Le acusa de haber formado parte de "la clandestina Mesa Nacional de Batasuna"
Hasier Arraiz es un miembro de ETA, según la Fiscalía
![[Img #5758]](upload/img/periodico/img_5758.jpg)
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha pedido una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público para el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por el delito de integración en organización terrorista.
En el escrito de acusación que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el fiscal acusa a Arraiz al considerar que, desde octubre de 2005 hasta el año 2009, formó parte de "la clandestina Mesa Nacional de Batasuna", que de manera "coordinada" con la banda terrorista ETA intentó conseguir "la independencia de Euskalherria mediante la utilización de la violencia".
Calparsoro entiende que el parlamentario de Sortu tuvo participación en la estructura de Batasuna, después de su ilegalización, y que actuó "al servicio de las actividades y finalidades de ETA". En este sentido, el acusado tuvo una participación "activa y consciente, desde su responsabilidad en la estructura de la Batasuna clandestina reorganizada, de actuar al servicio" de ETA.
Calparsoro recuerda que en marzo de 2003, el Tribunal Supremo declaró ilegales a las organizaciones Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, en aplicación de la Ley de Partidos Políticos y diversos procesos penales declararon también la ilicitud de Herri Batasuna y de otras organizaciones de la izquierda abertzale como Gestoras pro Amnistía.
La Fiscalía explica que "los dirigentes del entramado integrado en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco crearon una sucesión de partidos políticos, agrupaciones e instituciones con la finalidad de perpetuar la estrategia diseñada por ETA, que sucedía a los anteriormente" ilegalizados.
"Durante el periodo señalado en el que el acusado perteneció a la Mesa Nacional de Batasuna se produjo, además de otros actos terroristas, una campaña del entramado Batasuna-ETA contra el Tren de Alta Velocidad", afirma el escrito de acusación.
En esa campaña, "ETA concretó sus amenazas por medio de diversas acciones violentas con explosivos contra maquinaria e instalaciones de empresas adjudicatarias" del TAV y cometió el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría, cuya empresa participaba en esas obras.
El escrito ha rebajado de diez años a seis años la duración de las penas de prisión e inhabilitación que anteriormente había solicitado para Arraiz la Fiscalía de la Audiencia Nacional, antes de pasar el caso al Superior vasco por su condición de aforado.
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha pedido una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público para el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por el delito de integración en organización terrorista.
En el escrito de acusación que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el fiscal acusa a Arraiz al considerar que, desde octubre de 2005 hasta el año 2009, formó parte de "la clandestina Mesa Nacional de Batasuna", que de manera "coordinada" con la banda terrorista ETA intentó conseguir "la independencia de Euskalherria mediante la utilización de la violencia".
Calparsoro entiende que el parlamentario de Sortu tuvo participación en la estructura de Batasuna, después de su ilegalización, y que actuó "al servicio de las actividades y finalidades de ETA". En este sentido, el acusado tuvo una participación "activa y consciente, desde su responsabilidad en la estructura de la Batasuna clandestina reorganizada, de actuar al servicio" de ETA.
Calparsoro recuerda que en marzo de 2003, el Tribunal Supremo declaró ilegales a las organizaciones Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, en aplicación de la Ley de Partidos Políticos y diversos procesos penales declararon también la ilicitud de Herri Batasuna y de otras organizaciones de la izquierda abertzale como Gestoras pro Amnistía.
La Fiscalía explica que "los dirigentes del entramado integrado en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco crearon una sucesión de partidos políticos, agrupaciones e instituciones con la finalidad de perpetuar la estrategia diseñada por ETA, que sucedía a los anteriormente" ilegalizados.
"Durante el periodo señalado en el que el acusado perteneció a la Mesa Nacional de Batasuna se produjo, además de otros actos terroristas, una campaña del entramado Batasuna-ETA contra el Tren de Alta Velocidad", afirma el escrito de acusación.
En esa campaña, "ETA concretó sus amenazas por medio de diversas acciones violentas con explosivos contra maquinaria e instalaciones de empresas adjudicatarias" del TAV y cometió el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría, cuya empresa participaba en esas obras.
El escrito ha rebajado de diez años a seis años la duración de las penas de prisión e inhabilitación que anteriormente había solicitado para Arraiz la Fiscalía de la Audiencia Nacional, antes de pasar el caso al Superior vasco por su condición de aforado.
