En España, el 46 por ciento de los ciudadanos vive del sector público, ya sea en forma de empleo en la Administración, pensiones o subsidios. Como se ve, es uno de los porcentajes más elevados entre los países de Occidente, y además al alza. Es pues muy importante lo que el Estado puede hacer en aumentar o no las prestaciones de los españoles.

Ahora estamos en un período en el que, sin haber comenzado la campaña electoral, las elecciones ocupan todo el afán de los contribuyentes, con lo que así todo lo que haga relación a ellas pasa a un primer plano. Sucede con las aportaciones a las pensiones y al salario mínimo interprofesional, que si las fechas no se tuercen, su actualización tendrá lugar en plena campaña.

 Se trata de una manera de influir en el voto de los ciudadanos para que, agradecidos a papá Estado, den su voto al Gobierno de turno que ha tenido a bien aumentar sus percepciones.

En el fondo es una falacia como una casa, ya que el dinero no es un regalo de la Administración, sino que procede de las arcas públicas, a falta de Presupuestos Generales del Estado, obtenido aquél por la creciente y constante presión fiscal. Y allá donde no lleguen los impuestos por una deuda pública que es cualquier cosa menos gratis.

Digo que es una falsedad porque el dinero sale de los propios bolsillos de sus beneficiarios y, si no sale hoy, como en el caso de la deuda, será mañana, en unas cantidades que no dejan de subir incesantemente.

O sea, que no hay dádiva alguna de Pedro Sánchez, sino que es un truco contable para que parezca un regalo lo que no que no supone más que un trasvase de fondos de uno a otro bolsillo del propio interesado. Es una trampa contable más para que los socialistas obtengan más escaños, como la interpretación de la ley de nietos que acaba de tumbar el Tribunal Supremo y que no consistía en otra cosa que alterar el censo electoral.