Hay gobiernos que se miden por el crecimiento económico, otros por hitos históricos, como la Transición o la adhesión a la  CEE y, otros, como el de Pedro Sánchez, se mide por el recuento de cadáveres. Empezó con la pandemia, continuó con la DANA de Valencia, siguió con el apagón, se repitió en Adamuz y acaba de volver a suceder en Urda. Contamos muertos. Y la pregunta ya no es solo cuántos, sino por qué este modo de gobernar produce, una y otra vez, el mismo resultado: mentiras, negación, priorización de la agenda política sobre la seguridad y, al final, ataúdes.

En febrero de 2020 ya era muy evidente la pandemia. Hasta diez informes del Consejo de Seguridad habían llegado al gobierno (ni siquiera eran necesarios, dada la evidencia de lo que venía). El Gobierno minimizó el riesgo, ridiculizó las alertas y permitió que se celebraran concentraciones masivas mientras los datos de contagio se disparaban. El 8 de marzo se convirtió en un símbolo de la prioridad del gobierno: la agenda política e ideológica por delante de la salud de los españoles. Cuando las medidas llegaron, el retraso ya había multiplicado los contagios. España registró una de las mayores mortalidades del mundo. Decenas de miles de personas murieron en residencias, hospitales y casas mientras el relato oficial hablaba de "gestión ejemplar" y de un "comité de expertos", que luego se demostró no había existido jamás. No tomar medidas antes supuso que miles de personas se contagiaran, enfermaran y murieran. Una gestión que debió provocar una revolución y un linchamiento del gobierno. No pasó nada. La falta de medidas multiplicó el riesgo y multiplicó el daño. Pero nadie hizo nada.

Las políticas de Sánchez costaron muertos. Miles de muertos.

El 29 de octubre de 2024 la DANA arrasó la provincia de Valencia. El balance oficial superó las 220 víctimas mortales. La inmensa mayoría —alrededor del 90 %, según análisis posteriores— murió en la cuenca del barranco del Poyo. No fue solo un fenómeno meteorológico extremo. Fue el resultado de errores de la AEMET, de alertas tardías, de fallos de coordinación entre administraciones, de obras hidráulicas pendientes durante años (por motivos de ideología ecologista) y de una respuesta inicial lenta y confusa. El gobierno permaneció de brazos cruzados mientras la gente se ahogaba entre el barro. Varios días tardaron los servicios de emergencia y, especialmente, el ejército, en ser enviados en contingentes de importancia para ayudar a la población. El patrón se repitió: retraso deliberado en la reacción mientras se culpaba el gobierno regional, agenda política antes que poner al servicio de los españoles los múltiples recursos del Estado.

Las políticas de Sánchez costaron muertos.

El 28 de abril de 2025 un apagón masivo dejó sin electricidad a todo el país. Más de 50 millones de personas se quedaron a oscuras. El sistema eléctrico colapsó en segundos. Entre las víctimas hubo enfermos dependientes de respiradores y otros casos vinculados directamente a la falta de suministro. No fue un corte accidental. Fue el resultado de decisiones políticas de "energías limpias y ecológicas" y de una "transición energética" acelerada sin las garantías suficientes, que se sabía que podía fallar en cualquier momento.

Las políticas de Sánchez costaron muertos.

El 18 de enero de 2026 un accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se cobró 46 vidas. Un tren descarriló y chocó con otro que circulaba en dirección contraria. Nueve meses después, otro choque de trenes de alta velocidad deja el balance, por ahora, en alrededor de 70 muertos. En ambos casos afloraron las mismas razones: sistemas de seguridad obsoletos que no se mantuvieron adecuadamente ni se sustituyeron diligentemente por otros más modernos; sobrecarga de la red, incompetencia de los directivos (cargos políticos, no técnicos) y un deterioro de infraestructuras que los profesionales llevaban tiempo denunciando. Los maquinistas hablaban de fallos previos y de una red al borde del colapso (hasta 170 fallos ha reconocido el propio ministro en un año). Dos tragedias ferroviarias en menos de un año no son casualidad cuando la comparativa con los sistemas de alta velocidad de otros países son escandalosas. Son consecuencia de las decisiones de un gobierno concreto.

Las políticas de Sánchez han costado muertos.

La invasión de Ceuta es una muesca más en el revólver del gobierno. Consentida, favorecida, no combatida, provoca una ruina a los ciudadanos de Ceuta que difícilmente podrá ser correctamente evaluada; la seguridad de los ciudadanos de Ceuta ha sufrido una agresión irreversible; ahora miles estarán pensando que conviene largarse de allí; sus propiedades ya no valen nada; soportar a miles de invasores que ni se han ido ni se van a ir, al menos mientras esté el gobierno traidor al frente, es un coste personal y colectivo insoportable. La invasión provocó unos 140 muertos (en este caso con la complicidad del gobierno marroquí).

Las políticas de Sánchez cuestan muertos, además de prosperidad y libertad.

¿Qué une la pandemia, la DANA, el apagón, Adamuz, Urda y Ceuta? Un modo de gobernar. Primero se minimiza o se ridiculiza el riesgo si éste interfiere con la agenda política. Después se retrasa la respuesta. Cuando éste llega, la preside la incompetencia. Cuando el desastre es irreversible, se despliega el relato: se culpa al clima, a la oposición, a un funcionario concreto, a la herencia recibida, a supuestamente inevitables movimientos migratorios o a la "ultraderecha". Se movilizan recursos cuando ya no sirven para salvar vidas, sino para salvar la imagen. Y, sobre todo, no hay consecuencias políticas reales. Nadie dimite. Nadie asume. El poder se mantiene.

La lección de la pandemia fue letal en sentido literal y político. Al comprobar que decenas de miles de muertos no bastaban para desalojarlo, Sánchez aprendió que su parroquia, las masas de izquierdas, acríticas, sin sentido de la realidad ni sentido moral alguno, aceptan cualquier mensaje del poder si es de izquierdas.

La pobreza que genera la mala gestión —familias arruinadas por el Covid y la Dana y la invasión de Ceuta, negocios cerrados por el apagón, confianza destruida en el transporte público— se suma a la muerte. Pero el cálculo es el mismo: el coste humano y social se externaliza, y el beneficio político se retiene gracias a que los que se definen de izquierda sufren, como decíamos hace poco, un marco mental idéntico al de una secta.

Sabiendo cómo es su gente, el gobierno y su partido utilizan la polarización como escudo moral. Cuando el desastre es innegable, se despliega la maquinaria del relato: el gobierno nunca es el responsable, siempre es la víctima de circunstancias o de enemigos. Esta operación tiene un efecto moral demoledor: convierte a las víctimas en peones de una batalla narrativa. Los muertos dejan de importar y pueden ser pronto olvidados en la refriega política.

Las consecuencias son acumulativas. Cada tragedia erosiona la confianza en las instituciones. Cada ausencia de dimisión normaliza la impunidad. El gobierno, como lo estuvo en su día el de Hugo Chávez, está encantado de que se propague entre la población esa sensación de inevitabilidad del mal, de que hay que soportar el mal como castigo bíblico y que sólo el sometimiento más extremo al poder gubernamental puede ofrecer una cierta protección.

Hay algo especialmente corrosivo en esta ética de la impunidad. No es solo que se mienta o se equivoque. Es que se ha construido un sistema en el que mentir y equivocarse sobre la seguridad de las personas no tiene precio. El gobierno no necesita odiar a los ciudadanos. Le basta con no temer las consecuencias de fallarles. Y cuando un poder deja de temer esas consecuencias, la vida humana se convierte en una variable secundaria del cálculo político.

Nada se podría hacer sin la colaboración de los medios, que más que informar, protegen al gobierno. Minimizaron las alertas del covid cuando convenía, ridiculizaron a quienes advertían, transformaron cada tragedia en un relato de "gestión compleja" o de "herencia recibida", y dedicaron más espacio a descalificar a la oposición que a exigir responsabilidades. Cuando los muertos se acumularon, muchos de esos mismos medios adoptaron un tono compungido, como si el desastre hubiera caído del cielo y no fuera el resultado previsible de decisiones políticas reiteradas. Camuflaron. Suavizaron. Normalizaron. Y al hacerlo, se convirtieron en parte del mecanismo que permitió que el patrón se repitiera, en cómplices de los crímenes.

Y están los votantes. No todos, pero sí demasiados. Muchos de los que hoy se escandalizan, de los que comparten imágenes de la devastación o de los trenes destrozados, votaron a este Gobierno o a sus socios. Votaron después de la pandemia. Votaron después de ver cómo se gestionaba la DANA. Votaron sabiendo, o pudiendo saber, el tipo de priorización que este Ejecutivo practica. El voto no es un acto inocente. No es un gesto privado sin consecuencias. Es una decisión que otorga poder. Y quien otorga poder a quienes han demostrado, una y otra vez, que la vida de los ciudadanos pesa menos que su permanencia en el cargo, comparte responsabilidad moral.

El votante que acepta los crímenes de negligencia reiterada, que prefirió el relato a la evidencia, que perdonó la impunidad a cambio de una identidad política o de un subsidio, no es una víctima inocente, es tan culpable, en el terreno moral, como quienes tomaron las decisiones. Porque sin ese voto, sin esa tolerancia, sin esa voluntad de mirar hacia otro lado, el sistema de impunidad no se sostiene. Gobernar sobre cadáveres requiere, además de un Ejecutivo sin escrúpulos, una ciudadanía que lo tolera y unos medios que lo disfrazan.

Cualquiera que el día 29N vote a este gobierno y a sus partidos adláteres, a los que le han prestado apoyo, tendrá sus manos manchadas de sangre. Elevará su voto sobre una montaña de cadáveres.

España entonces, tal vez, se merezca un gobierno que mate.