La Guardia Civil reclama al Tribunal de Cuentas más información para investigar la presunta financiación ilegal del PSOE
Los agentes han detectado discrepancias al cotejar la documentación del organismo fiscalizador con los datos aportados por el partido, dentro de una investigación de la Audiencia Nacional que continúa bajo secreto
![[Img #31469]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2026/8814_screenshot-2026-11-12-at-15-11-36-tribunal-de-cuentas-espana-buscar-con-google.png)
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido al Tribunal de Cuentas para recabar documentación adicional sobre las donaciones recibidas por el PSOE. La actuación se produce después de que los investigadores detectaran discrepancias al comparar los datos que ya tenían con la información remitida por el órgano fiscalizador.
La diligencia se enmarca en una pieza separada del caso Koldo que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y que permanece bajo secreto. En ella se investigan los pagos en efectivo realizados por el PSOE para reembolsar gastos adelantados por cargos y trabajadores del partido, así como posibles irregularidades contables. La investigación se inició después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente señalara dudas sobre algunas liquidaciones de gastos relacionadas con José Luis Ábalos y Koldo García.
El magistrado pidió al PSOE la relación de pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, junto con los documentos que los justificaban. El partido entregó esa información en diciembre de 2025, y la UCO ha estado contrastándola con la documentación del Tribunal de Cuentas. Según fuentes próximas a la investigación citadas por varios medios, las nuevas solicitudes se centran especialmente en las donaciones recibidas en 2017, año en que Pedro Sánchez ganó las primarias del PSOE.
La petición de nuevos documentos busca aclarar esas diferencias entre los registros disponibles. Por ahora, la causa sigue abierta y bajo secreto; la existencia de discrepancias está siendo investigada y no equivale, por sí misma, a una conclusión judicial sobre una financiación ilegal del partido.
Los agentes han detectado discrepancias al cotejar la documentación del organismo fiscalizador con los datos aportados por el partido, dentro de una investigación de la Audiencia Nacional que continúa bajo secreto
![[Img #31469]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2026/8814_screenshot-2026-11-12-at-15-11-36-tribunal-de-cuentas-espana-buscar-con-google.png)
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido al Tribunal de Cuentas para recabar documentación adicional sobre las donaciones recibidas por el PSOE. La actuación se produce después de que los investigadores detectaran discrepancias al comparar los datos que ya tenían con la información remitida por el órgano fiscalizador.
La diligencia se enmarca en una pieza separada del caso Koldo que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y que permanece bajo secreto. En ella se investigan los pagos en efectivo realizados por el PSOE para reembolsar gastos adelantados por cargos y trabajadores del partido, así como posibles irregularidades contables. La investigación se inició después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente señalara dudas sobre algunas liquidaciones de gastos relacionadas con José Luis Ábalos y Koldo García.
El magistrado pidió al PSOE la relación de pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, junto con los documentos que los justificaban. El partido entregó esa información en diciembre de 2025, y la UCO ha estado contrastándola con la documentación del Tribunal de Cuentas. Según fuentes próximas a la investigación citadas por varios medios, las nuevas solicitudes se centran especialmente en las donaciones recibidas en 2017, año en que Pedro Sánchez ganó las primarias del PSOE.
La petición de nuevos documentos busca aclarar esas diferencias entre los registros disponibles. Por ahora, la causa sigue abierta y bajo secreto; la existencia de discrepancias está siendo investigada y no equivale, por sí misma, a una conclusión judicial sobre una financiación ilegal del partido.





















