Una huelga general extremaizquierdista contra la alternancia del Gobierno y contra la libertad de los españoles
La vicepresidenta segunda del Gobierno extremaizquierdista de Pedro Sánchez admite que la huelga es política y confiesa que le gustaría acudir de piquete. Pedro Sánchez la alienta dos días antes de las elecciones. A la luz de esas declaraciones, cuesta presentar el paro de mañana como una simple protesta sindical ajena a la batalla partidista
La huelga general convocada para mañana, 11 de noviembre, llega en vísperas de las elecciones generales del 29N y justo antes del comienzo de la campaña. No es un detalle menor: el presidente del Gobierno, el tirano Pedro Sánchez, ha alentado la movilización mientras advierte contra un eventual Ejecutivo del PP y Vox, y Yolanda Díaz ha reconocido sin rodeos que se trata de una huelga política. La vicepresidenta ha añadido que le gustaría participar como piquete, aunque su equipo se lo ha desaconsejado. Cuando quienes gobiernan se implican de ese modo en una huelga dirigida contra la oposición, la frontera entre protesta laboral y operación electoral queda seriamente comprometida.
No hay que fingir sorpresa: la propia vicepresidenta ha explicado que la huelga es política. Lo que sí resulta difícil de justificar es que el Gobierno la promocione contra quienes aspiran a sustituirlo, como si el Ejecutivo pudiera convocar a los trabajadores para advertirles de lo que ocurriría si votaran por sus adversarios. El miserable de Pedro Sánchez, siempre capaz de superarse a sí mismo en desvergüenza e iniquidad, ha utilizado la movilización para contraponer su proyecto al de PP y Vox a pocos días de las urnas. Eso no es neutralidad institucional. Es campaña electoral con la huelga como telón de fondo.
No hay que olvidar que este chiste de convocatoria procede de organizaciones con una implantación sindical que apenas representa al 10% de los trabajadores españoles. La OCDE sitúa la afiliación sindical española en el 12,5 % de los asalariados en 2023: aproximadamente uno de cada ocho. Ese dato no anula el derecho de huelga ni la representación obtenida por los sindicatos, pero sí obliga a tomar con cautela cualquier pretensión de hablar en nombre de toda la clase trabajadora. La huelga puede ser legal y, a la vez, carecer de un respaldo social tan amplio como proclaman sus promotores comegambas.
A esa distancia entre afiliación y pretensión de representación se suma la financiación pública. El BOE fijó para 2025 una convocatoria de hasta 32 millones de euros en subvenciones estatales a organizaciones sindicales por actividades sindicales, distribuida en proporción a su representatividad. Es legítimo financiar actividades de interés general; lo que no debería ser discutible es exigir transparencia, controles rigurosos y responsabilidad cuando se administra dinero público. Más aún cuando las centrales sindicales se convierten, de hecho, en aliada política del Gobierno que concede esas ayudas.
La exigencia de control no es una sospecha abstracta. El Tribunal Supremo ha confirmado que UGT Andalucía debe reintegrar 18,3 millones de euros vinculados a subvenciones para cursos de formación y, en otro procedimiento, ha rechazado un recurso relativo a otros 8,8 millones. Además, sigue pendiente el recurso relacionado con una causa penal en la que varios antiguos dirigentes fueron condenados y el sindicato figura como responsable civil subsidiario. Son resoluciones y procedimientos concretos, que no autorizan a imputar delitos a todos los sindicatos ni a todos sus miembros, pero sí hacen ineludible preguntar con qué autoridad moral se presentan algunas organizaciones como árbitros de la justicia social mientras malversan fondos públicos bajo la lupa de los tribunales.
La crisis de la vivienda existe y los salarios preocupan. Pero esos problemas no convierten en sensata cualquier receta ni vuelven apolítica cualquier convocatoria. Los sindicatos comunistas, independentistas y proetarras plantean controles de alquiler, restricciones a la propiedad y un salario mínimo propio de 1.500 euros. Son propuestas que en su mayor parte no pasan de ser ensoñaciones socialistas y que deben discutirse por sus efectos, sus costes y sus consecuencias sobre la oferta de vivienda, el empleo y las pequeñas empresas. Una huelga general no demuestra que esas medidas funcionen; solo demuestra que sus convocantes quieren imponerlas a machamartillo en el centro de su particular agenda.
Mañana pagarán también el coste quienes no secunden el paro: trabajadores que pierdan parte de su salario, familias que deban reorganizar sus cuidados y ciudadanos que encuentren reducidos servicios esenciales. En el País Vasco, el Ejecutivo nacionalsocialista ha fijado servicios mínimos para sectores como la sanidad, la educación y el transporte; en este último, se mantendrá el 30 % de los servicios ordinarios durante las franjas afectadas. Los servicios mínimos son necesarios, pero no borran la factura de una jornada de paralización general.
La huelga pertenece a los trabajadores, no a l,os sindicatos y mucho menos al Gobierno islamoizquierdista de Pedro Sánchez. Por eso resulta tan revelador que el presidente la aliente en precampaña y que su vicepresidenta la reivindique como política mientras fantasea con sumarse a los piquetes. Si se convoca para defender derechos laborales, que se explique con claridad qué reivindicaciones concretas se persiguen y cómo se alcanzarán. Si se utiliza para advertir contra la alternancia y movilizar al electorado frente a la oposición, que nadie la disfrace de protesta espontánea y ajena a los partidos.
Este 11N no va a construir las viviendas que faltan, ni a resolver por sí solo los salarios bajos. Sí puede servir, en cambio, para que de una forma vergonzante el Gobierno socialista intente convertir una jornada sindical en un acto más de su campaña electoral. Esa es la contradicción que los convocantes no han despejado y que sus propios dirigentes han dejado a la vista.
La vicepresidenta segunda del Gobierno extremaizquierdista de Pedro Sánchez admite que la huelga es política y confiesa que le gustaría acudir de piquete. Pedro Sánchez la alienta dos días antes de las elecciones. A la luz de esas declaraciones, cuesta presentar el paro de mañana como una simple protesta sindical ajena a la batalla partidista
La huelga general convocada para mañana, 11 de noviembre, llega en vísperas de las elecciones generales del 29N y justo antes del comienzo de la campaña. No es un detalle menor: el presidente del Gobierno, el tirano Pedro Sánchez, ha alentado la movilización mientras advierte contra un eventual Ejecutivo del PP y Vox, y Yolanda Díaz ha reconocido sin rodeos que se trata de una huelga política. La vicepresidenta ha añadido que le gustaría participar como piquete, aunque su equipo se lo ha desaconsejado. Cuando quienes gobiernan se implican de ese modo en una huelga dirigida contra la oposición, la frontera entre protesta laboral y operación electoral queda seriamente comprometida.
No hay que fingir sorpresa: la propia vicepresidenta ha explicado que la huelga es política. Lo que sí resulta difícil de justificar es que el Gobierno la promocione contra quienes aspiran a sustituirlo, como si el Ejecutivo pudiera convocar a los trabajadores para advertirles de lo que ocurriría si votaran por sus adversarios. El miserable de Pedro Sánchez, siempre capaz de superarse a sí mismo en desvergüenza e iniquidad, ha utilizado la movilización para contraponer su proyecto al de PP y Vox a pocos días de las urnas. Eso no es neutralidad institucional. Es campaña electoral con la huelga como telón de fondo.
No hay que olvidar que este chiste de convocatoria procede de organizaciones con una implantación sindical que apenas representa al 10% de los trabajadores españoles. La OCDE sitúa la afiliación sindical española en el 12,5 % de los asalariados en 2023: aproximadamente uno de cada ocho. Ese dato no anula el derecho de huelga ni la representación obtenida por los sindicatos, pero sí obliga a tomar con cautela cualquier pretensión de hablar en nombre de toda la clase trabajadora. La huelga puede ser legal y, a la vez, carecer de un respaldo social tan amplio como proclaman sus promotores comegambas.
A esa distancia entre afiliación y pretensión de representación se suma la financiación pública. El BOE fijó para 2025 una convocatoria de hasta 32 millones de euros en subvenciones estatales a organizaciones sindicales por actividades sindicales, distribuida en proporción a su representatividad. Es legítimo financiar actividades de interés general; lo que no debería ser discutible es exigir transparencia, controles rigurosos y responsabilidad cuando se administra dinero público. Más aún cuando las centrales sindicales se convierten, de hecho, en aliada política del Gobierno que concede esas ayudas.
La exigencia de control no es una sospecha abstracta. El Tribunal Supremo ha confirmado que UGT Andalucía debe reintegrar 18,3 millones de euros vinculados a subvenciones para cursos de formación y, en otro procedimiento, ha rechazado un recurso relativo a otros 8,8 millones. Además, sigue pendiente el recurso relacionado con una causa penal en la que varios antiguos dirigentes fueron condenados y el sindicato figura como responsable civil subsidiario. Son resoluciones y procedimientos concretos, que no autorizan a imputar delitos a todos los sindicatos ni a todos sus miembros, pero sí hacen ineludible preguntar con qué autoridad moral se presentan algunas organizaciones como árbitros de la justicia social mientras malversan fondos públicos bajo la lupa de los tribunales.
La crisis de la vivienda existe y los salarios preocupan. Pero esos problemas no convierten en sensata cualquier receta ni vuelven apolítica cualquier convocatoria. Los sindicatos comunistas, independentistas y proetarras plantean controles de alquiler, restricciones a la propiedad y un salario mínimo propio de 1.500 euros. Son propuestas que en su mayor parte no pasan de ser ensoñaciones socialistas y que deben discutirse por sus efectos, sus costes y sus consecuencias sobre la oferta de vivienda, el empleo y las pequeñas empresas. Una huelga general no demuestra que esas medidas funcionen; solo demuestra que sus convocantes quieren imponerlas a machamartillo en el centro de su particular agenda.
Mañana pagarán también el coste quienes no secunden el paro: trabajadores que pierdan parte de su salario, familias que deban reorganizar sus cuidados y ciudadanos que encuentren reducidos servicios esenciales. En el País Vasco, el Ejecutivo nacionalsocialista ha fijado servicios mínimos para sectores como la sanidad, la educación y el transporte; en este último, se mantendrá el 30 % de los servicios ordinarios durante las franjas afectadas. Los servicios mínimos son necesarios, pero no borran la factura de una jornada de paralización general.
La huelga pertenece a los trabajadores, no a l,os sindicatos y mucho menos al Gobierno islamoizquierdista de Pedro Sánchez. Por eso resulta tan revelador que el presidente la aliente en precampaña y que su vicepresidenta la reivindique como política mientras fantasea con sumarse a los piquetes. Si se convoca para defender derechos laborales, que se explique con claridad qué reivindicaciones concretas se persiguen y cómo se alcanzarán. Si se utiliza para advertir contra la alternancia y movilizar al electorado frente a la oposición, que nadie la disfrace de protesta espontánea y ajena a los partidos.
Este 11N no va a construir las viviendas que faltan, ni a resolver por sí solo los salarios bajos. Sí puede servir, en cambio, para que de una forma vergonzante el Gobierno socialista intente convertir una jornada sindical en un acto más de su campaña electoral. Esa es la contradicción que los convocantes no han despejado y que sus propios dirigentes han dejado a la vista.
