Pedro Sánchez, el peor presidente de la historia de España, no convoca elecciones: se las imponen. Llega a las urnas no porque haya culminado obra alguna, sino porque se le ha agotado la aritmética. El 29 de noviembre los españoles no elegirán solamente un Gobierno; decidirán si los años del sanchismo han sido un lamentable paréntesis o el boceto de un régimen totalitario bolivariano que busca instalarse permanentemente en España.

Pedro Sánchez ha convocado elecciones como ha gobernado: a la contra, por sorpresa y siempre en beneficio propio. No lo hace porque haya completado su programa ni porque haya descubierto, de repente, la soberanía de unos ciudadanos a los que ha gobernado de espaldas. Lo hace porque el pasado viernes el Congreso le tumbó los dos decretos de vivienda, con los votos de PP, Vox y Junts, y porque la suma imposible que lo mantenía en La Moncloa —socialistas, comunistas, golpistas catalanes y proetarras de Batasuna— ha dejado, simplemente, de sumar. El presidente que juró y perjuró que agotaría la legislatura hasta 2027 se rinde ante el calendario. No es un gesto de grandeza democrática. Es un parte de derrota redactado con la caligrafía de la propaganda.

Desde hoy, con la convocatoria ya en el Boletín Oficial del Estado, corren cincuenta y cuatro días. Y el tirano socialista ya ha escrito el guión: progreso frente a «ola ultraderechista». Es el mismo truco de siempre, la vieja coartada del «fango» y del «ruido», el conjuro con el que durante años se ha convertido cualquier crítica en extremismo, cualquier periodista incómodo en un agitador y cualquier auto judicial en una conspiración. Que no se equivoque nadie: el 29 de noviembre no se dirime una disputa entre izquierdas y derechas. Se decide algo más elemental. Si España tiene un Gobierno democrático o si España termina ocupada por un partido totalitario y un régimen tiránico.

Porque el balance de esta legislatura no se mide en titulares, sino en diligencias. Hemos visto a la Guardia Civil entrar en Ferraz, en la sede del partido que gobierna España, por orden de un magistrado de la Audiencia Nacional que describe la sospecha de una estructura dedicada presuntamente a influir en investigaciones, controlar daños y mover pagos opacos. Hemos visto imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, padre político y consejero áulico del actual presidente, en el caso Plus Ultra. Hemos visto caer, uno tras otro, a los hombres de máxima confianza de Sánchez: Ábalos, Koldo, Cerdán. Al impresentable de su Fiscal General. Y hemos visto a la esposa y al hermano del presidente comparecer ante el juez. La primera de ellas en espera de juicio. Todos ellos gozan de la presunción de inocencia, y así debe ser. Pero la responsabilidad política no espera a la sentencia firme. Ningún dirigente puede rodearse de tanta sospecha e indignidad durante tanto tiempo y seguir pidiendo, por muy duro que tenga el rostro (y Sánchez lo tiene de peidra), el voto de la decencia.

La corrupción, con todo, no es lo más grave. Lo más grave es el método. El sanchismo ha perfeccionado un totalitarismo amable, sin tanques en la calle ni censura explícita, que avanza a golpe de decreto-ley y de pacto de supervivencia. La amnistía a los golpistas catalanes, pagada como precio de una investidura. El control de RTVE, arrancado rebajando las mayorías necesarias para nombrar a su consejo. La presión constante sobre jueces, fiscales y medios, hasta el punto que desde el entorno del Gobierno socialista se ha contactado con elementos mafiosos para acabar con jueces incómodos. Los planes para que el Gobierno decida qué es «odio» en las redes sociales y quién puede hablar en ellas. Ninguna de estas piezas, por sí sola, derriba una democracia. Todas juntas dibujan el plano de una casa en la que un omnímodo poder socialista ya no tiene paredes que lo contengan.

Mientras tanto, el país real se ha ido desmoronando por debajo de la propaganda. La gestión de la pandemia, además de inconstitucional, fue la peor de todo Occidente; un apagón dejó a oscuras, por primera vez en la historia, a toda la península. Las riadas de la DANA desnudaron la incapacidad y el desinterés del Estado para proteger a sus ciudadanos. El accidente ferroviario de Adamuz, con decenas de muertos, llegó después de meses de advertencias de los propios trabajadores sobre el deterioro de las vías, mientras el grotesco ministro del ramo libraba su guerra personal en las redes sociales. No son desgracias aisladas. Son el retrato de un Gobierno que confunde gobernar con imponer retazos de su ideología totalitaria y gestionar la vida pública con agitar las más idiotas causas progresistas.

Y está, sobre todo, la pobreza, esa que no estalla pero se instala. Según Cáritas y la Fundación FOESSA, uno de cada cinco españoles vive en riesgo de pobreza, una cifra que el presunto crecimiento económico no ha conseguido mover. Los jóvenes trabajan y no se emancipan; la vivienda se ha convertido en una frontera social; la clase media paga cuando cobra, cuando compra, cuando ahorra, cuando hereda y cuando muere. Es la gran paradoja de la España socialista: un Estado formidable para recaudar, multar, regular y vigilar al ciudadano que cumple la ley, y sorprendentemente débil cuando debe protegerlo. Resulta casi poético que este Gobierno haya caído, precisamente, por la vivienda: el fracaso que más hondo ha calado en la vida de los españoles.

Ceuta es la imagen más descarnada de ese Estado ausente y enemigo de sus ciudanos. A finales de julio, decenas de miles de invasores, fundamenentalmente de origen marroquí, desbordaron su frontera en apenas unas horas; semanas después, cuatro militares resultaban heridos a pedradas en Benzú mientras cumplían una misión de vigilancia, tras días de advertencias sobre la falta de medios y de cobertura jurídica. La respuesta del Gobierno asquerosamente inmigracionista de Pedro Sánchez fue culpar a las mafias, a Rusia, a Elon Musk. Nunca a sí mismo. Desde el País Vasco conocemos bien esa forma intensa de abandono: la de un Estado que se arrastra con quienes todavía se niegan a condenar la historia de ETA mientras deja absolutamente solos y abandonados a quienes defienden la ley.

Los españoles tienen ahora cincuenta y cuatro días para recordar. Para recordar las promesas incumplidas, los insultos recibidos y las mentiras rebautizadas como «cambios de opinión». Para recordar que quien hoy agita el miedo “a la ultraderecha” es el mismo sinvergüenza que ha vendido a España a golpistas, extremaizquierdistas y proterroristas. Para recordar que un presidente que utiliza la convocatoria de elecciones para atacar a la oposición y para despreciar al Parlamento no es un político democrático sino un absoluto golpìsta criminal.

El 29 de noviembre no se vota a un candidato. Se vota si el poder vuelve a sentir temor ante la ley; si las instituciones vuelven a pertenecer a los ciudadanos y no al PSOE; si el Estado recuerda para qué existe. Pedro Sánchez ha pedido a los españoles que decidan. Por una vez, tiene razón. Que decidan. Y que lo hagan sabiendo que esta vez no está en juego una legislatura, sino la posibilidad misma de que España vuelva a ser una nación y una democracia en el sentido pleno de la palabra.