Un informe remitido a la Audiencia Nacional afirma que Rabat estaba al corriente de las convocatorias que calentaban la invasión y que priorizó la seguridad de la Fiesta del Trono. El documento atribuye a esa pasividad parte del colapso

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) considera que las autoridades marroquíes sabían, días antes de la crisis, que se preparaba una entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta y que su respuesta fue insuficiente cuando comenzó a producirse. En un informe de más de veinte páginas remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, el organismo sostiene que la “pasividad” de las fuerzas marroquíes contribuyó al “desbordamiento” de la situación durante los días 30 y 31 de julio.

La conclusión central del documento, adelantado por Europa Press, es que Marruecos conocía la existencia de convocatorias en redes sociales que animaban a cruzar a Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono. El CNI afirma que, pese a ese conocimiento y a un refuerzo inicial de los controles, las autoridades marroquíes no reaccionaron con suficiente contundencia cuando aumentó el número de personas que se dirigían hacia la frontera. Según el informe, Rabat optó por priorizar la seguridad de las celebraciones en la localidad de Rincón, donde se encontraba el rey Mohamed VI.

La valoración del servicio de inteligencia no equivale, sin embargo, a afirmar que Marruecos planificara u organizara la entrada. La distinción será relevante en la investigación judicial: conocer una convocatoria y no contenerla puede apuntar a negligencia, pasividad o una decisión política, pero no demuestra por sí solo que el Estado marroquí la organizara.

La invasión se produjo principalmente los días 30 y 31 de julio, por mar y por tierra. El Gobierno extremaizquierdista de Pedro Sánchez ha situado el balance en torno a las 70.000 personas; en agosto, fuentes gubernamentales mantuvieron la cifra de 72.000, mientras que otras declaraciones públicas llegaron a hablar de 80.000. La magnitud exacta, por tanto, ha variado según el momento y la fuente, aunque todas describen un movimiento de población excepcional para la ciudad.

La tragedia humana también dejó cifras dispares en los primeros días. El Gobierno de Ceuta llegó a contabilizar 88 fallecidos en las inmediaciones de la frontera, mientras la Delegación del Gobierno ofrecía un balance inferior. La organización Caminando Fronteras elevó posteriormente a 141 el número de muertos a ambos lados de la frontera, 63 de ellos en Marruecos, a partir de información recopilada sobre el terreno y con las familias. El informe del CNI, según la información publicada, habla de al menos 140 víctimas mortales.

El nuevo informe amplía lo que ya se conocía por los documentos que el Gobierno desclasificó en septiembre. La documentación pública recoge que, el 29 de julio, el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil de llamamientos en Facebook y WhatsApp para intentar entrar al día siguiente. En uno de los mensajes, el servicio de inteligencia indicaba que dos grupos sumaban unos 180.000 seguidores. También trasladó una alerta urgente a los servicios de inteligencia marroquíes DGST y DGED.

La advertencia hablaba de posibles cruces a nado y saltos a la valla durante la Fiesta del Trono, cuando, según los mensajes difundidos, las fuerzas de seguridad marroquíes podían estar ocupadas en otros cometidos. El CNI ha sostenido, no obstante, que no anticipó la magnitud ni la naturaleza de lo que sucedió el 30 de julio: las convocatorias constituían una señal de riesgo, pero no permitían prever una entrada de decenas de miles de personas.

Los documentos desclasificados muestran que la preocupación por el aumento de los cruces venía de días antes. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía advirtió de un riesgo muy alto de entradas a nado, y la Guardia Civil registró centenares de intentos y de personas interceptadas por ambos lados de la frontera. La secuencia permite reconstruir que había señales previas, aunque las autoridades españolas no dispusieran de una estimación precisa del alcance final de la crisis.

De acuerdo con el informe remitido a la jueza, Marruecos había reforzado inicialmente su dispositivo e interceptado a personas que intentaban llegar a Ceuta a nado. La respuesta habría cambiado cuando la afluencia aumentó de forma abrupta: el CNI describe entonces un despliegue insuficiente y una actitud pasiva que dejó avanzar a los grupos hacia la ciudad. Añade que las medidas más contundentes —detenciones, traslados al interior y medios disuasorios— llegaron una vez alcanzado el pico de entradas.

La crisis tuvo, además, una dimensión diplomática. En julio, Pedro Sánchez atribuyó la avalancha a una interpretación difundida por redes sociales y por las mafias sobre una sentencia del Tribunal Supremo relativa a las devoluciones de quienes alcanzan España a nado. El 3 de septiembre afirmó que el Gobierno no tenía entonces evidencias sólidas de que Marruecos hubiera planificado o ejecutado la entrada, aunque aseguró que las instituciones españolas seguían investigando.

La versión marroquí, recogida por Reuters en agosto, apuntó a que España debía haber previsto el efecto de la sentencia sobre las devoluciones y negó que Rabat hubiera relajado los controles fronterizos. Un alto cargo marroquí sostuvo que las redes de tráfico habían aprovechado el cambio jurídico y pidió recuperar la cooperación migratoria. Esa explicación coincide parcialmente con el análisis español sobre el papel de la sentencia y de las redes, pero difiere en la interpretación de la actuación de las fuerzas marroquíes.

La Audiencia Nacional investiga si la entrada pudo formar parte de una conducta delictiva cometida desde el extranjero y con efectos sobre la integridad territorial española. Al asumir la causa, la jueza María Tardón aludió a indicios de una “gestión favorecedora” desde Marruecos y a un posible “guiado activo” por parte de agentes marroquíes, a partir de informes policiales. 

Otros documentos conocidos ofrecen matices sobre la hipótesis de una acción deliberada. La Guardia Civil situó entre las explicaciones posibles el desbordamiento y la sorpresa operativa, y consideró menos probable la connivencia de las autoridades marroquíes. El CIFAS, por su parte, estimó probable una conducta negligente o pasiva, aunque no concluyó que Marruecos hubiera favorecido activamente la oleada. En ese marco, el nuevo informe del CNI refuerza la tesis de que Rabat conocía el riesgo y actuó tarde, pero no zanja si esa conducta fue fruto de una decisión política, de una prioridad de seguridad interna o de una pérdida de control.

La investigación tendrá que esclarecer también cómo se organizaron los desplazamientos, qué papel tuvieron las redes sociales y las mafias, qué información recibieron los responsables españoles y cuándo, y si hubo participación directa de funcionarios o agentes marroquíes. Por ahora, el informe del CNI aporta una conclusión significativa sobre el conocimiento previo y la respuesta de Rabat; no constituye, por sí solo, una prueba definitiva de que Marruecos diseñara la operación.