Unos cien yihadistas con nacionalidad española, sólo unos pocos españoles de origen, combaten, queman vivos, crucifican, decapitan, torturan, esclavizan, a quienes caen en sus manos en Siria, Irak y Libia, donde se forman como terroristas, y de donde algunos vuelven para matar masivamente aquí. 

Los dos grandes partidos hasta ahora, PP y PSOE, acaban de presentar un pacto contra el yihadismo, pero sin la demanda gubernamental inicial de privar de la nacionalidad a los islamistas que no son españoles de nacimiento. 

El PP se plegó a la exigencia socialista de mantenerlos como españoles, por ese progresismo que sería contrario si los terroristas fueran cristianos, cuando, para demostrar ejemplaridad, se les privaría de todo derecho. 

El Artículo 11 de la Constitución, dice que la nacionalidad española puede adquirirse, conservarse o perderse, aunque ningún nativo podrá ser privado de ella. 

Es suicida rechazar el control del terrorismo a través de la nacionalidad. No poseer la española hace fácilmente identificable al yihadista. Con lo que conservarla le facilita a los nacionalizados encubrirse para asesinar españoles. 

Por tanto, mantener la nacionalidad del yihadista es desarmarse legalmente, poner en peligro a todos nuestros conciudadanos. 

Y esto es una consecuencia del apaciguamiento zapateril, de la socialdemocracia sensiblera, del buenismo santurrón de tantas oenegés progresís y de curas santones, y de la cobardía contagiada al acomplejado PP. 

Otras democracias --francesa, británica, alemana, holandesa y en breve la australiana-- retiran la nacionalidad de los islamistas peligrosos, que al volver a ser inmigrantes pueden ser expulsados del país. 

Pero como los progresís españoles razonan que todos somos iguales, se regala la nacionalidad, cuando poseerla supone respetar historia y cultura multiseculares.

Los recién llegados, nacionalizados o no, deben proteger la España que los cobija, o tendrían que ser expulsados sin paliativos.