¿Francia, un Estado fallido?
La jornada del 17 de octubre dejó ayuntamientos devastados, comercios saqueados, periodistas intimidados y cientos de policías heridos. La respuesta del Estado no puede limitarse a prometer detenciones: debe garantizar que la ley vuelva a regir en todas las calles y que la violencia no obtenga recompensa política
A las siete de la mañana, cuando la gran manifestación nacional aún no había comenzado, un centenar de encapuchados bloqueó la entrada a la sede parisina de CNews, Europe 1 y el Journal du Dimanche. Lanzaron objetos, rompieron cristales y obligaron a intervenir a la Policía. Veintiuna personas fueron detenidas. Horas después, en la plaza de la République, las piedras, los morteros y las barreras metálicas volaban contra los agentes antes de que arrancara el cortejo. La jornada terminó con escaparates rotos, comercios vaciados y edificios públicos en llamas. No fue una tarde que se torció de pronto: la violencia se presentó antes que la protesta y se extendió después por ciudades enteras.
Francia despertó al día siguiente con un balance aún más grave que el anunciado durante la noche. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, elevó a 1.800 las personas detenidas y cifró en más de 500 los policías, gendarmes y bomberos heridos. La capital registró 855 detenciones, un récord según la Prefectura de Policía. En Limoges, el incendio de la casa consistorial destruyó buena parte del edificio y derribó su campanario. En Marsella, un grupo forzó la entrada del ayuntamiento y derribó una estatua de Marianne; en Lyon ardió la oficina de turismo y en Burdeos fue saqueada la residencia de la prefecta. Las cifras oficiales seguían siendo provisionales, pero el daño ya era visible: la violencia había alcanzado a las instituciones, a los servidores públicos, a los periodistas y a quienes solo intentaban abrir sus negocios o regresar a casa.
Conviene decirlo sin rodeos: nada de esto queda justificado por una protesta contra la carestía, las condiciones de la enseñanza o la pérdida de poder adquisitivo. Esas reclamaciones merecen ser escuchadas y discutidas. Según el Gobierno, 550.000 personas participaron en las movilizaciones; los organizadores elevaron la cifra a 800.000. No se puede atribuir a todos esos manifestantes lo que hicieron los grupos que atacaron, incendiaron y saquearon. Pero tampoco se puede aceptar que la multitudinaria protesta sirva de cobertura moral a la islamoizquierda que convierte el descontento en una licencia para agredir y destruir. La libertad de manifestación es un derecho; el saqueo, la intimidación y el ataque a las instituciones son delitos que el Gobierno de Enmanuel Macron no quiere o no puede castigar.
El Estado que no quiere ser fallido tiene una primera obligación: proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley. Las imágenes de agentes aislados frente a grupos numerosos, móviles y dispuestos a enfrentarse a ellos plantean preguntas que el Gobierno no puede despachar con una condena genérica. Los alcaldes de París, Lyon y Marsella han pedido explicaciones sobre la organización del dispositivo y los medios policiales desplegados en sus ciudades. Tienen derecho a exigirlas. Investigar los fallos de previsión y de coordinación no debilita a la Policía: permite saber por qué hubo calles donde los saqueadores actuaron durante horas y evitar que vuelva a suceder.
La segunda obligación del Estado es no confundir firmeza con teatro. Anunciar detenciones resulta necesario, pero no basta. El Gobierno debe esclarecer quién organizó los ataques, identificar a los responsables y garantizar que las causas judiciales lleguen hasta el final. La acción policial no puede convertirse en un gesto tardío para las cámaras después de que los ciudadanos hayan sido aterrorizados, los comercios destrozados y los ayuntamientos incendiados. La seguridad se mide antes de la destrucción: en la capacidad de impedir que grupos violentos de islamistas y de extremaizquierdistas conviertan las calles en territorio propio.
La responsabilidad política tampoco desaparece detrás de las capuchas. Los partidos de izquierda que aspiran a gobernar tienen que decir con absoluta claridad que no hay coartada revolucionaria para atacar a policías, intimidar a periodistas o saquear negocios. Las palabras no son órdenes operativas ni prueban por sí mismas la autoría de un delito. Pero un movimiento político que pretende representar la protesta social no puede condenar los destrozos con una frase y atribuir después, sin pruebas, todo el caos a la actuación policial. Jean-Luc Mélenchon pidió a sus seguidores que no participaran en saqueos; también responsabilizó de los disturbios a la gestión del orden público. Esa crítica puede debatirse. Lo que no puede hacer es borrar a quienes eligieron agredir y destruir.
La misma claridad se exige a quienes gobiernan. Culpar a la extrema izquierda, como ha hecho el Ejecutivo, no sustituye la investigación ni responde a la pregunta de cómo pudieron extenderse los ataques por tantas ciudades. Los hechos deben atribuirse a sus autores concretos; las responsabilidades políticas, a quienes las tengan. En medio de esa disputa, las víctimas de los destrozos no pueden quedar reducidas a decorado de una batalla electoral que ya está en marcha.
Hay una frontera que Francia no puede dejar desdibujarse. La policía no es un enemigo colectivo al que se pueda atacar impunemente. Una redacción no debe ser castigada por informar. Un ayuntamiento no pertenece a quienes logran entrar en él a golpes: pertenece a los vecinos que lo sostienen y lo utilizan. Y un comercio saqueado no es una abstracción económica, sino el trabajo y el sustento de personas concretas. Cuando la intimidación y la fuerza ocupan el lugar de la discusión pública, la protesta deja de ser un instrumento de participación y se convierte en una amenaza para todos.
El Estado francés tiene que responder con justicia y firmeza; con autoridad, no con propaganda. Debe preservar el orden público y perseguir a quienes cometieron delitos, sin excepciones ideológicas. También debe explicar sus errores. Una República que solo aparece para contar detenidos, mientras sus instituciones arden y sus ciudadanos buscan refugio, ha llegado tarde a todo.
La Francia del 17 de octubre quedó marcada por el humo de los incendios y por el vacío que dejaron los comercios saqueados. Pero la pregunta decisiva no es qué eslogan ganó la batalla de esa jornada. Es si el Estado será capaz de impedir que quienes imponen el terror y el miedo vuelvan a decidir quién puede trabajar, informar, manifestarse o caminar por una calle francesa.
La jornada del 17 de octubre dejó ayuntamientos devastados, comercios saqueados, periodistas intimidados y cientos de policías heridos. La respuesta del Estado no puede limitarse a prometer detenciones: debe garantizar que la ley vuelva a regir en todas las calles y que la violencia no obtenga recompensa política
A las siete de la mañana, cuando la gran manifestación nacional aún no había comenzado, un centenar de encapuchados bloqueó la entrada a la sede parisina de CNews, Europe 1 y el Journal du Dimanche. Lanzaron objetos, rompieron cristales y obligaron a intervenir a la Policía. Veintiuna personas fueron detenidas. Horas después, en la plaza de la République, las piedras, los morteros y las barreras metálicas volaban contra los agentes antes de que arrancara el cortejo. La jornada terminó con escaparates rotos, comercios vaciados y edificios públicos en llamas. No fue una tarde que se torció de pronto: la violencia se presentó antes que la protesta y se extendió después por ciudades enteras.
Francia despertó al día siguiente con un balance aún más grave que el anunciado durante la noche. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, elevó a 1.800 las personas detenidas y cifró en más de 500 los policías, gendarmes y bomberos heridos. La capital registró 855 detenciones, un récord según la Prefectura de Policía. En Limoges, el incendio de la casa consistorial destruyó buena parte del edificio y derribó su campanario. En Marsella, un grupo forzó la entrada del ayuntamiento y derribó una estatua de Marianne; en Lyon ardió la oficina de turismo y en Burdeos fue saqueada la residencia de la prefecta. Las cifras oficiales seguían siendo provisionales, pero el daño ya era visible: la violencia había alcanzado a las instituciones, a los servidores públicos, a los periodistas y a quienes solo intentaban abrir sus negocios o regresar a casa.
Conviene decirlo sin rodeos: nada de esto queda justificado por una protesta contra la carestía, las condiciones de la enseñanza o la pérdida de poder adquisitivo. Esas reclamaciones merecen ser escuchadas y discutidas. Según el Gobierno, 550.000 personas participaron en las movilizaciones; los organizadores elevaron la cifra a 800.000. No se puede atribuir a todos esos manifestantes lo que hicieron los grupos que atacaron, incendiaron y saquearon. Pero tampoco se puede aceptar que la multitudinaria protesta sirva de cobertura moral a la islamoizquierda que convierte el descontento en una licencia para agredir y destruir. La libertad de manifestación es un derecho; el saqueo, la intimidación y el ataque a las instituciones son delitos que el Gobierno de Enmanuel Macron no quiere o no puede castigar.
El Estado que no quiere ser fallido tiene una primera obligación: proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley. Las imágenes de agentes aislados frente a grupos numerosos, móviles y dispuestos a enfrentarse a ellos plantean preguntas que el Gobierno no puede despachar con una condena genérica. Los alcaldes de París, Lyon y Marsella han pedido explicaciones sobre la organización del dispositivo y los medios policiales desplegados en sus ciudades. Tienen derecho a exigirlas. Investigar los fallos de previsión y de coordinación no debilita a la Policía: permite saber por qué hubo calles donde los saqueadores actuaron durante horas y evitar que vuelva a suceder.
La segunda obligación del Estado es no confundir firmeza con teatro. Anunciar detenciones resulta necesario, pero no basta. El Gobierno debe esclarecer quién organizó los ataques, identificar a los responsables y garantizar que las causas judiciales lleguen hasta el final. La acción policial no puede convertirse en un gesto tardío para las cámaras después de que los ciudadanos hayan sido aterrorizados, los comercios destrozados y los ayuntamientos incendiados. La seguridad se mide antes de la destrucción: en la capacidad de impedir que grupos violentos de islamistas y de extremaizquierdistas conviertan las calles en territorio propio.
La responsabilidad política tampoco desaparece detrás de las capuchas. Los partidos de izquierda que aspiran a gobernar tienen que decir con absoluta claridad que no hay coartada revolucionaria para atacar a policías, intimidar a periodistas o saquear negocios. Las palabras no son órdenes operativas ni prueban por sí mismas la autoría de un delito. Pero un movimiento político que pretende representar la protesta social no puede condenar los destrozos con una frase y atribuir después, sin pruebas, todo el caos a la actuación policial. Jean-Luc Mélenchon pidió a sus seguidores que no participaran en saqueos; también responsabilizó de los disturbios a la gestión del orden público. Esa crítica puede debatirse. Lo que no puede hacer es borrar a quienes eligieron agredir y destruir.
La misma claridad se exige a quienes gobiernan. Culpar a la extrema izquierda, como ha hecho el Ejecutivo, no sustituye la investigación ni responde a la pregunta de cómo pudieron extenderse los ataques por tantas ciudades. Los hechos deben atribuirse a sus autores concretos; las responsabilidades políticas, a quienes las tengan. En medio de esa disputa, las víctimas de los destrozos no pueden quedar reducidas a decorado de una batalla electoral que ya está en marcha.
Hay una frontera que Francia no puede dejar desdibujarse. La policía no es un enemigo colectivo al que se pueda atacar impunemente. Una redacción no debe ser castigada por informar. Un ayuntamiento no pertenece a quienes logran entrar en él a golpes: pertenece a los vecinos que lo sostienen y lo utilizan. Y un comercio saqueado no es una abstracción económica, sino el trabajo y el sustento de personas concretas. Cuando la intimidación y la fuerza ocupan el lugar de la discusión pública, la protesta deja de ser un instrumento de participación y se convierte en una amenaza para todos.
El Estado francés tiene que responder con justicia y firmeza; con autoridad, no con propaganda. Debe preservar el orden público y perseguir a quienes cometieron delitos, sin excepciones ideológicas. También debe explicar sus errores. Una República que solo aparece para contar detenidos, mientras sus instituciones arden y sus ciudadanos buscan refugio, ha llegado tarde a todo.
La Francia del 17 de octubre quedó marcada por el humo de los incendios y por el vacío que dejaron los comercios saqueados. Pero la pregunta decisiva no es qué eslogan ganó la batalla de esa jornada. Es si el Estado será capaz de impedir que quienes imponen el terror y el miedo vuelvan a decidir quién puede trabajar, informar, manifestarse o caminar por una calle francesa.
