Un acuerdo para no desperdiciar votos
La decisión del PP y Vox de coordinar algunas candidaturas al Senado responde a una realidad que los partidos no deberían ignorar: las reglas de esta Cámara hacen posible que la división electoral reduzca la representación de quienes comparten objetivos políticos
El Senado no se elige como el Congreso. En las circunscripciones provinciales se eligen cuatro senadores, pero cada votante puede marcar hasta tres nombres. Las candidaturas aparecen agrupadas por partidos, aunque la elección es individual y el elector puede votar a aspirantes de distintas formaciones. Ese sistema concede un valor estratégico a la manera en que los partidos distribuyen sus candidatos.
Por eso tiene sentido que el PP y Vox hayan buscado fórmulas de coordinación en veintitrés territorios. El PP renuncia a presentar candidaturas propias en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona. Vox se retira en seis circunscripciones y solo presenta un candidato en otras catorce. En las seis primeras, el PP incorporará a candidatos independientes propuestos por Vox. El pacto es concreto y limitado: cada partido conserva su identidad y concurrirá por separado en el resto de los territorios.
La finalidad declarada es proteger la mayoría del centro-derecha en la Cámara Alta frente al acuerdo alcanzado por el PSOE y Frente Amplio. Se puede discutir la oportunidad política del pacto o sus posibilidades reales de éxito, pero la decisión de coordinar candidaturas es una respuesta legítima a la lógica del sistema electoral. Cuando la fragmentación puede favorecer a los adversarios, negociar y ceder espacio exige responsabilidad y sentido práctico.
El Senado no es una institución decorativa. Revisa las leyes aprobadas por el Congreso, puede introducir enmiendas y, bajo ciertas condiciones, formular un veto; además, controla la acción del Gobierno y ejerce funciones de representación territorial. El Congreso tiene la última palabra en buena parte del procedimiento legislativo, pero eso no convierte en irrelevante la mayoría de la Cámara Alta.
Quienes desean una alternativa al actual Gobierno mafioso y extremaizquierdista deben entender que la cooperación electoral no exige borrar las diferencias ni renunciar a las propias ideas. Exige reconocer que, en determinadas circunscripciones, una candidatura coordinada puede representar mejor a los votantes que varias candidaturas enfrentadas entre sí. El acuerdo entre PP y Vox merece ser valorado por ese criterio: si ayuda a que los ciudadanos que quieren un cambio tengan una representación más amplia en el Senado, habrá cumplido una función útil.
La última palabra corresponde a los electores. Pero la decisión de PP y Vox apunta en la dirección adecuada: competir cuando hay espacio para hacerlo y cooperar cuando dividirse puede costar escaños. En una democracia parlamentaria, saber llegar a acuerdos también forma parte de la responsabilidad política.
La decisión del PP y Vox de coordinar algunas candidaturas al Senado responde a una realidad que los partidos no deberían ignorar: las reglas de esta Cámara hacen posible que la división electoral reduzca la representación de quienes comparten objetivos políticos
El Senado no se elige como el Congreso. En las circunscripciones provinciales se eligen cuatro senadores, pero cada votante puede marcar hasta tres nombres. Las candidaturas aparecen agrupadas por partidos, aunque la elección es individual y el elector puede votar a aspirantes de distintas formaciones. Ese sistema concede un valor estratégico a la manera en que los partidos distribuyen sus candidatos.
Por eso tiene sentido que el PP y Vox hayan buscado fórmulas de coordinación en veintitrés territorios. El PP renuncia a presentar candidaturas propias en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona. Vox se retira en seis circunscripciones y solo presenta un candidato en otras catorce. En las seis primeras, el PP incorporará a candidatos independientes propuestos por Vox. El pacto es concreto y limitado: cada partido conserva su identidad y concurrirá por separado en el resto de los territorios.
La finalidad declarada es proteger la mayoría del centro-derecha en la Cámara Alta frente al acuerdo alcanzado por el PSOE y Frente Amplio. Se puede discutir la oportunidad política del pacto o sus posibilidades reales de éxito, pero la decisión de coordinar candidaturas es una respuesta legítima a la lógica del sistema electoral. Cuando la fragmentación puede favorecer a los adversarios, negociar y ceder espacio exige responsabilidad y sentido práctico.
El Senado no es una institución decorativa. Revisa las leyes aprobadas por el Congreso, puede introducir enmiendas y, bajo ciertas condiciones, formular un veto; además, controla la acción del Gobierno y ejerce funciones de representación territorial. El Congreso tiene la última palabra en buena parte del procedimiento legislativo, pero eso no convierte en irrelevante la mayoría de la Cámara Alta.
Quienes desean una alternativa al actual Gobierno mafioso y extremaizquierdista deben entender que la cooperación electoral no exige borrar las diferencias ni renunciar a las propias ideas. Exige reconocer que, en determinadas circunscripciones, una candidatura coordinada puede representar mejor a los votantes que varias candidaturas enfrentadas entre sí. El acuerdo entre PP y Vox merece ser valorado por ese criterio: si ayuda a que los ciudadanos que quieren un cambio tengan una representación más amplia en el Senado, habrá cumplido una función útil.
La última palabra corresponde a los electores. Pero la decisión de PP y Vox apunta en la dirección adecuada: competir cuando hay espacio para hacerlo y cooperar cuando dividirse puede costar escaños. En una democracia parlamentaria, saber llegar a acuerdos también forma parte de la responsabilidad política.
