El programa electral de el PP, titulado "Reconstrucción Nacional" y articulado en cuatro grandes objetivos, combina reformas institucionales, endurecimiento de la política migratoria, construcción de un millón de viviendas, rebajas fiscales y cambios en educación, sanidad y energía

El Partido Popular presenta su programa para las próximas elecciones como un proyecto de «reconstrucción nacional» basado en cuatro propósitos: reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la Nación y recuperar la ambición económica y social de España. El documento, de 82 páginas, reúne 249 compromisos y plantea reformas para una legislatura post-Sánchez, con algunas medidas que el partido promete iniciar durante los primeros cien días de Gobierno. Entre ellas figuran una auditoría general de la Administración y del gasto público y la tramitación de la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares.

La primera parte del programa se centra en la reorganización del Estado. El PP propone auditar contratos, subvenciones, ayudas y organismos públicos para determinar qué gastos deben mantenerse, corregirse o eliminarse. También plantea reducir el número de ministerios, altos cargos y asesores, fusionar organismos con funciones duplicadas y fijar una fecha de caducidad para las nuevas agencias y fundaciones estatales, cuya continuidad tendría que ser aprobada por las Cortes.

El plan contempla revisar anualmente los programas de gasto y retirar financiación a los que no alcancen sus objetivos. A esa revisión se sumaría un compromiso de reducción de la deuda conforme a las reglas europeas y la ampliación de las competencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En materia administrativa, el programa propone que cada nueva norma vaya acompañada de la eliminación de tres regulaciones vigentes y fija para antes de 2029 una reducción del 25% de las cargas administrativas generales y del 35% para las pequeñas y medianas empresas.

La seguridad y el control de las fronteras ocupan otro espacio destacado. El PP plantea reforzar la frontera sur, aumentar los agentes destinados a ella y centralizar la coordinación de la política migratoria. El documento defiende que el asilo se reserve a quienes cumplan los requisitos para obtener protección internacional y que la inmigración legal se ajuste a las necesidades del país y a su capacidad de integración. También propone impedir las regularizaciones extraordinarias, ejecutar las órdenes de retorno y expulsar a los extranjeros que delincan, en los términos previstos por el programa.

La propuesta vincula la residencia en España a un compromiso de integración y al cumplimiento de deberes cívicos. Entre otras medidas, incluye la exigencia de conocimientos de español y de la cultura y las instituciones españolas para determinados procedimientos de nacionalidad, así como la revisión de los requisitos para obtenerla. El texto también plantea medidas contra la multirreincidencia, el crimen organizado y las bandas juveniles, junto con mayores recursos para las fuerzas de seguridad y una respuesta penal más dura ante ciertos delitos y alteraciones violentas del orden público.

Reformas institucionales y unidad territorial

El segundo eje, dedicado a la regeneración democrática, reúne propuestas sobre el funcionamiento de las instituciones y la elaboración de las leyes. El PP plantea reforzar la independencia de la Fiscalía, modificar el sistema de elección de los vocales judiciales para que los jueces elijan a los jueces y revisar el papel del Tribunal Constitucional. También propone limitar las prórrogas presupuestarias y establecer nuevas garantías para que el Gobierno se someta al control parlamentario.

El programa incluye medidas de transparencia sobre los pactos de gobierno, los gastos públicos y la información oficial. Propone reformar organismos como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), reforzar el control del Tribunal de Cuentas y poner límites temporales a los secretos oficiales. En materia de financiación pública, promete que las ayudas y subvenciones no se renueven automáticamente y que se publiquen los criterios utilizados para concederlas.

La unidad de España aparece como uno de los asuntos centrales del apartado dedicado a «reunir a la Nación». El documento defiende una ciudadanía común y rechaza que la igualdad entre españoles sea objeto de negociación política. En esa línea, propone revisar el sistema de financiación autonómica, mantener un modelo común y exigir que cada comunidad responda por sus cuentas. También plantea reforzar la coordinación estatal en ámbitos como la educación, la sanidad y las infraestructuras.

En materia cultural y lingüística, el PP propone que el castellano vuelva a ser la lengua común de la enseñanza y garantizar el derecho de las familias a recibir educación en esa lengua. El programa anuncia la derogación de la Ley de Memoria Democrática y plantea cambios en la enseñanza de la historia, además de medidas contra los homenajes a miembros de ETA condenados por terrorismo. El texto defiende también una mayor protección de las víctimas del terrorismo y una política cultural que, según sus términos, corrija los sesgos ideológicos en las instituciones públicas.

La inversión en infraestructuras se orientaría, de acuerdo con el documento, a recuperar primero el mantenimiento y la seguridad de las redes existentes. El programa menciona de forma expresa la red ferroviaria, la alta velocidad, las carreteras, los puertos y los aeropuertos, además de la conectividad digital. También propone un Pacto Nacional del Agua para modernizar embalses y conducciones, renovar regadíos y ampliar el aprovechamiento de agua depurada y la desalación allí donde sea necesaria.

Vivienda, impuestos y apoyo a las familias

La vivienda constituye una de las principales promesas económicas: el PP plantea construir un millón de viviendas y movilizar suelo público y privado mediante acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos. Para acelerar los proyectos, propone una nueva Ley del Suelo, reducir trámites urbanísticos, permitir cambios de uso de oficinas y locales y resolver las licencias de obra nueva y rehabilitación en un máximo de tres meses. El programa incluye además incentivos a la vivienda industrializada y a la rehabilitación de edificios.

El documento propone derogar la Ley de Vivienda, eliminar las zonas tensionadas y suprimir el índice de precios del alquiler. Para los jóvenes, plantea reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda nueva para menores de 40 años y ampliar los avales públicos para cubrir parte de la entrada hipotecaria. Añade una cuenta de ahorro con ventajas fiscales para la compra de vivienda y un incentivo a los propietarios que renueven por tres años el contrato de un inquilino, con una subida inferior al IPC.

En relación con la ocupación ilegal, el PP propone que el propietario pueda recuperar su vivienda en 48 horas por orden judicial, reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades puedan solicitar el desalojo y endurecer las penas contra las mafias que promuevan estas ocupaciones. Son compromisos que exigirían cambios legales y cuya aplicación dependería de la tramitación parlamentaria y judicial correspondiente.

El programa incluye rebajas fiscales para rentas medias y bajas, familias, autónomos y jóvenes. Entre las medidas anunciadas figuran reducir el IVA de los alimentos básicos, elevar los mínimos personales y familiares del IRPF y rebajar la tributación de las empresas que reinviertan sus beneficios. También propone que los jóvenes no paguen IRPF durante su primer año de trabajo y dispongan de una reducción durante el segundo, además de eliminar determinados impuestos que, a juicio del partido, frenan la inversión y la transmisión de empresas familiares.

Para los autónomos, el texto plantea eliminar la cuota de la Seguridad Social durante el primer año de actividad y durante el segundo si los ingresos no alcanzan el salario mínimo. Los trabajadores por cuenta propia que facturen menos de 85.000 euros no tendrían que cobrar ni declarar el IVA, según la propuesta. El programa prevé, además, simplificar las declaraciones tributarias, bonificar la contratación de los primeros trabajadores y ampliar la protección por enfermedad o cese de actividad.

Las familias recibirían ayudas fiscales mensuales y mayores mínimos familiares. El PP propone ampliar los permisos por nacimiento, extender los horarios flexibles y financiar junto con las comunidades autónomas la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años al final de la legislatura. El documento incluye apoyos específicos a las familias monoparentales y vulnerables y medidas para combatir la pobreza infantil. También propone prohibir las cuentas de redes sociales a los menores de 14 años y exigir autorización paterna hasta los 16.

Cambios en educación, sanidad y energía

En educación, el PP plantea sustituir la LOMLOE por un nuevo marco acordado con docentes, familias y expertos. Fija como objetivo que todos los alumnos terminen Primaria con un nivel adecuado de lectura y cálculo y que España obtenga su mejor resultado histórico en las pruebas PISA en cuatro años. Para ello promete refuerzos tempranos, más exigencia para pasar de curso y un protocolo nacional contra el acoso escolar.

El programa propone elevar el prestigio y la autoridad del profesorado, ampliar la Formación Profesional en sectores con demanda laboral y reforzar la FP dual. También defiende la elección de centro por parte de las familias, la continuidad de los conciertos educativos donde exista demanda y la permanencia de los centros de educación especial.

En sanidad, el documento plantea un pacto de Estado con las comunidades autónomas para reducir las listas de espera y garantizar la financiación del sistema público. Promete incorporar al menos 4.500 médicos más a la Atención Primaria y mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. En salud mental, anuncia un plan nacional para el periodo 2027-2037, con más profesionales y medidas específicas para la infancia, la adolescencia, la prevención del suicidio y los trastornos mentales graves.

El PP también propone aprobar una ley nacional de cuidados paliativos, establecer deducciones fiscales para familias con pacientes de enfermedades graves y acelerar el acceso a nuevos tratamientos. En política energética, se compromete a eliminar el calendario de cierre de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo, siempre con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear. El programa apuesta por combinar energía nuclear, renovables y almacenamiento, y plantea suprimir el impuesto del 7% a la producción eléctrica y crear una tarifa social única para los hogares vulnerables.

En política exterior, el PP propone que las principales decisiones se sometan a mayor control parlamentario y que España recupere peso en las instituciones europeas. El programa defiende mantener el apoyo a Ucrania mientras dure la agresión rusa, proteger los intereses españoles en el Magreb y dar prioridad a la frontera sur. También plantea defender los fondos europeos destinados a la Política Agraria Común y a la cohesión, reforzar las relaciones con Iberoamérica y Estados Unidos y reducir la dependencia exterior en sectores estratégicos como la energía, los medicamentos, las materias primas y la tecnología.