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La Tribuna del País Vasco
Lunes, 16 de Noviembre de 2026 Tiempo de lectura:

La Iglesia acierta al diagnosticar la crisis, pero se equivoca cuando pide bajar la voz

El discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal contiene un diagnóstico valioso sobre la quiebra de la familia, la natalidad y la cultura común. Pero sus apelaciones vacías a la despolarización y su enfoque buenista y elitista de la inmigración y la economía revelan una distancia política que no conviene disimular

 

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha pronunciado un discurso que merece una lectura atenta y detallada. El propio arzobispo anuncia que no hablará directamente de los comicios. Pero sí entra de lleno en debates que hoy tienen una dimensión política evidente y que pesan a la hora de dirigirse a los colegios electorales. la familia, la natalidad, la ideología de género, la inmigración, la cultura, el poder económico y la libertad de las sociedades.

 

En varios de esos asuntos, el discurso acierta claramente. Y acierta porque pone nombre a problemas que demasiadas veces se evitan, se diluyen en fórmulas administrativas o se despachan como si plantearlos fuera ya una forma de intolerancia. Argüello describe una sociedad que pierde referencias compartidas, cuyos vínculos se debilitan y donde la cultura corre el riesgo de reducirse a códigos y normas cambiantes. Señala el descenso de los nacimientos, el retroceso del matrimonio, la fragilidad de la vida familiar y la dificultad creciente para transmitir una tradición civilizatoria. No son asuntos menores ni debates inventados: afectan a la continuidad de una sociedad y a la libertad real de sus ciudadanos.

 

También es pertinente su crítica a las llamadas bioideologías y a la pretensión de rehacer al ser humano mediante categorías políticas, tecnologías o imperativos sociales. El arzobispo denuncia la ideología de género y alerta sobre la expansión del transhumanismo y el poshumanismo. Su defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, así como su valoración del matrimonio y la familia, coincide con principios que Vox ha situado en el centro de su discurso público y de su programa electoral, junto con el apoyo a la natalidad y a las familias.

 

En este punto, la Iglesia no debería hablar con timidez. Una sociedad que celebra la libertad individual mientras hace cada vez más difícil formar una familia, criar hijos o proteger la vida vulnerable tiene una contradicción que merece ser señalada. El discurso de Argüello ofrece argumentos para hacerlo. Acierta al recordar que la libertad no consiste únicamente en emanciparse de todo vínculo y que la autonomía individual, elevada a principio absoluto, puede acabar dejando a las personas más solas y desprotegidas.

 

Pero el texto eclasial pierde firmeza cuando pasa del diagnóstico a la respuesta política. Argüello pide abandonar las «narrativas divisivas y polarizantes» y apreciar la complejidad. La llamada a no reducir al adversario a una caricatura es razonable; no lo es convertir la denuncia de una imposición ideológica socialista en una falta de concordia. Si hay políticas que la Iglesia considera contrarias a la vida, a la familia o a la dignidad humana, no basta con pedir diálogo: también debe mojarse, señalar con el dedo, nombrar a sus responsables, explicar sus consecuencias y reclamar que se reviertan.

 

La polarización no nace siempre de quienes denuncian una situación. A veces la produce la imposición de una agenda infernal que excluye del debate a quien disiente y presenta como ilegítima cualquier objeción. En esos casos, llamar a bajar el tono sin identificar la causa del conflicto puede terminar favoreciendo al poder que ya dispone de las instituciones, los recursos y la capacidad de fijar el lenguaje aceptable. La concordia no puede exigir silencio a quienes cuestionan políticas que consideran dañinas.

 

Algo parecido ocurre con la inmigración. El discurso reconoce que las migraciones forman parte de una transformación profunda del vínculo social y recoge la afirmación de León XIV de que la dignidad humana no depende del pasaporte. Esa consideración moral es indiscutible, pero argumentalmente se sitúa en el nivel del "caca, culo, pis". Y se olvida de declarar que que un Estado debe defender sus fronteras, aplicar las leyes y priorizar a sus ciudadanos en la organización de los servicios públicos. La dignidad de cada persona y la responsabilidad de un gobierno hacia su comunidad política no son principios incompatibles.

 

El texto de la Coferencia Episcopal menciona las migraciones entre los factores que han contribuido a la desterritorialización y al debilitamiento del Estado-nación, pero no desarrolla las consecuencias políticas de esa constatación. Ahí queda una cuestión sin resolver: si la erosión de las comunidades nacionales es parte del problema, ¿cómo se protegen la cohesión, la seguridad y la capacidad de decisión de los ciudadanos? Desde un punto de vista conservador e identitario se responde a esa preocupación con propuestas de control migratorio, repatriación de quienes se encuentran en situación irregular y prioridad nacional en determinadas ayudas y prestaciones. Se puede discutir la formulación y la aplicación de esas medidas; lo que no cabe es despachar la cuestión como si fuera únicamente un problema de lenguaje o de falta de acogida.

 

La crítica económica del discurso de la Iglesia también requiere matices. Argüello denuncia la mercantilización, la concentración del poder financiero y tecnológico y el dominio de una economía que parece no responder ante nadie. Es una advertencia atendible, sobre todo cuando las grandes plataformas y los nuevos centros de poder condicionan la vida pública sin rendir cuentas democráticas. Sin embargo, una crítica general al neoliberalismo puede confundir la libertad económica con los abusos de los oligopolios o con la captura de las instituciones por intereses particulares. Reducir burocracia, aliviar la presión fiscal y permitir que familias, trabajadores y empresas dispongan de más margen no equivale a someter la sociedad al dinero; puede ser también una forma de limitar el poder estatal y favorecer la iniciativa social.

 

El discurso, por tanto, contiene una aportación importante y una insuficiencia política. Acierta cuando advierte que la sociedad se desarraiga, que la familia pierde protección y que ciertas ideologías pretenden redefinir al ser humano desde el poder. Se vuelve menos convincente cuando parece temer más la confrontación que las causas que la provocan, cuando deja sin respuesta el problema de la soberanía y cuando su crítica económica no distingue suficientemente entre concentración de poder y libertad de mercado.

 

La Iglesia puede ofrecer mucho en este debate, pero su credibilidad dependerá de que no confunda la defensa de la paz con la renuncia a la verdad ni la acogida al inmigrante con la obligación de ignorar las responsabilidades del Estado. En lo que el discurso denuncia con claridad, hay motivos para coincidir. En lo que pide moderación sin concretar quién debe corregir qué, hay razones para discrepar. El diagnóstico abre una puerta; falta que la Iglesia, la misma iglesia que mantiene a curas etarras en sus parroquias, se atreva a cruzarla y a extraer todas sus consecuencias.

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