Tres años después de la matanza terrorista contra el pueblo judío perpetrada por Hamas, la solidaridad con las víctimas exige denunciar también a los muchos cómplices que, como Pedro Sánchez, convierten el terrorismo islamista en una causa de emancipación y la hostilidad hacia los judíos en una credencial progresista

El 7 de octubre de 2023, los terroristas de Hamás y otros grupos armados irrumpieron en comunidades del sur de Israel, asesinaron a familias en sus hogares, atacaron a jóvenes que participaban en un festival de música y secuestraron a personas a las que convirtieron en instrumentos de chantaje. Alrededor de 1.200 personas fueron asesinadas bruitalmente, entre ellas más de 800 civiles, y otras 251 fueron llevadas a Gaza como rehenes. Las víctimas fueron principalmente judíos israelíes, especialmente mujeres y niños, pero también ciudadanos beduinos y extranjeros. Tres años después, recordar aquella matanza exige preservar algo que sus autores y sus apologistas quisieran borrar: la responsabilidad de quienes decidieron ejecutarla. Ninguna reivindicación territorial, ningún agravio histórico y ninguna causa nacional convierten el asesinato deliberado de civiles en un acto de liberación.

Nuestra solidaridad con el pueblo judío es inequívoca. Con quienes perdieron a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos; con los supervivientes cuya vida quedó partida aquella mañana; con las familias de los secuestrados y con las comunidades judías que reconocieron en aquellas imágenes la persistencia de un odio que demasiados europeos creían definitivamente enterrado. Esa solidaridad no necesita autorización ideológica ni debe someterse al examen de quienes distribuyen la compasión según la identidad de la víctima. Un judío asesinado merece el mismo reconocimiento, la misma indignación y la misma exigencia de justicia que cualquier otro ser humano. Cuando resulta necesario recordar una evidencia tan elemental, el problema afecta también a nuestra propia sociedad.

La documentación disponible impide refugiarse en la cómoda ficción promovido por no pocos miserables de que todo fue una construcción propagandística israelí. La misión encabezada por Pramila Patten, representante especial de Naciones Unidas sobre violencia sexual en los conflictos, encontró motivos razonables para creer que durante los ataques se cometieron violaciones y violaciones colectivas en varios lugares. Amnistía Internacional concluyó posteriormente que Hamás y otros grupos armados habían cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos asesinato y tortura. Quien pretenda reducir aquella jornada a una operación militar o a una rebelión legítima tendrá que enfrentarse a estas investigaciones y a los testimonios de las víctimas.

A esa realidad se enfrenta una parte del activismo izquierdista occidental que ha hecho de la indulgencia hacia el islamismo una prueba de pertenencia política. El término islamoizquierdismo adquiere un significado concreto cuando describe esa convergencia: sectores de la izquierda que, en nombre del antiimperialismo, conceden legitimidad a movimientos autoritarios y teocráticos cuyo programa contradice las libertades que dicen defender. La denuncia se dirige a quienes justifican, celebran o encubren esa violencia, y debe formularse con precisión. Su contradicción es profunda: proclamar la igualdad de las mujeres mientras se buscan coartadas para sus agresores; invocar la libertad mientras se romantiza a organizaciones que la someten al mandato religioso; defender la dignidad humana mientras se rebaja a los secuestrados a simples piezas de negociación.

Esa quiebra moral comienza casi siempre en la utilización de un lenguaje falsario. El terrorista se convierte en «combatiente»; la matanza, en «respuesta»; el secuestro, en «captura»; la responsabilidad del asesino queda diluida en una explicación histórica que termina absolviéndolo. Comprender los antecedentes de un conflicto es una obligación intelectual. Utilizarlos para justificar el asesinato constituye una decisión política. Quien sostiene que la violencia contra civiles resulta comprensible cuando sirve a su causa está introduciendo una excepción en los derechos humanos: determinadas personas pueden ser sacrificadas porque su muerte encaja en el relato. Esa excepción destruye cualquier pretensión de superioridad moral.

La defensa de los derechos palestinos merece argumentos, propuestas y representantes que respeten la vida humana. Hamás debe responder por sus propios crímenes, y el presunto sufrimiento de los palestinos no le concede inmunidad. Del mismo modo, la solidaridad con el pueblo judío y el reconocimiento del derecho de Israel a proteger a su población y sus fronteras son compatibles con el examen riguroso de las decisiones de cualquier Gobierno israelí. Los civiles conservan sus derechos en toda circunstancia. Precisamente por eso resulta inadmisible utilizar el dolor de Gaza para cancelar la memoria del 7 de octubre, como si las víctimas de una tragedia pudieran ser empleadas para absolver a los responsables de otra.

La crítica política se convierte en antisemitismo cuando atribuye a los judíos, colectivamente, las decisiones de un Estado; cuando exige a una persona que renuncie a parte de su identidad para ser aceptada; cuando una sinagoga, una escuela o un comercio judío pasan a considerarse blancos legítimos de la protesta violenta. Ningún ciudadano judío debe responder ante un tribunal callejero por lo que sucede en Oriente Próximo. Ninguna comunidad tiene que demostrar su inocencia para ejercer su libertad religiosa. Las instituciones occidentales están obligadas a garantizar esa seguridad y esa igualdad, también cuando hacerlo incomoda a sectores izquierdistas políticamente influyentes.

Europa debería reconocer con especial claridad el peligro de las coartadas. Su reciente historia contiene demasiados ejemplos de cómo la hostilidad hacia los judíos encontró vocabularios respetables, explicaciones sofisticadas y cómplices convencidos de que servían a una causa superior. El recuerdo del Holocausto pierde su sentido cuando se conserva como ceremonia y se abandona como advertencia. La responsabilidad actual consiste en identificar el antisemitismo cuando aparece, perseguir sus manifestaciones delictivas y rechazar su legitimación política, cualquiera que sea la bandera bajo la que se presente.

Este 7 de octubre, La Tribuna del País Vasco expresa su apoyo al pueblo judío y su condena de los terroristas que perpetraron la matanza. Denuncia también a quienes los justifican, a quienes trivializan sus crímenes y a quienes pretenden convertir la memoria de las víctimas en una provocación. Los asesinados merecen verdad; los supervivientes, reconocimiento; sus familias, justicia. Tres años después, sigue siendo necesario afirmar que ninguna causa autoriza a entrar en una casa para matar a quienes viven en ella. Y que quienes buscan excusas para hacerlo son unos miuserables que deben responder públicamente por esas excusas.