El Instituto de Historia Social Valentín de Foronda ha elaborado recientemente el informe “Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas (1968-2010)”. Este extenso trabajo, del que es autor Raúl López Romo, es uno de los más completos que se ha realizado hasta la fecha sobre el terrorismo en Euskadi y parte de la consideración de que a lo largo de más de cuarenta años el terrorismo ha constituido un factor de primera importancia en nuestra historia, “condicionando todas las dimensiones de la vida ciudadana”. Y, por ello, ha analizado los efectos de la violencia en Euskadi a lo largo de cuatro grandes etapas: franquismo, transición, consolidación democrática y “socialización del sufrimiento”.

El “Informe Foronda”, en sus consideraciones finales, explica que la consideración social de las víctimas del terrorismo ha variado significativamente a lo largo de dichas etapas. “Las primeras víctimas reconocidas como tales por una parte considerable de la sociedad vasca fueron las que provocó la dictadura franquista en relación con la actividad inicial de ETA y, en general, con las movilizaciones contra el régimen de todo tipo (laboral, ciudadano, político…). Las víctimas de esta banda no fueron tenidas en cuenta hasta muy tarde, aunque hubo quienes percibieron pronto la amenaza que suponía ETA para los derechos y las libertades (entre otros, algunos dirigentes del PNV durante el franquismo o los intelectuales que firmaron el manifiesto ‘Aún estamos a tiempo’, en 1980)”.

En su trabajo, Raúl López Tomo, que ha contado con la colaboración de los historiadores Luis Castells, José Antonio Pérez Pérez y Antonio Rivera, señala que, a pesar de nacer contra una dictadura, “el terrorismo de ETA fue más letal en democracia y, sobre todo, durante la convulsa y difícil época de la transición, en la que se enmarcó el inicio del autogobierno vasco. La empatía y adhesión pública a las víctimas del terrorismo de ETA fue, entonces, testimonial y reducida. Cuando aparecieron como tales, solo lo hicieron como posibles beneficiarias de una indemnización, sin apenas presencia o dimensión social ni política. Paralelamente, las víctimas de la ‘guerra sucia’ generaron numerosas muestras de respaldo en la calle, incluyendo constantes expresiones de apología del terrorismo. Fue sobre todo en esta etapa de la transición de la dictadura a la democracia cuando, por diversas razones, se asentó la cultura política que favoreció la perduración posterior de ETA”.

La segunda mitad de la década de 1980, añade la investigación, con el surgimiento de iniciativas de distinto signo, como el Pacto de Ajuria Enea o Gesto por la Paz, “fue importante para el crecimiento de la reacción social y política contra el terrorismo, viniera de donde viniera, y para la solidaridad con sus víctimas. En una sociedad tan castigada por la violencia como muchas veces insensible al padecimiento de los ‘otros’, se impulsó una cultura pacifista, que ponía en valor la condición humana y rechazaba el uso de la intimidación y el terror. Influyó en ello, entre otras cosas, el hartazgo hacia la brutalidad de los atentados, como los del Hipercor de Barcelona, la plaza de la República Dominicana de Madrid o la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. La percepción social de las víctimas y de los victimarios estaba cambiando y el nacionalismo vasco radical reaccionó ante esa evolución”.

“El planteamiento por este último sector a mediados de los noventa de la estrategia de ‘socialización del sufrimiento’ fue el corolario de la concepción maniquea y extremista que ETA y su entorno tenían de la política. También significó su declive cuando convirtieron en víctimas a segmentos cada vez más amplios de la sociedad. El punto de inflexión de la ciudadanía contra el terrorismo fue el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Ahora bien, las víctimas no se visibilizaron como actores sociales y políticos hasta comienzos del siglo XXI, durante el Gobierno de José María Aznar, cuando el terrorismo se convirtió en uno de los temas que más preocupaban a los españoles y que mayor dimensión adquirió, a diverso nivel, en la agenda política”.

Tras el anuncio del “cese definitivo” de la actividad de ETA, “los atentados han desaparecido de la escena pública y el terrorismo ha dejado de figurar entre las principales inquietudes de los ciudadanos. No obstante, dicho fenómeno no pertenece únicamente al pasado, puesto que sus consecuencias (las víctimas o los debates sobre cómo abordar el relato de lo sucedido) se proyectan constantemente sobre nuestro presente y futuro”. En este sentido, el Informe Foronda asume que “los historiadores somos los profesionales principalmente competentes para explicar con rigor cómo fue ese pasado a partir de las fuentes disponibles, sin perjuicio de las aportaciones que puedan realizar especialistas procedentes de otras disciplinas”.

La investigación de López Romo concreta el balance del terrorismo: 914 muertos en cuarenta y tres años, 845 a manos de ETA y organizaciones afines, que actuaron con particular intensidad en los años claves de la democratización, tras la dictadura franquista. Uno de cada tres o cuatro asesinatos de ETA (según la fuente) permanece a día de hoy sin esclarecer mediante sentencia de autor, igual que ocurre con un tercio de los asesinados por la extrema derecha o por grupos parapoliciales.

“Un 76% de los asesinatos de ETA carecieron de respuesta en forma de movilización social de protesta durante la transición (datos de 1979) y lo mismo ocurrió en un 82% de los casos durante la primera fase de la consolidación democrática (datos de 1984). Al contrario, todos los asesinatos de miembros de ETA contaron con réplicas en forma de huelgas y manifestaciones, incluyendo constantes expresiones de apología del terrorismo”.

“De los heridos en atentados de ETA y otras bandas afines, han sido un total de 2.533 personas las que han tenido acceso a indemnizaciones, sin contar un número indeterminado que no se ha beneficiado de las mismas por diversos motivos. De aquellas, 709 padecieron secuelas muy graves: gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total. Ochenta personas sufrieron secuestros de diferente duración, desde un día hasta 532 en el caso de José Antonio Ortega Lara. Nueve secuestrados acabaron asesinados y otros catorce fueron liberados por los terroristas tras recibir tiros de castigo en las piernas”.

El “Informe Foronda” revela que, solo entre 1971 y 2001, el Consorcio de Compensación de Seguros pagó 161.695.499 euros por daños personales y materiales provocados por el terrorismo. Hasta 2001, ETA recabó informaciones de un mínimo de quince mil individuos de diferentes sectores profesionales y procedencias geográficas. En un momento dado, en 2002, cerca de un millar de personas tuvieron que llevar escolta para proteger sus vidas. Una parte importante de la sociedad vasca ha estado coartada a la hora de participar en política y expresar libremente sus ideas.

El documento añade que para afianzar el conocimiento de estos aspectos y desarrollar el de otros es deseable y necesaria la iniciativa tanto privada como pública, en este último caso mediante políticas activas de investigación y difusión de nuestro pasado, de las que este informe es una muestra. “Como historiadores nuestra función no es indicar qué dirección debiera tomar dicha intervención pública, sino asesorar y valorar su adecuación rigurosa a los acontecimientos pretéritos. En este sentido, planteamos una serie de consideraciones finales, particularmente orientadas a las instituciones”.

•          Primera consideración: Evitar la relativización de las víctimas del terrorismo.

“Dignificar a las víctimas del terrorismo implica no considerarlas la consecuencia de una tragedia acaecida en la historia de forma inevitable o como producto de la mala suerte: fueron asesinadas y los responsables son sus victimarios, que tienen nombre y apellidos, y militaban en una u otra organización que cometía, y después reivindicaba, crímenes que tenían un carácter político; es decir, que iban dirigidos a imponer un determinado proyecto de poder. En este sentido, cualquier política pública debe descalificar a los perpetradores y evitar la rehabilitación como tales de estos últimos ante la opinión ciudadana, así como la relativización de sus actividades, que se deriva de su comparación simétrica con violaciones de la ley cometidas por servidores del Estado. Estas fueron responsabilidad de una parte de los funcionarios, mientras la mayoría respetaba las normas del Estado de derecho y de la democracia. Honrar a “todas las víctimas” o plantear una “memoria integradora” lleva, si en esas expresiones se incluye tanto a víctimas del terrorismo como a, pongamos por caso, miembros de ETA a los que les explotaron accidentalmente los artefactos que portaban o que resultaron fallecidos en enfrentamientos con las FSE, a igualar a todas esas personas en una suerte de “memoria nacional niveladora”. Del mismo modo, es preciso evitar aquellas referencias a las víctimas del franquismo, merecedoras de reconocimiento y reparación, cuando se hace con el objeto de justificar el surgimiento del terrorismo en Euskadi o a suavizar su trayectoria”.

•          Segunda consideración: Reivindicar a las víctimas de todos los terrorismos.

“La consideración social de las víctimas del terrorismo, como hemos expuesto a lo largo de estas páginas, ha evolucionado de la indiferencia al compromiso público. Ellas, injustamente olvidadas durante largo tiempo, son el testimonio explícito del intento de imponer un proyecto político por la fuerza. Es inapropiado establecer diferencias categóricas entre las víctimas de los diferentes terrorismos, del mismo modo que no debe laminarse moralmente a estas últimas equiparándolas con, como hemos señalado en el anterior punto, las víctimas de su propia violencia, cuyo sufrimiento puede ser el mismo, pero cuya significación política es diferente. La reivindicación de las víctimas de todos los terrorismos incluye ciertos casos en las que las mismas fueron víctimas y victimarios a la vez: torturadores del franquismo o militantes de organizaciones terroristas. Pero no se reivindica su pasado, sino la injusticia de su asesinato”.

•          Tercera consideración: Atribuir responsabilidades a los victimarios.

“El terrorismo ha sido uno de los principales factores condicionantes de nuestra historia reciente. Lo ha sido en diversos planos (político, económico, social, cultural) y etapas (dictadura, transición, democracia). El impacto más trascendental lo ha ejercido durante las dos últimas fases, las que más asesinatos han concentrado. La principal responsable de esta escalada ha sido EtA, la organización más longeva, más mortífera, con mayor apoyo social y cuya actividad (principio, desarrollo y final) ha configurado el marco del proceso histórico del terrorismo en Euskadi (incluyendo la acción tanto de sus satélites como de sus oponentes también terroristas). En ese sentido, otras organizaciones han contribuido a sembrar la violencia como forma de intervención en política y, entre ellas, las hubo que fueron impulsadas o amparadas desde aparatos del Estado. Estas contaron con un respaldo social residual en Euskadi, lo que no les exime de sus responsabilidades, sino que las coloca en su contexto. Del mismo modo, poner la centralidad en el terrorismo y sus víctimas, como se hace en este informe, no implica ni silenciar otros atropellos de los derechos humanos ni la renuncia a repudiar los crímenes cometidos por aquellos agentes de policía que se propasaron en el cumplimiento de sus funciones. Las organizaciones terroristas consagraban su actividad a asesinar o secuestrar premeditadamente. Cualquier intento de equiparar sin matices esas prácticas con las del Estado democrático es espurio, del mismo modo que lo es denegar un reconocimiento a las víctimas de abusos cometidos por un grupo de agentes de las FSE”.

•          Cuarta consideración: Asentar una cultura democrática.

“No se puede banalizar lo vivido en la sociedad vasca durante las últimas cuatro décadas, una época marcada por el terrorismo y la intolerancia que protagonizaban ciertos sectores de nuestra sociedad, pero cuyos efectos perniciosos se hicieron sentir sobre el conjunto de la población. Con el fin de atajarla, hay que explicar la cultura de la violencia que se extendió en esos medios, la consideración positiva de la fuerza como un valor en sí mismo, lo que ha brutalizado nuestra historia reciente y ha propiciado que el derecho principal y básico de las personas por encima de cualquier otro, el derecho a la vida, fuese conculcado en repetidas ocasiones. En Euskadi ha existido una cultura que celebraba, o cuando menos justificaba y comprendía, el asesinato del “otro”, y que, por contra, saludaba al perpetrador como a un héroe o un mártir, según el caso. Frente a ello, debe quedar expreso el rechazo a la violencia, ahondándose en una cultura cívica que resalte la función de la política y de las instituciones democráticas como marco en el que se dirimen las discrepancias”.

 •         Quinta consideración: necesidad de un largo trabajo de investigación.

“Aún debe profundizarse en muy diversos asuntos relacionados con la actividad terrorista: la cuantificación de sus costos económicos, los exiliados que ha producido, los heridos, los amenazados de diferentes maneras, la respuesta de la sociedad ante todo ello o las múltiples repercusiones del terrorismo a nivel micro, en la vida cotidiana. También es preciso trabajar para resolver los casos sin sentencia de autoría. Aquí, desde una perspectiva historiográfica, se ha realizado una aproximación a algunas de estas variables, pero queda mucho trabajo por hacer, y eso mismo, señalar los vacíos de conocimiento, era uno de los propósitos principales de este informe. La puesta en marcha de un Instituto de la memoria y de un memorial de Víctimas del terrorismo debe contribuir, en un plano pedagógico, a preservar el recuerdo de lo ocurrido de cara a las generaciones venideras”.