Según la Fiscalía de Álava
Hiriko, el gran proyecto industrial impulsado por el PNV, fue creado para “distraer fondos públicos”
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El fiscal jefe de Álava, Jesús María Izaguirre, ha interpuesto una querella criminal a los responsables del proyecto Hiriko, a los que acusa de idear un plan que, “con el pretexto de poner en marcha un proyecto para la construcción de un vehículo eléctrico que iba a ser sufragado en su práctica totalidad con cargo a fondos públicos, conseguir distraer parte de dichos fondos en su propio beneficio”.
Concretamente, la querella va dirigida contra Jesús María Pancracio Echave, Fernando Achaerandio, Francisco Javier Calera, Iñigo Antia, José Luis Bengoetxea y José Barreira y la asociación sin ánimo de lucro Afypaida. (Leer íntegramente la querella de la Fiscalía al final de esta información)
La fiscalía acusa a los seis implicados, todos ellos ligados en diferentes grados de relación con el PNV, de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales. En concreto, estima que idearon un entramado societario que facilitase ese objetivo de “distraer fondos públicos en su propio beneficio. Además, precisa que fueron posteriormente modificando ese entramado conforme a las necesidades que surgían en el desarrollo del proyecto.
La Fiscalía añade que “en el caso de que el proyecto resultase exitoso, todos los beneficios revertirían en los querellados o las personas físicas o jurídicas que ellos dedicieran”, mientras que “en caso de que el proyecto resultase un fracaso, las Administraciones públicas, que financiaban prácticamente en exclusiva el proyecto, no podrían recuperar los fondos invertidos”. El Ministerio Fiscal recuerda que entre la financiación pública recibida por el proyecto Hiriko destacó la procedente del entonces denominado Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigido por Cristina Garmendia, del que recibió más de 14,7 millones de euros entre los años 2010 y 2011, mientras que del Gobierno vasco recibió casi un millón de euros más a través de diversos programas.
En la querella, Izaguirre acusa a uno de los responsables del proyecto de idear un sistema para “dar apariencia de legalidad” al arrendamiento de un local de su propiedad que iba a ser sede del proyecto Hiriko. Asimismo, estima que, con ese mismo fin de “desviar” fondos públicos “a favor a sus intereses”, contrató obras para la reforma del local “que no eran necesarias para la real actividad a la que se dedicó el mismo” y que “supusieron un enriquecimiento injusto” del querellado y de las sociedades a él vinculadas.
El escrito de la Fiscalía denuncia hasta cuatro pagos “indebidos” para cuestiones como la adquisición de un prototipo a Epsilon Euskadi o la prestación de servicios. También señala transferencias “irregulares” de fondos, y abonos de servicios contratados y no prestados. Entre estos últimos, menciona pagos por circuitos electrónicos que no se hicieron y por la fabricación de ruedas que tampoco se realizaron.
Hay que recordar que Hiriko fue uno de los proyectos tecnológicos estrella del PNV y de la industria vasca de los últimos años y consistía en la fabricación de un vehículo eléctrico biplaza plegable con tracción y dirección a las cuatro ruedas. Sus promotores fueron un grupo de empresarios alaveses en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). El proyecto fracasó y los planes para comenzar la fabricación del coche tuvieron que ser suspendidos por falta de financiación. De este hecho se derivó la pérdida de los casi 18 millones de euros de dinero público recibido a través de subvenciones: 15 millones de euros procedentes del Gobierno de España, entonces bajo la tutela de José Luis Rodríguez Zapatero que negoció con el PNV la concesión la ayuda, y 2,7 millones de euros del Gobierno vasco, presidido por Juan José Ibarretxe.
Este hecho llevó al Parlamento Vasco a investigar la concesión y uso de este dinero público. Una comisión analizó el caso junto al también fallido proyecto Epsilon y concluyó que Hiriko fue financiado casi en su totalidad con recursos públicos y que las patentes fruto de la investigación e innovación pagada con esos recursos “corren el riesgo de quedar en manos privadas”.
El fiscal jefe de Álava, Jesús María Izaguirre, ha interpuesto una querella criminal a los responsables del proyecto Hiriko, a los que acusa de idear un plan que, “con el pretexto de poner en marcha un proyecto para la construcción de un vehículo eléctrico que iba a ser sufragado en su práctica totalidad con cargo a fondos públicos, conseguir distraer parte de dichos fondos en su propio beneficio”.
Concretamente, la querella va dirigida contra Jesús María Pancracio Echave, Fernando Achaerandio, Francisco Javier Calera, Iñigo Antia, José Luis Bengoetxea y José Barreira y la asociación sin ánimo de lucro Afypaida. (Leer íntegramente la querella de la Fiscalía al final de esta información)
La fiscalía acusa a los seis implicados, todos ellos ligados en diferentes grados de relación con el PNV, de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales. En concreto, estima que idearon un entramado societario que facilitase ese objetivo de “distraer fondos públicos en su propio beneficio. Además, precisa que fueron posteriormente modificando ese entramado conforme a las necesidades que surgían en el desarrollo del proyecto.
La Fiscalía añade que “en el caso de que el proyecto resultase exitoso, todos los beneficios revertirían en los querellados o las personas físicas o jurídicas que ellos dedicieran”, mientras que “en caso de que el proyecto resultase un fracaso, las Administraciones públicas, que financiaban prácticamente en exclusiva el proyecto, no podrían recuperar los fondos invertidos”. El Ministerio Fiscal recuerda que entre la financiación pública recibida por el proyecto Hiriko destacó la procedente del entonces denominado Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigido por Cristina Garmendia, del que recibió más de 14,7 millones de euros entre los años 2010 y 2011, mientras que del Gobierno vasco recibió casi un millón de euros más a través de diversos programas.
En la querella, Izaguirre acusa a uno de los responsables del proyecto de idear un sistema para “dar apariencia de legalidad” al arrendamiento de un local de su propiedad que iba a ser sede del proyecto Hiriko. Asimismo, estima que, con ese mismo fin de “desviar” fondos públicos “a favor a sus intereses”, contrató obras para la reforma del local “que no eran necesarias para la real actividad a la que se dedicó el mismo” y que “supusieron un enriquecimiento injusto” del querellado y de las sociedades a él vinculadas.
El escrito de la Fiscalía denuncia hasta cuatro pagos “indebidos” para cuestiones como la adquisición de un prototipo a Epsilon Euskadi o la prestación de servicios. También señala transferencias “irregulares” de fondos, y abonos de servicios contratados y no prestados. Entre estos últimos, menciona pagos por circuitos electrónicos que no se hicieron y por la fabricación de ruedas que tampoco se realizaron.
Hay que recordar que Hiriko fue uno de los proyectos tecnológicos estrella del PNV y de la industria vasca de los últimos años y consistía en la fabricación de un vehículo eléctrico biplaza plegable con tracción y dirección a las cuatro ruedas. Sus promotores fueron un grupo de empresarios alaveses en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). El proyecto fracasó y los planes para comenzar la fabricación del coche tuvieron que ser suspendidos por falta de financiación. De este hecho se derivó la pérdida de los casi 18 millones de euros de dinero público recibido a través de subvenciones: 15 millones de euros procedentes del Gobierno de España, entonces bajo la tutela de José Luis Rodríguez Zapatero que negoció con el PNV la concesión la ayuda, y 2,7 millones de euros del Gobierno vasco, presidido por Juan José Ibarretxe.
Este hecho llevó al Parlamento Vasco a investigar la concesión y uso de este dinero público. Una comisión analizó el caso junto al también fallido proyecto Epsilon y concluyó que Hiriko fue financiado casi en su totalidad con recursos públicos y que las patentes fruto de la investigación e innovación pagada con esos recursos “corren el riesgo de quedar en manos privadas”.
