Javier Espinosa Martínez. Para describir la situación que atraviesa España en los últimos años, acentuada peligrosamente con la reciente invasión de Ceuta, cuesta encontrar un calificativo que la defina con exactitud. ¿Preocupante? ¿Caótica? ¿Convulsa? ¿Descompuesta?

Estamos en manos de un Gobierno errático, impredecible, que usa la mentira como arma política, cuya legitimidad es más que dudosa, llegado al poder sin haber ganado las elecciones, de manera torticera, apoyado por partidos cuyo objetivo es la desaparición de España como nación.

Un Gobierno que ha intervenido y que, a día de hoy, prácticamente controla todas las instituciones del Estado en beneficio propio, llegando incluso a «domesticar» al Tribunal Constitucional y manejarlo a su antojo.

Un Gobierno que, ante situaciones catastróficas, vividas por muchas personas, elude sus responsabilidades, tratando siempre de inculpar a otros, y que, además, impide que se las asista, o las asiste de mala manera. Tragedias, algunas de ellas, provocadas por su ineficacia, que cabría calificar de negligencia.

Un Gobierno que incumple sistemáticamente la legislación o la adapta, de forma autoritaria, a sus propios intereses. No podemos olvidar que, durante toda la legislatura, no se han presentado presupuestos y se ha gobernado a golpe de decretos, negociando los votos necesarios para aprobarlos a cambio de concesiones cuyo coste hemos tenido que asumir todos los españoles: con humillaciones y con nuestro dinero

A título de ejemplo de cómo hemos sido gobernados, baste observar lo sucedido estos días con el “Caso de Maricarmen”—utilizado para manipular—. Se nos presenta la historia de una mujer de avanzada edad desahuciada de su vivienda por un supuesto “fondo buitre”, como si estuviéramos ante el ejemplo paradigmático de un propietario sin escrúpulos que, indiferente a las circunstancias personales de una anciana, la arroja de su casa. Se construye así un relato sencillo, emocional y políticamente rentable: una víctima, unos culpables y unos supuestos defensores de la justicia.

Con este relato construido, una vez tomadas las calles por estos “defensores de causas justas”, se presentan unos decretos-ley al Congreso con la intención de resolver el problema —o quizá no—, que el mismo Gobierno ha creado. Afortunadamente han sido rechazados.

Este esperpento se ha utilizado para la convocatoria de elecciones, supongo que con la intención de aprovechar el ruido de la calle en beneficio de la campaña electoral del propio presidente ¿cómo hemos podido llegar a tal situación sin que los mecanismos de nuestro sistema democrático lo hayan evitado?.

En mi opinión, son varias las causas. Por un lado, una “Transición” quizás no tan modélica como se nos trató de vender, que dio lugar a la "Constitución del 78", en cuyas entrañas se colocaron algunas cargas de profundidad que con el tiempo han ido estallando.

Es verdad que la Constitución fue aprobada por casi el 90% de los españoles con derecho a voto, pero no es menos cierto que la mayoría de quienes la votamos no éramos muy conscientes de lo que estábamos votando: no podíamos imaginarnos sus consecuencias pasados los años. ¡Era tanta la ilusión por estrenar una democracia!

Hoy vemos cómo la Constitución no siempre es respetada por quienes ocupan las más altas responsabilidades de nuestra sociedad, sin que ello parezca tener consecuencias. Al mismo tiempo, asistimos a interpretaciones diferentes de sus principios y preceptos dependiendo del momento y, en ocasiones, de los intereses políticos en juego. Como consecuencia de todo ello, el prestigio de la Carta Magna se ha deteriorado hasta tal punto que cabe preguntarse si sigue cumpliendo eficazmente su función de constituir un marco común para regular nuestra convivencia.

Otro factor importante que ha propiciado nuestra decadencia como nación ha sido la propia clase política que, mucho más preocupada por su propio beneficio —político, económico, de prestigio, etc.— que, por el bien común, no ha dudado en ningún momento en utilizar el poder que los ciudadanos le hemos delegado en beneficio propio. Una clase política que, desde los primeros años de la democracia, no ha dejado de corromperse, hasta llegar a nuestros días a niveles difíciles de imaginar.

Pero quizá lo más preocupante haya sido que la voluntad de los ciudadanos apenas haya sido tenida en cuenta a la hora de aprobar leyes de enorme trascendencia social y moral —como las relativas al divorcio, el aborto, la eutanasia o las cuestiones de género—, leyes que, a nuestro juicio, han contribuido a erosionar algunas de las raíces sobre las que se ha asentado nuestra civilización.

Finalmente, creo que una gran parte de la responsabilidad de todo lo que ha pasado, y está pasando, la tenemos nosotros, los ciudadanos de “a pie”.

Quienes nos manipulan lo hacen por interés propio: los políticos, los medios de comunicación, las grandes corporaciones… Pero nosotros, los que nos hemos dejado manipular, ¿no lo habremos hecho también por comodidad, por egoísmo, por desinterés? ¿No habremos preferido que otros piensen por nosotros y nos resuelvan los problemas, mientras nosotros hemos mirado a otro lado?

Porque, en definitiva, una sociedad no se deja manipular únicamente porque existan quienes quieran manipularla. Se deja manipular cuando renuncia a pensar por sí misma, a exigir responsabilidades y a defender aquello que considera justo.

Quizá la pregunta que deberíamos hacernos antes de buscar culpables sea: ¿Cuánto de lo que nos está pasando es responsabilidad de quienes nos engañan y cuánto de nuestra propia comodidad al dejarnos engañar?

El 29 de noviembre vamos a tener elecciones, probablemente unas de las más trascendentales de nuestra historia democrática. Seamos responsables, nos estamos jugando nuestra propia libertad.

(*) Javier Espinosa Martínez es colaborador de Enraizados