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Viernes, 09 de Octubre de 2026 Tiempo de lectura:

Estados Unidos sanciona al Tribunal Penal Internacional (TPI) y Rusia reclama la extradición de nueve de sus miembros

Washington extiende sus medidas al propio tribunal, mientras Moscú pide detener a su presidenta, Tomoko Akane, y a otros ocho responsables actuales y anteriores de la corte

 

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El Tribunal Penal Internacional (TPI) afronta este viernes dos nuevas actuaciones contra la institución y sus integrantes: Estados Unidos ha anunciado sanciones contra el propio organismo y Rusia ha solicitado a Países Bajos y otros países la detención y extradición de nueve de sus responsables actuales y anteriores, incluida su presidenta, Tomoko Akane.

 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense ha comunicado las sanciones sin detallar sus motivos y ha expedido cuatro licencias que permiten mantener determinadas actividades. Hasta el 7 de abril de 2027 quedan autorizadas operaciones necesarias para la continuidad del tribunal, entre ellas las aportaciones de los Estados parte, los salarios, la asistencia sanitaria y los pagos de alquileres, suministros, impuestos y servicios habituales.

 

Las excepciones también abarcan pensiones, telecomunicaciones y programas informáticos empresariales, además de servicios para el bienestar de los detenidos y el funcionamiento de las instalaciones que los albergan. Washington ya había sancionado a Akane en agosto y a otros jueces y fiscales por las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra en Gaza. La Administración Trump acusa al tribunal de actuar con criterios políticos y de exceder sus competencias.

 

Por su parte, la Fiscalía rusa reclama la extradición de nueve integrantes y antiguos miembros del TPI, condenados en rebeldía en diciembre de 2025. Además de Akane, figuran el exfiscal del tribunal, el expresidente Piotr Hofmanski, los vicepresidentes Rosario Salvatore Aitala y Reine Alapini-Gansou, los jueces Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Sergio Gerardo Ugalde Godínez y Haikel Ben Mahfoud, y el antiguo magistrado Bertram Schmitt.

 

Las actuaciones rusas comenzaron después de que el TPI dictara órdenes de arresto contra el presidente Vladímir Putin y la comisaria para los Derechos de la Infancia, María Lvova-Belova, por presuntos crímenes de guerra relacionados con la deportación forzada de niños ucranianos desde territorios ocupados.

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