Bastante se ha escrito sobre una huelga general que trastoca el sentido de las acciones de este tipo, ya que se trata de una huelga política, como clama la vice Yolanda Díaz, y no de una confrontación laboral, que es la que recoge el texto constitucional.

Lo paradójico del caso, además, es que es una huelga inspirada indirectamente por el propio Gobierno, que ha llegado a decir, en boca de la citada vicepresidenta Díaz, que ya le gustaría ir en un piquete pidiendo que cerraran comercios y fábricas y que ha sido disuadida finalmente de cometer tal disparate. Lo sorprendente, digo, es que esta demostración sindical se haga en vísperas electorales. Con peticiones de intervención en los precios de la vivienda y subidas del salario mínimo, actuaciones que corresponden a un Gobierno con quien parece que no va la cosa, que se asemeja más bien a un acto de protesta contra la oposición.

No tiene nada de extraño la actitud ministerial ante este tipo de actuaciones, pues se considera irresponsable de todo lo que pasa, como en el accidente de Urda, que no lo atribuye a su falta de inversión por ausencia de presupuestos generales durante tres años consecutivos, sino a presuntos recortes de Mariano Rajoy, ocho años antes. Por todo lo dicho, no es que la huelga del miércoles  vaya a ser de las más seguidas en la historia de las movilizaciones sindicales, pero sí que en las marchas subsiguientes se pondrán de manifiesto los eslóganes izquierdistas contra sus rivales políticos.

Ése, en el fondo, es el objetivo de las acciones del día 11, el de dañar a una parte de las formaciones políticas y a sus electores y buscar el rédito para los partidos de izquierdas. La otra cosa que pondrán de manifiesto dichas acciones es la capacidad de bloquear las calles y el entrenamiento para volver a repetirlo en el caso de que la derecha gane las elecciones.