Las víctimas reunidas en torno al CEU entregan a Feijóo y Abascal un informe con quince medidas para «cerrar» definitivamente el legado perverso de ETA. Piden un macrojuicio inspirado en Núremberg, reabrir 376 asesinatos sin culpable y estudiar la ilegalización de Bildu. En sus anexos, el estudio incluye una ley completa: declarar todos los crímenes de ETA de lesa humanidad, crear un fiscal especial y multar con hasta 150.000 euros los homenajes a terroristas

 

 

Hay documentos que se escriben para ser leídos y documentos que se escriben para ser tenidos en cuenta. La derrota del terrorismo de ETA. Propuestas para un compromiso político posible pertenece a la segunda especie. No aspira a la estantería de las bibliotecas, sino a la mesa del Consejo de Ministros.

 

Este lunes 19 de octubre, el Observatorio de Víctimas del Terrorismo de CEU-CEFAS lo hizo llegar, junto a un grupo de víctimas y asociaciones, a dos destinatarios con nombre y apellidos: Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El calendario no es inocente. Faltan cuarenta y una jornadas para las generales del 29 de noviembre.

 

El texto ocupa medio centenar de páginas. Las dieciséis primeras contienen el diagnóstico y las quince medidas propuestas; el resto son cuatro anexos jurídicos y educativos. Sus autores aún no lo han presentado en público: el propio documento anuncia que lo darán a conocer «en el momento próximo más oportuno».

 

Y falta un solo día para otra fecha. El 20 de octubre de 2011, tres días después de la conferencia de Ayete en San Sebastián, ETA anunciaba el «cese definitivo» de su actividad terrorista. Quince años después, las víctimas sostienen que aquel comunicado cerró la violencia, pero no sus consecuencias en la sociedad vasca y española.  Este informe es su propuesta para poner fin al legado atroz de los criminales.

 

El Observatorio de Víctimas del Terrorismo es una de las ramas del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS), el laboratorio de ideas de la Universidad CEU. Lo dirige María San Gil, expresidenta del PP vasco y uno de los rostros más reconocibles de la resistencia civil contra ETA.

 

El documento no lleva firmas individuales. Según su propio texto, en su elaboración colaboraron responsables de asociaciones de víctimas, víctimas a título particular y otras personas interesadas en sus demandas históricas. Solo una asociación aparece con nombre: Dignidad y Justicia, autora de las dos propuestas de reforma penitenciaria que figuran como anexos.

 

El punto de partida es la Ley 29/2011, que consagra a las víctimas como referencia ética de la democracia sobre cuatro pilares: memoria, dignidad, justicia y verdad. Quince años después, sostiene el informe, esos pilares se incumplen sistemáticamente. Y señala al Gobierno de España, en manos de Pedro Sánchez, como su «elemento disolvente principal».

 

El tono no deja lugar a matices. El texto acusa al Gobierno central, al vasco y a numerosas instituciones vascas y navarras de actuar con el fin último de humillar a las víctimas. El objetivo declarado es frenar una «hemorragia ética» aprovechando que ahora, escriben, «parece posible un cambio de gobierno».

 

El informe enumera cuatro razones por las que el tiempo juega contra las víctimas. La primera, que han pasado dieciséis años desde el último asesinato: el del gendarme Jean-Serge Nérin, abatido en Francia en 2010 por terroristas a los que la policía sorprendió robando coches en un concesionario.

 

La segunda, la sentencia del Constitucional del 5 de mayo de 2011, que devolvió a las instituciones a lo que el documento llama el brazo político de ETA, ocho años después de que el Supremo ilegalizara Batasuna. La tercera, la disolución de la banda el 3 de mayo de 2018.

 

La cuarta es la que más pesa en el texto: la aceptación institucional de Bildu por todos los partidos. Su «culmen», según los autores, fue su papel en la moción de censura de junio de 2018 y su conversión posterior en socio estable del Gobierno extremaizquierdista de Pedro Sánchez.

 

La tesis de fondo cabe en una frase del propio informe: presentarse a las elecciones y obtener votos no legitima el horror. Y menos, añaden, sin disculpa, reconocimiento del daño ni propósito de enmienda.

 

El documento amplía además la definición de víctima. No lo son solo los casi mil asesinados, los heridos, los secuestrados o los extorsionados, sino «toda la sociedad española».

 

La primera de las quince medidas presentadas por el informe es la más ambiciosa: poner en marcha un juicio «con las mismas consideraciones» que el de Núremberg, en el que paguen todos los responsables de lo ocurrido en el País Vasco. El documento lo define como un «juicio de punto final». Lo que pide no son declaraciones, que se lleva el viento, sino sentencias.

 

El razonamiento es moral antes que procesal. Cuando el Estado no ha sido capaz de proteger el derecho a la vida, argumenta el texto, debe poner el máximo celo en hacer justicia. Y debe cerrar las grietas por las que se cuela la impunidad: falta de investigación, prescripción, insolvencias fraudulentas y beneficios penitenciarios ilegales.

 

La medida, tal como aparece enunciada, no explica cómo se celebraría ese juicio. No habla de un tribunal especial ni de una macrocausa concreta. Pero la respuesta está más adelante, en el anexo III, y es la parte más ambiciosa del documento.

 

Ese anexo es una proposición de ley completa para reformar la Ley 29/2011. Su pieza central es una frase de una línea: reconocer todos los crímenes cometidos por ETA como delitos de lesa humanidad. A continuación declara que todas las leyes, incluida la de Amnistía de 1977, se interpretarán conforme al derecho internacional, según el cual estos crímenes son imprescriptibles y no amnistiables.

 

La redacción no es original, y el informe no lo oculta: copia el artículo 2.3 de la Ley de Memoria Democrática de 2022. El argumento es de igualdad. Si las víctimas del franquismo pueden investigar crímenes amnistiados y calificarlos de lesa humanidad, las de la banda terrorista ETA, sostienen, tienen derecho a lo mismo.

 

La proposición crea además un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Víctimas del Terrorismo. Garantiza el derecho a investigar los crímenes de ETA desde el 1 de enero de 1960 y a obtener una declaración judicial sobre los hechos. El Núremberg no sería, por tanto, un único gran juicio, sino un cambio de reglas que reabriría la vía penal para todo el historial de la banda.

 

La idea tiene precedentes. En 2013, Dignidad y Justicia llevó a la Audiencia Nacional la tesis de la «autoría mediata»: los jefes de ETA responden de los atentados que ordenaban, aunque no los ejecutaran. En 2015, un primer auto de procesamiento contra dirigentes de la banda la acogió por crímenes de lesa humanidad.

 

El informe se apoya también en Europa. Cita una resolución del Parlamento Europeo de 2018 que pidió clasificar el terrorismo como crimen de lesa humanidad. Y cita el informe de misión de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, aprobado en abril de 2022 con 27 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, que recomendó a España ese mismo reconocimiento para los crímenes de ETA.

 

El informe califica de «bochornoso» que, dieciséis años después del último asesinato, el 40% de los crímenes de ETA sigan sin esclarecer. La cifra que da en el cuerpo del texto es de 376 asesinatos sin reproche penal. Las Fuerzas de Seguridad, añade, tienen resueltos unos 150 desde el punto de vista policial. Se sabe, o se cree saber, quién los cometió. Lo que falta es la sentencia que lo declare. Y aunque algunos estén prescritos, sostiene el documento, la prescripción impide la condena, pero no la investigación: las víctimas tienen derecho a conocer la verdad.

 

De ahí dos peticiones. La primera, que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior impulsen todas las acciones necesarias para investigar esos casos. La segunda, reformar la Ley 29/2011 para incorporar un catálogo público que detalle esa información.

 

La medida 10 encarga a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General retomar el análisis de la actividad de EH Bildu. El objetivo es determinar si cumple las condiciones con las que el Tribunal Constitucional la legalizó en mayo de 2011. También piden revisar si respeta los valores constitucionales que exige el artículo 9 de la Ley de Partidos de 2002.

 

La reforma propuesta es quirúrgica: que incluir en las listas a condenados por pertenencia o colaboración con banda armada sea, por sí solo, causa de ilegalización. Hoy la ley exige algo más difícil de probar: que esa inclusión sea regular y que los condenados no hayan rechazado públicamente el terrorismo.

 

La medida 11 es el plan B. Si no hubiera indicios para ilegalizar a Bildu como sucesora de Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok, el informe pide al menos un acuerdo de aislamiento institucional. Los candidatos a presidir el Gobierno se comprometerían a no buscar jamás su apoyo, ni para la investidura ni para gobernar.

 

El alcance es importante: el cordón se aplicaría «a todos los niveles», desde los ayuntamientos hasta el Parlamento Europeo. En un País Vasco y una Navarra donde Bildu gobierna o es decisiva en numerosos municipios, la medida tendría consecuencias prácticas inmediatas.

 

La medida 7 completa el cerco. Pide estudiar una reforma del Código Penal para inhabilitar de forma permanente a los condenados por pertenencia o colaboración con banda armada, y para impedirles contratar con el Estado o recibir subvenciones. El informe busca el paralelismo en la prisión permanente revisable: si existe para delitos muy graves, razona, cabe una inhabilitación similar para el terrorismo.

 

La propuesta no llega en el vacío. El 16 de octubre se supo que Bildu incluye a tres antiguos condenados por pertenencia a ETA en sus listas del 29-N, ninguno por delitos de sangre:

 

- Floren Aoiz. Cabeza de lista al Senado por Navarra. Condenado a 1 año y 6 meses (Audiencia Nacional, 2014; confirmada por el Supremo en 2015), caso herriko tabernas.

 

- Sonia Jacinto. Cabeza de lista al Senado por Gipuzkoa. Condenada a 8 años (Audiencia Nacional, 2011), caso Bateragune.
 

- Marije Fullaondo. Número dos al Congreso por Bizkaia. Condenada a 2 años e inhabilitación (Audiencia Nacional, 2016), por la reconstrucción de Batasuna.

 

Aoiz es, además, el dirigente criminal de Herri Batasuna que amenazó al Estado tras la liberación de José Antonio Ortega Lara. Con la reforma que propone el informe, cualquiera de las tres candidaturas bastaría para iniciar un proceso de ilegalización.

Octubre de 2021 es otra fecha subrayada en el informe. Ese mes, la competencia sobre prisiones pasó al Gobierno Vasco (PNV-PSE). Desde entonces, sostiene el documento, los beneficios penitenciarios se conceden «de manera fraudulenta», y la gestión de la Consejería de Justicia roza permanentemente, cuando no incurre en ella, la prevaricación.

 

El texto no nombra a nadie, pero el departamento lo dirige la socialista María Jesús San José. La acusación central es concreta: ninguno de los presos beneficiados ha colaborado con la justicia para esclarecer los crímenes pendientes, pese a ser un requisito obligatorio. Y la Fiscalía, añade, apenas recurre ya un porcentaje exiguo de esas decisiones.

 

Las medidas 4 y 6 responden a ese diagnóstico. Piden que la Fiscalía imparta órdenes para frenar las progresiones de grado y libertades condicionales irregulares, que el Gobierno garantice el cumplimiento íntegro de las condenas y que se estudie que el Estado recupere la competencia de prisiones.

 

Los anexos I y II del documento, firmados por Dignidad y Justicia, llevan el argumento al terreno técnico. El Código Penal (artículo 90.8) y la Ley General Penitenciaria (artículo 72.6) exigen a los condenados por terrorismo colaborar activamente con las autoridades para acceder a la libertad condicional o al tercer grado.

 

Pero ambos artículos añaden que esa colaboración puede acreditarse con una declaración de repudio de la violencia y una petición de perdón a las víctimas. Según la asociación, en la práctica basta con firmar «un formulario tipo» que se entrega al preso. La propuesta es suprimir ese inciso final y precisar que la colaboración debe ser con «autoridades judiciales y policiales», no con cualquier autoridad.

 

El informe acusa a la Fiscalía General de una evidente falta de interés por perseguir las causas de ETA en los últimos años. Su remedio: reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal para que las directrices no partan del Fiscal General, sino de un órgano colegiado como el Consejo Fiscal.

 

La Administración General del Estado ha pagado 886 millones de euros como responsable civil subsidiaria: las indemnizaciones que los terroristas debían a sus víctimas y nunca abonaron. El informe sostiene que esa factura podría haberse reducido con una investigación permanente del patrimonio de los condenados.

 

La medida 8 pide hacerlo ya, y subraya que no hace falta ninguna reforma: la responsabilidad civil no prescribe. La falta de investigación, concluye, ha permitido un «fraude permanente».
 

La medida 3 parte de una constatación: los actos de enaltecimiento de terroristas son delito y las leyes de víctimas obligan a los poderes públicos a impedirlos, pero en los pueblos del País Vasco y Navarra se celebran «con absoluta normalidad». Para el informe, bastaría la voluntad política para erradicarlos, porque los instrumentos ya existen. Aun así, propone reforzarlos.

 

El anexo III es la pieza más extensa del informe. Es una proposición de ley con todos sus artículos, que reforma la Ley de Víctimas para crear un régimen sancionador contra los homenajes a terroristas. Su modelo, declarado, es la Ley de Memoria Democrática.

 

La lista de infracciones muy graves es detallada. Incluye los recibimientos a presos excarcelados, los nombres de calles dedicados a miembros de ETA, la exhibición de fotos de condenados en espacios públicos, las ofrendas florales, las pintadas y las concentraciones en apoyo de miembros de la banda, siempre que no constituyan delito.

 

Las sanciones van de 200 euros por las infracciones leves hasta 150.000 por las muy graves. Pueden ir acompañadas del cierre de locales entre seis meses y dos años y de la pérdida de subvenciones públicas durante hasta diez años. Responde también el titular del espacio que no impida el acto y la autoridad que lo ceda.

 

El texto va más allá. El Estado elaboraría un catálogo de símbolos y elementos que enaltecen el terrorismo, con multas coercitivas para quien no los retire. Las administraciones revisarían los honores y distinciones ya concedidos. Y en el plazo de un año se reformaría la Ley de Asociaciones para disolver a las que hagan apología de ETA.

 

La última parte del informe mira hacia la generación que no vivió el terror. La medida 13 propone un pacto educativo para que la historia del terrorismo sea materia obligatoria dentro del 55 % del currículo que la ley educativa de 2020 reserva al Estado. Las asociaciones de víctimas formarían a quienes lleven su testimonio a las aulas.

 

La medida 14 encarga a la Alta Inspección Educativa vigilar que esos contenidos se impartan. Podría, además, proponer sanciones ante comportamientos de apología o justificación del terrorismo en clase.

 

El anexo educativo aporta las cifras más inquietantes del documento. Según estudios recientes, un tercio de los alumnos de ESO y Bachillerato desconoce por completo el terrorismo sufrido en España, y un 20% de los jóvenes vascos justifica la violencia política para alcanzar objetivos.

 

El anexo sostiene que en la ley educativa vasca la palabra ETA no aparece. Recuerda que hasta ahora se han formado 1.300 profesores en esta materia y pide coordinar los programas de testimonios de víctimas, hoy dispersos. Para el País Vasco propone una comisión de investigación parlamentaria. Y fija un modelo explícito: Alemania, que en los años ochenta convirtió el nazismo en prioridad de su sistema educativo.

 

La medida 12 afecta a una herida demográfica que rara vez entra en los debates. El informe habla de «doscientos mil exiliados», citando un estudio del CEU. Ese estudio, de mayo de 2023, estimaba en realidad unas 180.000 salidas netas de nacidos en España entre 1977 y 2022, y advertía de que la cifra mezcla motivos políticos, económicos y personales (CEU-CEFAS). El Instituto Vasco de Criminología situó en 2011 el éxodo entre 60.000 y 200.000 personas.

 

La propuesta es retomar dos trabajos que se quedaron en el cajón. Uno, el estudio del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en la X Legislatura, bajo la dirección de Benigno Pendás, para reformar la ley electoral. Otro, la propuesta de la Defensora del Pueblo Soledad Becerril de febrero de 2017. El objetivo es que los vascos desplazados por el terrorismo puedan volver a votar en Euskadi si lo desean.

 

El informe no esconde la intención política de la medida. La presenta como una forma de corregir unos resultados electorales que considera «adulterados» por la existencia de ETA.

 

Completan el paquete dos medidas institucionales. La 9 pide que la Dirección General de Atención a las Víctimas revise periódicamente la situación personal de cada afectado, porque el interés de la Administración no puede acabar con el cierre de un expediente.

 

La 15 pide revisar la composición y los nombramientos de los organismos relacionados con las víctimas: el Centro Memorial, la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la propia Dirección General de Interior y los órganos judiciales creados a tal efecto. Esos cargos, en la medida de lo posible, deberían consensuarse con las asociaciones.

 

Es la parte menos llamativa del documento y, probablemente, la más fácil de aprobar. También es la que mejor revela su propósito: no solo castigar el pasado, sino decidir quién lo cuenta.

 

El "compromiso posible"

 

El título habla de un compromiso «posible». El propio documento admite que algunas medidas exigen reformas aprobadas en las Cortes y otras solo voluntad del ministerio correspondiente. Pero varias chocan con principios del Estado de derecho que ningún Gobierno puede ignorar.

 

La prescripción y la irretroactividad. El informe tiene una respuesta para la prescripción: declarar los crímenes de ETA de lesa humanidad, que no prescriben. El obstáculo es la irretroactividad penal que protege la Constitución. La lesa humanidad entró en el Código Penal en 2004, y aplicarla a hechos anteriores es precisamente lo más discutido de la Ley de Memoria Democrática que el informe toma como modelo.

 

La cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. El «juicio de punto final» solo podría sentar en el banquillo a quienes no hayan sido condenados ya por cada crimen concreto. Esto obliga a pensarlo como la suma de cientos de causas, no como un único gran juicio.

 

El listón constitucional. Ilegalizar un partido con representación parlamentaria exigiría superar el aval del Constitucional de 2011 y el control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2023, la Fiscalía ya consideró difícil que prosperase un proceso así por la composición de unas listas. Y la inhabilitación perpetua tampoco alcanzaría a quien ya cumplió su pena.

 

Las libertades. El régimen sancionador del anexo III castigaría con multas de hasta 150.000 euros actos que no son delito, como concentraciones o pintadas. El propio texto se declara respetuoso con el derecho de reunión, pero el debate sobre libertad de expresión está servido. También lo está el de disolver asociaciones por apología.

 

El título del informe empieza por una palabra que lleva quince años en disputa. Para unos, ETA fue derrotada cuando dejó de matar: la policía, los jueces y la sociedad la arrinconaron hasta el silencio. Para el Observatorio, esa es solo la mitad del trabajo. La otra mitad se libra en los tribunales, en las listas electorales y en los libros de texto.

 

No es un debate nuevo. En su informe de 2024, el propio CEU recogía la advertencia de Fernando Savater: algunos proclaman la derrota de la ETA militar para disimular que la ETA política sigue viva. El documento de 2026 convierte esa sospecha en un programa de quince puntos y una proposición de ley completa. Su diagnóstico termina con lo que, a su juicio, sigue faltando: «una derrota sin paliativos».

 

Mañana se cumplen quince años del comunicado de 2011 por el que ETA decidió dejó de matar. El próximo 29 de noviembre, los españoles decidirán quién gobierna. Y en algún despacho de Génova y de Bambú, alguien tendrá que decidir si este documento es una hoja de ruta, una promesa de campaña o un papel más en el cajón.

 

Las víctimas ya han hecho su parte: han puesto la derrota por escrito. Falta saber quién está dispuesto a firmarla.