Un fantasma recorre Europa y es el fantasma de la subversión. En escenarios tan diferentes como Bélgica y Albania grupos anarquistas y de extrema izquierda asaltan las calles, agreden a los policías y amedrentan a la población. ¿Cuál es el común denominador de todas estas algaradas?

Es el repudio al sistema democrático y no a un Gobierno determinado, así se explica la confrontación en países de Gobiernos tan diferentes como Portugal, Francia e Italia, unidos todos ellos por la defensa de las libertades, incluida por supuesto la de manifestación.

Este rechazo a las libertades formales es parte de un programa, digámoslo así, intervencionista, en la que el Estado actual es el enemigo y hay que derribarlo como sea. Este propósito conlleva sus dosis de maldad, pues cuando más grave sea la violencia más contentos se quedan sus participantes.

La deriva antisistema, aunque menos llamativa, está llegando también a España, desde acampadas en lugares de lo más diverso hasta acciones intimidatorias contra mítines de la pacífica derecha radical o contra activistas a los que odian los reventadores.
En nuestro país, además, nos encontramos en una situación de precampaña electoral, con lo cual esto no ha hecho más que comenzar. Por eso, estos grupos antifascistas, según se denominan, han amenazado con hacer arder las calles y paralizar completamente Madrid el día de la huelga general.

Amparada en la supuesta superioridad moral de sus actos, la izquierda condena con la boca pequeña las conductas incívicas de estos grupos y acusan a la ultraderecha, por provocadora, dicen, y por beneficiaria de la repulsa de la opinión pública ante estos actos.
Estamos, pues, frente una hipocresía nada disimulada y ante una justificación de que contra el estado de derecho todo vale. La demonización de las fuerzas del orden es el otro ingrediente de este cóctel explosivo, cuya detonación puede llevarse por delante los niveles que quedan del otrora llamado estado del bienestar.