El Gobierno vasco dispara el gasto corriente y vende promesas como inversión de futuro: Más nóminas, más gasto y menos inversión efectiva
El Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi para 2027 inició hace unas semanas su recorrido parlamentario tras su entrega formal a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, por parte del consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou.
El proyecto eleva el gasto ordinario, pero concentra el crecimiento en personal y funcionamiento. Vivienda, inversión efectiva y apoyo a las familias quedan bajo una pregunta esencial: qué resultados concretos obtendrán los ciudadanos a cambio de un esfuerzo público cada vez mayor.
El Gobierno nacionalsocialista Vasco ha vuelto a presentar un presupuesto récord como prueba de ambición y confianza en el futuro. Son 17.629 millones de euros para 2027, una cantidad que impresiona por su volumen y que el Ejecutivo vincula a la sanidad, la educación, la vivienda, la seguridad y la transformación económica. Pero un presupuesto no se juzga por el tamaño del titular. Se juzga por las prioridades que revela, por la calidad de sus previsiones y, sobre todo, por los resultados que permite exigir.
La primera cautela está en la propia comparación con el ejercicio anterior. El proyecto aumenta un 1,8% respecto al presupuesto total de 2026. El Gobierno defiende que el crecimiento comparable es del 7,6%, porque las cuentas del año pasado incluían 935 millones de endeudamiento extraordinario de la Alianza Financiera Vasca. La explicación contable existe; también la diferencia entre ambos mensajes. La ciudadanía tiene derecho a conocer siempre qué se compara: el presupuesto total aprobado o el presupuesto ordinario depurado de partidas extraordinarias. Si se habla de récord, debe explicarse con claridad qué parte del récord es crecimiento real del gasto y qué parte depende del criterio elegido para medirlo.
La estructura del gasto ofrece una respuesta menos deslumbrante que la propaganda institucional. El capítulo de personal crece un 10,7%, hasta los 3.315 millones; el funcionamiento de la Administración, un 10,5%, hasta los 5.631 millones; y las transferencias corrientes, un 6,4%, hasta los 5.456 millones. El gasto corriente aumenta así en más de 1.200 millones. El grueso del crecimiento sirve para sostener la actividad ordinaria de la Administración, sus nóminas, sus contratos y sus compromisos recurrentes.
Ese aumento merece una explicación mucho más precisa. El Gobierno prevé que la economía vasca crezca un 1,9% en 2027 y que el empleo avance un 1%. ¿Qué explica entonces que los gastos de personal suban un 10,7%? ¿Cuánto corresponde a nuevas incorporaciones, cuánto a incrementos salariales, cuánto a sustituciones y cuánto a cambios en la organización de los servicios? El incremento puede responder a necesidades reales, pero la Administración debe demostrarlo con datos. Cada euro añadido a la nómina pública tiene que traducirse en más capacidad de atención, mejor servicio o una respuesta más eficaz a los ciudadanos.
La misma exigencia se aplica al funcionamiento. Los trabajos realizados por empresas y profesionales aumentan un 30%; el material, los suministros y las comunicaciones, un 30,8%; y los arrendamientos y cánones, un 95,1%. Las cifras no prueban por sí solas un gasto injustificado: pueden existir contratos nuevos, necesidades excepcionales o bases de comparación reducidas. Precisamente por eso, el Gobierno debe publicar el detalle. En una Administración que pide más recursos, no basta con sumar partidas; hay que explicar qué se compra, a quién se contrata, qué servicio se obtiene y cómo se evaluará su calidad.
La inversión es el escaparate más atractivo del proyecto, aunque exige distinguir las magnitudes. Las inversiones reales de la Administración General ascienden a 483,6 millones, el 2,7% del presupuesto. Las transferencias de capital alcanzan 1.497,5 millones. Ambas partidas suman recursos de naturaleza distinta: una inversión ejecutada directamente por la Administración no es lo mismo que una transferencia a otra entidad o una ayuda cuyo resultado dependerá de terceros.
La propia memoria presupuestaria obliga a moderar el anuncio de una gran aceleración inversora. El conjunto de inversiones y transferencias de capital aumenta en 109,2 millones; al excluir el efecto de los créditos de gestión ferroviaria, el crecimiento se queda en 61,7 millones, un 3,4%. El aumento porcentual del capítulo de inversiones reales —un 23,2%— es llamativo, pero parte de una cantidad limitada y no puede presentarse, sin más desglose, como prueba de una transformación general de la inversión pública. El Gobierno debe explicar qué proyectos se ejecutarán, cuáles se encuentran ya en marcha y qué proporción del dinero se materializará en obras y servicios terminados durante 2027.
La vivienda es el ejemplo más evidente de la distancia que puede abrirse entre una prioridad anunciada y una consignación anual. El presupuesto departamental pasa de 482,2 a 504,1 millones: un aumento del 4,5%, inferior al crecimiento ordinario que proclama el Ejecutivo. El Gobierno destaca que los recursos destinados a vivienda se han duplicado durante la legislatura y anuncia un fondo capaz de movilizar 2.000 millones para promover 10.000 viviendas protegidas a lo largo de dos legislaturas. Pero movilizar financiación no equivale a consignar ese importe como gasto público ni a entregar viviendas a corto plazo.
La pregunta que importa a las familias no es cuánto capital podría movilizarse en varios años, sino cuántas viviendas se construirán en 2027, dónde estarán, cuándo podrán ocuparse y qué parte del plan cuenta ya con financiación y suelo disponible. Una meta a ocho años sirve para orientar una política; no sustituye a un calendario anual verificable.
Sanidad y educación concentran la mayor parte de los recursos, y sus partidas crecen. Nadie discute la importancia de ambos servicios. La cuestión es si el incremento presupuestario producirá mejoras que puedan medirse: menos listas de espera, más consultas atendidas, mayor estabilidad de las plantillas, mejores resultados escolares y más apoyo individualizado al alumnado. El Gobierno cita objetivos educativos como la comprensión lectora, las matemáticas, las ciencias y la atención personalizada. El Parlamento debe pedir plazos, indicadores y una evaluación pública de esos compromisos. Si no hay metas concretas, el aumento del gasto se convierte en una promesa imposible de auditar.
También resulta difícil conciliar la proclamada prioridad de jóvenes y familias con el crecimiento del 0,3% del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. El Gobierno afirma que destina 1.886 millones a políticas dirigidas específicamente a esos colectivos, pero esa cantidad reúne actuaciones dispersas en varios departamentos. Hace falta conocer qué medidas integra, qué fondos nuevos aporta y cuántas familias se beneficiarán. Una cifra agregada puede describir un esfuerzo transversal; también puede ocultar que no existe una política presupuestaria claramente identificable ni una forma sencilla de comprobar sus efectos.
En seguridad, el presupuesto por departamentos aumenta un 5,4%, hasta los 896 millones. El Gobierno mantiene como horizonte una Ertzaintza de 8.000 agentes en 2030. Es una meta relevante, pero requiere una ruta anual: cuántos agentes se incorporarán, cuánto costará su formación y qué medios se destinarán a mejorar una respuesta policial que el propio Ejecutivo cuestiona una y otra vez. Las cuentas deben servir para que esa promesa pueda seguirse ejercicio a ejercicio, no solo repetirse al presentar el proyecto.
La financiación también aconseja prudencia. Las aportaciones de las diputaciones forales suman 15.126 millones, el 85,8% del total de ingresos de la Administración General. Es el cauce institucional propio de la financiación vasca y no debe confundirse con una transferencia discrecional. Pero el volumen hace especialmente importante conocer los supuestos de recaudación de los que depende el presupuesto y qué margen tendría el Ejecutivo ante una desviación. El proyecto prevé, además, 1.477 millones de endeudamiento bruto, amortiza 843,5 millones y registra una necesidad de financiación de 542,2 millones. No se trata de anunciar una crisis, sino de recordar que un presupuesto récord también compromete ingresos futuros y debe explicitar con rigor sus riesgos.
La promoción del euskera cuenta con 142,6 millones, un 5,1% más. Esa partida debe examinarse con la misma exigencia que cualquier otra política pública: qué programas financia, qué resultados persigue y cómo garantiza que la actuación institucional respete la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos. La lengua y la cultura forman parte de la vida vasca; su defensa identitaria no convierte automáticamente cada gasto en intocable ni exime al Gobierno de rendir cuentas. En una sociedad plural, la política lingüística debe servir a los ciudadanos y evitar que la identidad fanática se transforme en una barrera de acceso o en un criterio de exclusión.
El proyecto tiene una virtud evidente: muestra que Euskadi dispone de una capacidad presupuestaria considerable para sostener servicios públicos e impulsar proyectos económicos. Pero esa capacidad no es un cheque en blanco para ampliar sin explicación el gasto corriente, ni una licencia para presentar como inversión efectiva todo recurso que se canalice mediante transferencias, fondos o instrumentos de financiación. El dinero público procede de los contribuyentes, directa o indirectamente, y su uso exige prioridades nítidas, eficiencia y evaluación.
Por eso, el Parlamento no debería limitarse a negociar nuevas partidas o a disputar quién obtiene una cifra mayor. Debe exigir al Gobierno la publicación de objetivos anuales para vivienda, sanidad, educación y seguridad; el desglose del crecimiento de las plantillas y de los contratos externos; una explicación completa de la inversión directa y de la inversión canalizada; y una evaluación de la ejecución de los presupuestos anteriores. Sin esa información, el ciudadano solo recibe la cifra récord y la promesa de que todo mejorará.
Un presupuesto de futuro no es el que más gasta, sino el que permite comprobar qué cambia gracias a ese gasto. En estas cuentas, el crecimiento de las nóminas y del funcionamiento está perfectamente cuantificado. La mejora concreta de los servicios, el número de viviendas que se entregarán y el rendimiento de las inversiones todavía necesitan la misma precisión. Hasta que el Gobierno la aporte, los 17.629 millones serán una cifra histórica; el progreso que anuncia seguirá siendo una promesa.
El Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi para 2027 inició hace unas semanas su recorrido parlamentario tras su entrega formal a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, por parte del consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou.
El proyecto eleva el gasto ordinario, pero concentra el crecimiento en personal y funcionamiento. Vivienda, inversión efectiva y apoyo a las familias quedan bajo una pregunta esencial: qué resultados concretos obtendrán los ciudadanos a cambio de un esfuerzo público cada vez mayor.
El Gobierno nacionalsocialista Vasco ha vuelto a presentar un presupuesto récord como prueba de ambición y confianza en el futuro. Son 17.629 millones de euros para 2027, una cantidad que impresiona por su volumen y que el Ejecutivo vincula a la sanidad, la educación, la vivienda, la seguridad y la transformación económica. Pero un presupuesto no se juzga por el tamaño del titular. Se juzga por las prioridades que revela, por la calidad de sus previsiones y, sobre todo, por los resultados que permite exigir.
La primera cautela está en la propia comparación con el ejercicio anterior. El proyecto aumenta un 1,8% respecto al presupuesto total de 2026. El Gobierno defiende que el crecimiento comparable es del 7,6%, porque las cuentas del año pasado incluían 935 millones de endeudamiento extraordinario de la Alianza Financiera Vasca. La explicación contable existe; también la diferencia entre ambos mensajes. La ciudadanía tiene derecho a conocer siempre qué se compara: el presupuesto total aprobado o el presupuesto ordinario depurado de partidas extraordinarias. Si se habla de récord, debe explicarse con claridad qué parte del récord es crecimiento real del gasto y qué parte depende del criterio elegido para medirlo.
La estructura del gasto ofrece una respuesta menos deslumbrante que la propaganda institucional. El capítulo de personal crece un 10,7%, hasta los 3.315 millones; el funcionamiento de la Administración, un 10,5%, hasta los 5.631 millones; y las transferencias corrientes, un 6,4%, hasta los 5.456 millones. El gasto corriente aumenta así en más de 1.200 millones. El grueso del crecimiento sirve para sostener la actividad ordinaria de la Administración, sus nóminas, sus contratos y sus compromisos recurrentes.
Ese aumento merece una explicación mucho más precisa. El Gobierno prevé que la economía vasca crezca un 1,9% en 2027 y que el empleo avance un 1%. ¿Qué explica entonces que los gastos de personal suban un 10,7%? ¿Cuánto corresponde a nuevas incorporaciones, cuánto a incrementos salariales, cuánto a sustituciones y cuánto a cambios en la organización de los servicios? El incremento puede responder a necesidades reales, pero la Administración debe demostrarlo con datos. Cada euro añadido a la nómina pública tiene que traducirse en más capacidad de atención, mejor servicio o una respuesta más eficaz a los ciudadanos.
La misma exigencia se aplica al funcionamiento. Los trabajos realizados por empresas y profesionales aumentan un 30%; el material, los suministros y las comunicaciones, un 30,8%; y los arrendamientos y cánones, un 95,1%. Las cifras no prueban por sí solas un gasto injustificado: pueden existir contratos nuevos, necesidades excepcionales o bases de comparación reducidas. Precisamente por eso, el Gobierno debe publicar el detalle. En una Administración que pide más recursos, no basta con sumar partidas; hay que explicar qué se compra, a quién se contrata, qué servicio se obtiene y cómo se evaluará su calidad.
La inversión es el escaparate más atractivo del proyecto, aunque exige distinguir las magnitudes. Las inversiones reales de la Administración General ascienden a 483,6 millones, el 2,7% del presupuesto. Las transferencias de capital alcanzan 1.497,5 millones. Ambas partidas suman recursos de naturaleza distinta: una inversión ejecutada directamente por la Administración no es lo mismo que una transferencia a otra entidad o una ayuda cuyo resultado dependerá de terceros.
La propia memoria presupuestaria obliga a moderar el anuncio de una gran aceleración inversora. El conjunto de inversiones y transferencias de capital aumenta en 109,2 millones; al excluir el efecto de los créditos de gestión ferroviaria, el crecimiento se queda en 61,7 millones, un 3,4%. El aumento porcentual del capítulo de inversiones reales —un 23,2%— es llamativo, pero parte de una cantidad limitada y no puede presentarse, sin más desglose, como prueba de una transformación general de la inversión pública. El Gobierno debe explicar qué proyectos se ejecutarán, cuáles se encuentran ya en marcha y qué proporción del dinero se materializará en obras y servicios terminados durante 2027.
La vivienda es el ejemplo más evidente de la distancia que puede abrirse entre una prioridad anunciada y una consignación anual. El presupuesto departamental pasa de 482,2 a 504,1 millones: un aumento del 4,5%, inferior al crecimiento ordinario que proclama el Ejecutivo. El Gobierno destaca que los recursos destinados a vivienda se han duplicado durante la legislatura y anuncia un fondo capaz de movilizar 2.000 millones para promover 10.000 viviendas protegidas a lo largo de dos legislaturas. Pero movilizar financiación no equivale a consignar ese importe como gasto público ni a entregar viviendas a corto plazo.
La pregunta que importa a las familias no es cuánto capital podría movilizarse en varios años, sino cuántas viviendas se construirán en 2027, dónde estarán, cuándo podrán ocuparse y qué parte del plan cuenta ya con financiación y suelo disponible. Una meta a ocho años sirve para orientar una política; no sustituye a un calendario anual verificable.
Sanidad y educación concentran la mayor parte de los recursos, y sus partidas crecen. Nadie discute la importancia de ambos servicios. La cuestión es si el incremento presupuestario producirá mejoras que puedan medirse: menos listas de espera, más consultas atendidas, mayor estabilidad de las plantillas, mejores resultados escolares y más apoyo individualizado al alumnado. El Gobierno cita objetivos educativos como la comprensión lectora, las matemáticas, las ciencias y la atención personalizada. El Parlamento debe pedir plazos, indicadores y una evaluación pública de esos compromisos. Si no hay metas concretas, el aumento del gasto se convierte en una promesa imposible de auditar.
También resulta difícil conciliar la proclamada prioridad de jóvenes y familias con el crecimiento del 0,3% del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. El Gobierno afirma que destina 1.886 millones a políticas dirigidas específicamente a esos colectivos, pero esa cantidad reúne actuaciones dispersas en varios departamentos. Hace falta conocer qué medidas integra, qué fondos nuevos aporta y cuántas familias se beneficiarán. Una cifra agregada puede describir un esfuerzo transversal; también puede ocultar que no existe una política presupuestaria claramente identificable ni una forma sencilla de comprobar sus efectos.
En seguridad, el presupuesto por departamentos aumenta un 5,4%, hasta los 896 millones. El Gobierno mantiene como horizonte una Ertzaintza de 8.000 agentes en 2030. Es una meta relevante, pero requiere una ruta anual: cuántos agentes se incorporarán, cuánto costará su formación y qué medios se destinarán a mejorar una respuesta policial que el propio Ejecutivo cuestiona una y otra vez. Las cuentas deben servir para que esa promesa pueda seguirse ejercicio a ejercicio, no solo repetirse al presentar el proyecto.
La financiación también aconseja prudencia. Las aportaciones de las diputaciones forales suman 15.126 millones, el 85,8% del total de ingresos de la Administración General. Es el cauce institucional propio de la financiación vasca y no debe confundirse con una transferencia discrecional. Pero el volumen hace especialmente importante conocer los supuestos de recaudación de los que depende el presupuesto y qué margen tendría el Ejecutivo ante una desviación. El proyecto prevé, además, 1.477 millones de endeudamiento bruto, amortiza 843,5 millones y registra una necesidad de financiación de 542,2 millones. No se trata de anunciar una crisis, sino de recordar que un presupuesto récord también compromete ingresos futuros y debe explicitar con rigor sus riesgos.
La promoción del euskera cuenta con 142,6 millones, un 5,1% más. Esa partida debe examinarse con la misma exigencia que cualquier otra política pública: qué programas financia, qué resultados persigue y cómo garantiza que la actuación institucional respete la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos. La lengua y la cultura forman parte de la vida vasca; su defensa identitaria no convierte automáticamente cada gasto en intocable ni exime al Gobierno de rendir cuentas. En una sociedad plural, la política lingüística debe servir a los ciudadanos y evitar que la identidad fanática se transforme en una barrera de acceso o en un criterio de exclusión.
El proyecto tiene una virtud evidente: muestra que Euskadi dispone de una capacidad presupuestaria considerable para sostener servicios públicos e impulsar proyectos económicos. Pero esa capacidad no es un cheque en blanco para ampliar sin explicación el gasto corriente, ni una licencia para presentar como inversión efectiva todo recurso que se canalice mediante transferencias, fondos o instrumentos de financiación. El dinero público procede de los contribuyentes, directa o indirectamente, y su uso exige prioridades nítidas, eficiencia y evaluación.
Por eso, el Parlamento no debería limitarse a negociar nuevas partidas o a disputar quién obtiene una cifra mayor. Debe exigir al Gobierno la publicación de objetivos anuales para vivienda, sanidad, educación y seguridad; el desglose del crecimiento de las plantillas y de los contratos externos; una explicación completa de la inversión directa y de la inversión canalizada; y una evaluación de la ejecución de los presupuestos anteriores. Sin esa información, el ciudadano solo recibe la cifra récord y la promesa de que todo mejorará.
Un presupuesto de futuro no es el que más gasta, sino el que permite comprobar qué cambia gracias a ese gasto. En estas cuentas, el crecimiento de las nóminas y del funcionamiento está perfectamente cuantificado. La mejora concreta de los servicios, el número de viviendas que se entregarán y el rendimiento de las inversiones todavía necesitan la misma precisión. Hasta que el Gobierno la aporte, los 17.629 millones serán una cifra histórica; el progreso que anuncia seguirá siendo una promesa.
