos fiscales. Y despachó la prueba más célebre del caso con una frase de eslogan: la pistola humeante, dijo, «disparaba balas de fogueo».

Shepard no es un recién llegado. Joven abogado en la Administración Nixon, pasó por el Tesoro, se incorporó al equipo de política interior de John Ehrlichman y, mientras el escándalo se desbordaba, actuó como adjunto principal de Fred Buzhardt, el abogado que defendía al presidente en el Watergate. Medio siglo después, el Journal lo describe como una especie de padrino de quienes reescriben aquella historia.

Su obra cabe en una estantería corta pero obstinada: The Real Watergate Scandal (2015), The Nixon Conspiracy (2021), un curso en la Universidad de Temple, horas de entrevistas radiofónicas y una larga pelea judicial que culminó en 2018 con la desclasificación de la llamada «hoja de ruta» (Road Map): el informe que el gran jurado envió en secreto al Comité Judicial de la Cámara de Representantes en marzo de 1974 y que sirvió de base para el impeachment.

El corazón de su tesis está en tres cajas de documentos: los archivos confidenciales de Leon Jaworski, que asegura haber sido el primero en consultar en los Archivos Nacionales. En ellos, sostiene, constan varias reuniones ex parte —sin presencia de las defensas— entre el fiscal especial y el juez John Sirica, el magistrado que presidió tanto el juicio por el allanamiento como el del encubrimiento. Entre ellas, un encuentro de cuatro fiscales con Sirica y el juez Gerhard Gesell en diciembre de 1973, otro en febrero de 1974 para «prevalidar» la hoja de ruta y un tercero en el despacho del juez el día mismo de la acusación formal, el 1 de marzo de 1974. Para Shepard, aquello fue una colusión que vicia todo lo que vino después.

Sus críticos no niegan que hubiera contactos; discuten lo que significan. Ya en 2013, el exconsejero de la Casa Blanca John Dean —testigo estrella contra Nixon— replicó que las normas de conducta judicial conceden a un juez presidente un margen amplio para reunirse con la acusación por cuestiones administrativas, y que casi todos esos encuentros fueron anteriores a la acusación formal. Es decir: material para un seminario de ética procesal, no para absolver a un presidente.

El Departamento de Justicia, que dirige el fiscal general Todd Blanche, ha confirmado la reunión y, al mismo tiempo, ha tratado de rebajar su alcance. Una portavoz explicó que Shepard fue invitado por su conocimiento y su trabajo académico sobre el Watergate, pero subrayó que su exposición «no constituye una investigación» y que la OPR sigue centrada en que los abogados del departamento cumplan los más altos estándares profesionales. No anunció la apertura de un expediente, ni señaló a nadie, ni fijó plazos.

El Journal habla de una revisión preliminar cuyo desenlace es incierto: puede quedarse en un ejercicio administrativo o convertirse en una pesquisa formal. Hay un precedente que ilustra el giro. Shepard presentó una queja formal ante la OPR en octubre de 2021, y la oficina la rechazó en 2022, bajo la Administración Biden. El propio ministerio recordó ese rechazo al confirmar la reunión de ahora, como quien deja constancia de que la puerta no estaba cerrada con llave, sino entornada.

Queda, además, una pregunta práctica que nadie ha respondido: qué consecuencia podría tener una eventual conclusión. Cox murió en 2004, Jaworski en 1982, Sirica en 1992 y Nixon en 1994. La OPR investiga la conducta de abogados del departamento; casi todos los protagonistas de esta historia están fuera de su alcance desde hace décadas. Lo que se dirime, por tanto, no es una sanción, sino un veredicto sobre la memoria.

La revisión no surge del vacío. Es el capítulo más institucional de una campaña que lleva meses gestándose en los alrededores del poder y que busca en Nixon —combativo, aborrecido por la prensa, acosado por investigaciones— el espejo histórico de Trump.

Ed Martin, entonces fiscal de indultos y jefe del Grupo de Trabajo sobre la Instrumentalización del departamento, conmemoró el 54.º aniversario del asalto del 17 de junio de 1972 presentándolo en redes como el bulo original, obra de una CIA que espiaba a políticos. Remató con ataques a John Dean y a Bob Woodward, a quienes deseó que sufrieran «por toda la eternidad». Martin dejó el departamento en agosto tras chocar con otros altos cargos.

Horas después. Monica Crowley, jefa de Protocolo de la Casa Blanca y antigua tertuliana de Fox News, compartió el mensaje y profetizó que Nixon «será reivindicado».

Días más tarde, en Yorba Linda. El vicepresidente JD Vance, en la Biblioteca Presidencial Nixon, sostuvo que hoy el Watergate sería una noticia de doce horas y trazó el paralelismo sin rodeos: la manera en que el Estado profundo derribó a Nixon, vino a decir, no difiere mucho de lo que las mismas instituciones intentaron contra Trump en su primer mandato.

El jueves pasado. El mismo día de la exclusiva del Journal, el congresista Riley Moore, republicano de Virginia Occidental nacido seis años después de la dimisión, dijo en la cumbre de Gran Estrategia de la Fundación Nixon que el presidente fue víctima de un golpe y de una trampa, y lo vinculó al «falso bulo» de la colusión rusa. Nixon, añadió, lo sabía y calló para no minar la confianza de los estadounidenses en sus instituciones.

El coro se amplía más allá del Gobierno: figuras como Christopher Rufo, Tucker Carlson, Steve Bannon o Michael Knowles han difundido versiones de la idea de que Nixon fue abatido por el Estado profundo, los fiscales o los medios. Y el propio Trump, según el Journal, ha preguntado en más de una ocasión a antiguos colaboradores de Nixon por qué este dimitió en lugar de dar la batalla.

Frente al relato del Estado profundo, los historiadores esgrimen un argumento difícil de rebatir: la voz del propio Nixon. Miles de horas grabadas por el sistema de escucha que él mismo instaló en el Despacho Oval y que se activaba con el sonido.

La más célebre es la del 23 de junio de 1972, seis días después del allanamiento: la «pistola humeante» en la que el presidente aprueba con su jefe de gabinete, H. R. Haldeman, que la CIA frene la investigación del FBI alegando razones de seguridad nacional. Cuando esa cinta se hizo pública, en agosto de 1974, Nixon perdió sus últimos apoyos en el Senado y dimitió antes de que el pleno de la Cámara votara los tres artículos de impeachment —obstrucción a la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso— que ya había aprobado el Comité Judicial.

Nick Akerman, fiscal especial adjunto del Watergate entre 1973 y 1976 a las órdenes de Cox y Jaworski, ha respondido en una tribuna en MS NOW con una inversión exacta de la tesis: no fue el Estado profundo el que derribó a Nixon; Nixon se derribó a sí mismo e intentó usar al Estado profundo para tapar sus delitos. Akerman recuerda la grabación en la que el presidente da su visto bueno a pagar un millón de dólares en sobornos para comprar el silencio de los ladrones, y afirma que, ante cualquier duda razonable, su oficina siempre se inclinó a favor del acusado. También señala lo que la teoría de Shepard omite, como la evasión fiscal del presidente, y que en sus archivos apenas aparece una referencia irrelevante al propio Shepard.

Timothy Naftali, historiador de Columbia y exdirector de la Biblioteca Nixon, ya había advertido tras las palabras de Vance que el vicepresidente, abogado y bien formado, debería saberlo mejor. En las cintas, recordó a The Washington Post, se oye a Nixon inducir al perjurio y ser informado de que había dinero para contratar a camioneros que rompieran huesos a manifestantes. Garrett Graff, autor de una de las obras de referencia sobre el escándalo, calificó la lectura de Vance de asombrosamente ahistórica y de comprensión inmadura de lo que fue y no fue el Watergate.

Hay en esta historia una ironía que ningún guionista se atrevería a firmar. La Oficina de Responsabilidad Profesional, el órgano llamado ahora a juzgar a los fiscales del Watergate, fue creada en 1975 precisamente como respuesta a los abusos y la mala conducta de altos cargos revelados por el Watergate. Nació para blindar al Departamento de Justicia frente a las presiones de la Casa Blanca. Medio siglo después, escucha durante dos horas la tesis de que el verdadero abuso fue el de quienes investigaron al presidente.

Lo que está en juego excede a Nixon. Si la investigación que lo obligó a dimitir puede rebautizarse como lawfare, cualquier investigación posterior a un presidente admite la misma etiqueta. Y la revisión coincide con el momento en que el departamento persigue a quienes investigaron a Trump —el exdirector del FBI James Comey ha sido procesado— y en que el Gobierno trata de desmontar otros límites al poder presidencial nacidos tras 1974, como las restricciones para destituir a inspectores generales y funcionarios de carrera.

Nadie sabe aún si la revisión preliminar se convertirá en algo más. Pero el mero hecho de que exista ya ha cumplido una función: trasladar a la sede de la justicia federal una pregunta que hasta hace poco sólo se formulaba en los márgenes. Durante cincuenta años, el Watergate fue la vara con la que se medía el abuso de poder. Ahora hay quien quiere que sirva para medir el abuso de los que lo persiguieron.