Más de 8.000 inmigrantes ilegales han llegado a la isla canaria de El Hierro desde comienzos de octubre: una cifra equivalente a dos tercios de sus 12.000 habitantes, aunque no significa que todos permanezcan allí, ya que muchos de ellos han sido desviados al interior de la península. El Cabildo ha declarado la emergencia social y reclama refuerzos para evitar que se desborde la red de acogida

La invasión inmigracionista promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez continúa en el Atlántico. El dato cabe en una línea y explica la dimensión del problema: en poco más de cinco semanas han llegado a El Hierro más de 8.000 inmigrantes ilegales. La isla canaria tiene unos 12.000 habitantes. La comparación equivale a dos tercios de su población. Muchos de ellos son trasladados después a otras islas y, de allí, al resto de la península.; aun así, cada desembarco activa un dispositivo de rescate, atención sanitaria, identificación y acogida en una isla de recursos muy limitados.

El ritmo se ha acelerado al comenzar noviembre. Según el Cabildo, entre el 2 de octubre y el 6 de noviembre llegaron más de 8.000 inmigrantes ilegales y, en los cinco días anteriores a la declaración de emergencia, más de 3.000 a bordo de una treintena de cayucos. El Gobierno de Canarias, por su parte, contabilizó entre el 1 y el 6 de noviembre 49 embarcaciones y unas 4.587 personas llegadas al conjunto del archipiélago; 35 de esas embarcaciones arribaron a El Hierro.

La presión continuó el sábado 7 de noviembre. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescataron a unas 582 personas en seis embarcaciones próximas a Canarias. Cinco de ellas, con un total de 449 ocupantes, llegaron a El Hierro; otra, con 133 personas, fue conducida a Lanzarote. La secuencia de cifras dibuja una emergencia que no se mide solo por el total de personas recibidas, sino por la concentración de operaciones en pocos días y por la capacidad que cada una exige a los servicios de la isla.

La Restinga, en el municipio de El Pinar, es el punto de llegada de muchos de esos cayucos. Allí se concentran las tareas de desembarco y primera atención. El Cabildo advierte de que la intensa invasión migranterepercute en la vida cotidiana del pueblo y en los vecinos, comerciantes, pescadores, profesionales del mar y empresas de buceo. La institución pide que la respuesta humanitaria pueda convivir con el funcionamiento ordinario de la localidad.

La declaración de emergencia social formalizada por el presidente del Cabildo, el socialista Alpidio Armas, busca abrir una respuesta coordinada con el Estado y el Gobierno de Canarias. El decreto pide más personal y medios, así como turnos que permitan descansar a quienes trabajan en Salvamento Marítimo, el Servicio Canario de Salud, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Cruz Roja y otras organizaciones. También plantea reforzar la primera acogida y establecer traslados coordinados hacia islas con mayor capacidad. Armas advierte de que El Hierro no puede afrontar la situación en solitario y reclama recursos para impedir que el protocolo de atención “se desborde ni se rompa”.

Desde el Gobierno canario, la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, refuerzos extraordinarios de Policía Nacional y Guardia Civil. La petición incluye más efectivos y medios para vigilancia, identificación, custodia y traslado, además de apoyo a los servicios de emergencia. Barreto sostiene que Canarias solicitó en septiembre y octubre convocar una Junta de Seguridad entre el Estado y la comunidad autónoma y que, hasta el 6 de noviembre, no se había fijado una fecha.

Las consecuencias alcanzan también a los servicios sanitarios y de transporte. En una información publicada el 5 de noviembre, la Cadena SER señaló que el hospital insular dispone de 32 camas y que en El Hierro permanecían entonces entre 120 y 140 menores migrantes no acompañados, después de haber llegado a albergar cerca de 300. Reuters recogió además que, según el presidente canario, se habían desviado autobuses para atender las operaciones migratorias y desplazado personal sanitario desde otras islas hasta La Restinga. Son datos que ayudan a entender por qué las administraciones hablan de presión sobre recursos concebidos para una población reducida.

La respuesta política a la situación comenzó a moverse después de las advertencias del Cabildo y del Ejecutivo canario. El Gobierno extremaizquierdista de Pedro Sánchez convocó para el martes 10 de noviembre una Comisión Interministerial de Inmigración para abordar la situación de Canarias y, en particular, la de El Hierro. La reunión abre una vía de coordinación, aunque llega después de semanas de solicitudes y cuando la isla ya ha declarado la emergencia social.

Un artículo de opinión publicado por Diario El Hierro el sábado —“El Hierro ya no puede más”— condensa el clima de alarma local. Los datos le dan una dimensión concreta: más de 8.000 llegadas en cinco semanas, una cifra acumulada equivalente a cerca de dos tercios de la población insular, y miles de invasores en apenas unos días. La cuestión ahora es si las administraciones conseguirán convertir las peticiones de refuerzo, traslado y coordinación en una respuesta capaz de sostener la atención sin dejar sola a la isla.