Informe
EE.UU. advierte de los obstáculos para invertir en España: burocracia, fragmentación normativa y lentitud judicial
El Departamento de Estado norteamericano reconoce el atractivo económico del país, pero recoge críticas sobre la imprevisibilidad regulatoria, la contratación pública y las dificultades para recuperar viviendas ocupadas. Las empresas estadounidenses aportaron casi un tercio de la inversión extranjera directa bruta recibida en 2025.
![[Img #31268]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/10_2026/2416_sergeitokmakov-trading-6531134_1280.jpg)
España crece, atrae capital extranjero y ofrece infraestructuras y oportunidades que la convierten en una plataforma relevante para las empresas estadounidenses. Pero detrás de esa fortaleza, Washington identifica obstáculos que pueden complicar una inversión desde su puesta en marcha hasta su liquidación: trámites prolongados, reglas distintas entre comunidades autónomas, cambios normativos difíciles de anticipar y procedimientos judiciales que se extienden durante años. El informe sobre el clima de inversión en España de 2026, titulado «2026 Spain Investment Climate Statement» y publicado en septiembre por el Departamento de Estado, ofrece un diagnóstico con dos caras: un país atractivo para hacer negocios y un entorno administrativo y regulatorio que, según el documento y las empresas consultadas, introduce costes e incertidumbre.
La relevancia de esa evaluación se entiende por el peso de quien la formula. Según las cifras españolas reproducidas en el informe, Estados Unidos fue el principal inversor extranjero en España en 2025, con 10.000 millones de euros de inversión directa bruta, sobre un total de 30.800 millones. Es decir, casi uno de cada tres euros de esos flujos procedió de capital estadounidense. El documento sitúa además en 117.000 millones de euros el stock de inversión directa de Estados Unidos en España en 2024, último ejercicio disponible en esa estadística. Son magnitudes distintas: los flujos brutos describen las operaciones registradas durante un año, sin descontar desinversiones, mientras el stock refleja la posición inversora acumulada.
El informe pertenece a la serie de evaluaciones del Departamento de Estado destinadas a orientar a inversores sobre las condiciones de cada mercado. Su enfoque responde, por tanto, a la perspectiva estadounidense y presta especial atención a los problemas comunicados por sus empresas. No es una sentencia judicial ni una clasificación que declare a España un destino inviable. De hecho, el resumen comienza destacando el crecimiento del 2,8 % en 2025 y el atractivo de su mercado interior, su posición entre el Atlántico y el Mediterráneo, la cualificación de su personal en sectores clave y unos costes energéticos relativamente bajos. También subraya sus puertos, sus telecomunicaciones y la mayor red de alta velocidad ferroviaria de Europa.
La crítica más transversal aparece al examinar la regulación. España combina normas europeas, estatales, autonómicas y locales, una estructura que puede obligar a las empresas de determinados sectores a conocer hasta 17 conjuntos diferentes de reglas territoriales. Washington considera que esa diversidad contribuye a una integración insuficiente del mercado interior. El problema descrito no es únicamente la cantidad de disposiciones, sino su aplicación desigual y las demoras en permisos y licencias. Para una compañía que pretende desplegar una actividad en varias regiones, esa fragmentación puede traducirse en trámites adicionales, calendarios distintos y dificultades para expandirse.
A esa complejidad se suma la previsibilidad. Aunque el documento reconoce que los proyectos normativos suelen someterse a consulta pública, recoge que las empresas se quejan regularmente de la dificultad para seguir los cambios regulatorios. Añade que el aumento, en los últimos años, del recurso a mecanismos de legislación de emergencia que no pasan por esos procesos de consulta puede dejar a algunas compañías sin preparación suficiente. La advertencia se extiende a los incentivos públicos: ciertos inversores comunican retrasos en la aplicación de beneficios fiscales y otras ayudas, así como modificaciones inesperadas de sus condiciones después de haber sido aprobadas.
La contratación pública recibe también una evaluación crítica. El Departamento de Estado sostiene que algunos procedimientos pueden carecer de transparencia o sufrir retrasos sin una justificación clara. Según su análisis, la prioridad concedida a las ofertas de menor coste limita la valoración de otros elementos, como la calidad, la fiabilidad o la experiencia previa. El informe añade que determinadas adjudicaciones favorables a competidores locales han suscitado dudas sobre la influencia de criterios que no figuraban expresamente en las condiciones de las licitaciones. Sin embargo, en ese pasaje no identifica expedientes ni empresas concretas: se trata de una valoración general del documento, no de la acreditación de irregularidades en contratos determinados.
La lentitud judicial constituye otro de sus ejes. Washington califica el sistema civil español de justo y accesible, pero advierte de que la carga de asuntos puede retrasar durante años la celebración de un juicio. Las apelaciones añaden incertidumbre sobre el momento en que una controversia quedará resuelta. En los litigios de grandes empresas o con cuantías importantes, esa dificultad favorece el recurso al arbitraje. La distinción es relevante: el documento reconoce las garantías del sistema y, al mismo tiempo, señala que la duración de sus procedimientos puede convertirse en un coste empresarial.
Las dificultades no afectan solo a quienes buscan entrar en el mercado. El informe recoge que algunas compañías estadounidenses han encontrado complicaciones al intentar desinvertir o cerrar sus operaciones, incluidas reclamaciones laborales por indemnizaciones superiores a los mínimos legales y denuncias penales contra sociedades, administradores y personas vinculadas. También menciona demandas que se han prolongado durante años después de procesos de insolvencia, incluso cuando el administrador concursal había considerado que la empresa actuó conforme a la legislación española. Son experiencias empresariales relatadas por el Departamento de Estado; el texto no proporciona los casos ni las resoluciones necesarias para evaluar individualmente cada conflicto.
Uno de los apartados más contundentes se refiere a la ocupación de viviendas. Tras reconocer que el ordenamiento y el Registro de la Propiedad ofrecen seguridad jurídica, el documento sostiene que la combinación de leyes, acumulación de asuntos y falta de personal judicial facilita que los ocupantes permanezcan durante años en inmuebles vacíos, con opciones limitadas para que los propietarios los recuperen. Recuerda la reforma procesal de 2018 y la protección de ocupantes vulnerables contemplada en la Ley de Vivienda de 2023. Como referencia estadística cita una duración media de 18 meses para resolver un desahucio en 2021. Ese dato es histórico: no representa una medición de los plazos de 2026 ni permite equiparar todos los desahucios con procedimientos por ocupación.
La controversia sobre las renovables añade una dimensión internacional. Según el informe, las reformas del sistema de retribución iniciadas en 2011 desencadenaron más de 50 reclamaciones arbitrales contra España, principalmente al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía, del que el país se retiró en 2024. El Departamento de Estado afirma que más de dos tercios de esas reclamaciones han dado lugar a laudos favorables a inversores, que intentan ejecutarlos en tribunales de distintos países. También recoge que España se ha resistido a esa ejecución, invocando, entre otros argumentos, la inmunidad del Estado y el cumplimiento del derecho de la Unión Europea. El documento no desglosa ahí los importes ni la situación procesal de cada laudo.
En la economía digital, Washington cuestiona determinadas actuaciones de competencia contra empresas estadounidenses. Sostiene que las autoridades españolas han interpretado ampliamente las disposiciones europeas y critica que algunas multas se calculen sobre magnitudes como los ingresos globales. Esa es la posición del Departamento de Estado: el informe no demuestra por sí mismo que las sanciones sean ilegales. El debate revela una tensión entre la supervisión regulatoria española y europea y los intereses de las compañías estadounidenses sometidas a ella.
El diagnóstico mantiene, pese a esas críticas, elementos favorables. El documento reconoce el acceso de las empresas extranjeras a financiación en condiciones de mercado, la capitalización de los bancos y la protección de la propiedad intelectual. También señala que, con excepciones sectoriales y controles de inversión, el marco español permite una propiedad extranjera de hasta el 100 %. Los datos que reproduce sobre autorizaciones de inversiones en 2024 muestran que el 90 % se aprobaron sin condiciones y el 9 % con medidas de mitigación; solo una autorización fue rechazada. El control previo existe, pero esas cifras no describen un cierre general del mercado.
Tampoco presenta la corrupción como una barrera habitual para las compañías de Estados Unidos. El informe afirma que estas rara vez la identifican como un obstáculo para invertir y reconoce los instrumentos españoles para perseguirla. Esa valoración convive con referencias a recomendaciones internacionales pendientes, entre ellas las recogidas por GRECO en un informe de 2023. En el ámbito laboral, Washington reconoce que la reforma de 2022 contribuyó a reducir la temporalidad, aunque recoge que algunos inversores perciben determinadas obligaciones y responsabilidades penales por infracciones laborales como límites a su capacidad de adaptación.
El resultado es una evaluación que vincula la capacidad de atraer inversiones con la calidad de las condiciones en las que deben operar. El capital estadounidense continúa encontrando oportunidades en España y ocupa una posición central en su inversión extranjera. Pero el informe advierte de que las ventajas del mercado, las infraestructuras y la energía no eliminan las dificultades de obtener un permiso, anticipar una norma, cobrar una ayuda o cerrar un litigio. Para los inversores, el atractivo económico y la previsibilidad institucional forman parte de una misma decisión.
El Departamento de Estado norteamericano reconoce el atractivo económico del país, pero recoge críticas sobre la imprevisibilidad regulatoria, la contratación pública y las dificultades para recuperar viviendas ocupadas. Las empresas estadounidenses aportaron casi un tercio de la inversión extranjera directa bruta recibida en 2025.
España crece, atrae capital extranjero y ofrece infraestructuras y oportunidades que la convierten en una plataforma relevante para las empresas estadounidenses. Pero detrás de esa fortaleza, Washington identifica obstáculos que pueden complicar una inversión desde su puesta en marcha hasta su liquidación: trámites prolongados, reglas distintas entre comunidades autónomas, cambios normativos difíciles de anticipar y procedimientos judiciales que se extienden durante años. El informe sobre el clima de inversión en España de 2026, titulado «2026 Spain Investment Climate Statement» y publicado en septiembre por el Departamento de Estado, ofrece un diagnóstico con dos caras: un país atractivo para hacer negocios y un entorno administrativo y regulatorio que, según el documento y las empresas consultadas, introduce costes e incertidumbre.
La relevancia de esa evaluación se entiende por el peso de quien la formula. Según las cifras españolas reproducidas en el informe, Estados Unidos fue el principal inversor extranjero en España en 2025, con 10.000 millones de euros de inversión directa bruta, sobre un total de 30.800 millones. Es decir, casi uno de cada tres euros de esos flujos procedió de capital estadounidense. El documento sitúa además en 117.000 millones de euros el stock de inversión directa de Estados Unidos en España en 2024, último ejercicio disponible en esa estadística. Son magnitudes distintas: los flujos brutos describen las operaciones registradas durante un año, sin descontar desinversiones, mientras el stock refleja la posición inversora acumulada.
El informe pertenece a la serie de evaluaciones del Departamento de Estado destinadas a orientar a inversores sobre las condiciones de cada mercado. Su enfoque responde, por tanto, a la perspectiva estadounidense y presta especial atención a los problemas comunicados por sus empresas. No es una sentencia judicial ni una clasificación que declare a España un destino inviable. De hecho, el resumen comienza destacando el crecimiento del 2,8 % en 2025 y el atractivo de su mercado interior, su posición entre el Atlántico y el Mediterráneo, la cualificación de su personal en sectores clave y unos costes energéticos relativamente bajos. También subraya sus puertos, sus telecomunicaciones y la mayor red de alta velocidad ferroviaria de Europa.
La crítica más transversal aparece al examinar la regulación. España combina normas europeas, estatales, autonómicas y locales, una estructura que puede obligar a las empresas de determinados sectores a conocer hasta 17 conjuntos diferentes de reglas territoriales. Washington considera que esa diversidad contribuye a una integración insuficiente del mercado interior. El problema descrito no es únicamente la cantidad de disposiciones, sino su aplicación desigual y las demoras en permisos y licencias. Para una compañía que pretende desplegar una actividad en varias regiones, esa fragmentación puede traducirse en trámites adicionales, calendarios distintos y dificultades para expandirse.
A esa complejidad se suma la previsibilidad. Aunque el documento reconoce que los proyectos normativos suelen someterse a consulta pública, recoge que las empresas se quejan regularmente de la dificultad para seguir los cambios regulatorios. Añade que el aumento, en los últimos años, del recurso a mecanismos de legislación de emergencia que no pasan por esos procesos de consulta puede dejar a algunas compañías sin preparación suficiente. La advertencia se extiende a los incentivos públicos: ciertos inversores comunican retrasos en la aplicación de beneficios fiscales y otras ayudas, así como modificaciones inesperadas de sus condiciones después de haber sido aprobadas.
La contratación pública recibe también una evaluación crítica. El Departamento de Estado sostiene que algunos procedimientos pueden carecer de transparencia o sufrir retrasos sin una justificación clara. Según su análisis, la prioridad concedida a las ofertas de menor coste limita la valoración de otros elementos, como la calidad, la fiabilidad o la experiencia previa. El informe añade que determinadas adjudicaciones favorables a competidores locales han suscitado dudas sobre la influencia de criterios que no figuraban expresamente en las condiciones de las licitaciones. Sin embargo, en ese pasaje no identifica expedientes ni empresas concretas: se trata de una valoración general del documento, no de la acreditación de irregularidades en contratos determinados.
La lentitud judicial constituye otro de sus ejes. Washington califica el sistema civil español de justo y accesible, pero advierte de que la carga de asuntos puede retrasar durante años la celebración de un juicio. Las apelaciones añaden incertidumbre sobre el momento en que una controversia quedará resuelta. En los litigios de grandes empresas o con cuantías importantes, esa dificultad favorece el recurso al arbitraje. La distinción es relevante: el documento reconoce las garantías del sistema y, al mismo tiempo, señala que la duración de sus procedimientos puede convertirse en un coste empresarial.
Las dificultades no afectan solo a quienes buscan entrar en el mercado. El informe recoge que algunas compañías estadounidenses han encontrado complicaciones al intentar desinvertir o cerrar sus operaciones, incluidas reclamaciones laborales por indemnizaciones superiores a los mínimos legales y denuncias penales contra sociedades, administradores y personas vinculadas. También menciona demandas que se han prolongado durante años después de procesos de insolvencia, incluso cuando el administrador concursal había considerado que la empresa actuó conforme a la legislación española. Son experiencias empresariales relatadas por el Departamento de Estado; el texto no proporciona los casos ni las resoluciones necesarias para evaluar individualmente cada conflicto.
Uno de los apartados más contundentes se refiere a la ocupación de viviendas. Tras reconocer que el ordenamiento y el Registro de la Propiedad ofrecen seguridad jurídica, el documento sostiene que la combinación de leyes, acumulación de asuntos y falta de personal judicial facilita que los ocupantes permanezcan durante años en inmuebles vacíos, con opciones limitadas para que los propietarios los recuperen. Recuerda la reforma procesal de 2018 y la protección de ocupantes vulnerables contemplada en la Ley de Vivienda de 2023. Como referencia estadística cita una duración media de 18 meses para resolver un desahucio en 2021. Ese dato es histórico: no representa una medición de los plazos de 2026 ni permite equiparar todos los desahucios con procedimientos por ocupación.
La controversia sobre las renovables añade una dimensión internacional. Según el informe, las reformas del sistema de retribución iniciadas en 2011 desencadenaron más de 50 reclamaciones arbitrales contra España, principalmente al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía, del que el país se retiró en 2024. El Departamento de Estado afirma que más de dos tercios de esas reclamaciones han dado lugar a laudos favorables a inversores, que intentan ejecutarlos en tribunales de distintos países. También recoge que España se ha resistido a esa ejecución, invocando, entre otros argumentos, la inmunidad del Estado y el cumplimiento del derecho de la Unión Europea. El documento no desglosa ahí los importes ni la situación procesal de cada laudo.
En la economía digital, Washington cuestiona determinadas actuaciones de competencia contra empresas estadounidenses. Sostiene que las autoridades españolas han interpretado ampliamente las disposiciones europeas y critica que algunas multas se calculen sobre magnitudes como los ingresos globales. Esa es la posición del Departamento de Estado: el informe no demuestra por sí mismo que las sanciones sean ilegales. El debate revela una tensión entre la supervisión regulatoria española y europea y los intereses de las compañías estadounidenses sometidas a ella.
El diagnóstico mantiene, pese a esas críticas, elementos favorables. El documento reconoce el acceso de las empresas extranjeras a financiación en condiciones de mercado, la capitalización de los bancos y la protección de la propiedad intelectual. También señala que, con excepciones sectoriales y controles de inversión, el marco español permite una propiedad extranjera de hasta el 100 %. Los datos que reproduce sobre autorizaciones de inversiones en 2024 muestran que el 90 % se aprobaron sin condiciones y el 9 % con medidas de mitigación; solo una autorización fue rechazada. El control previo existe, pero esas cifras no describen un cierre general del mercado.
Tampoco presenta la corrupción como una barrera habitual para las compañías de Estados Unidos. El informe afirma que estas rara vez la identifican como un obstáculo para invertir y reconoce los instrumentos españoles para perseguirla. Esa valoración convive con referencias a recomendaciones internacionales pendientes, entre ellas las recogidas por GRECO en un informe de 2023. En el ámbito laboral, Washington reconoce que la reforma de 2022 contribuyó a reducir la temporalidad, aunque recoge que algunos inversores perciben determinadas obligaciones y responsabilidades penales por infracciones laborales como límites a su capacidad de adaptación.
El resultado es una evaluación que vincula la capacidad de atraer inversiones con la calidad de las condiciones en las que deben operar. El capital estadounidense continúa encontrando oportunidades en España y ocupa una posición central en su inversión extranjera. Pero el informe advierte de que las ventajas del mercado, las infraestructuras y la energía no eliminan las dificultades de obtener un permiso, anticipar una norma, cobrar una ayuda o cerrar un litigio. Para los inversores, el atractivo económico y la previsibilidad institucional forman parte de una misma decisión.
