Conozco a Teresa Díaz Bada y a su esposo, por su compromiso con la libertad y la justicia, con la memoria como fuente de reparación.

Teresa, hija de Carlos Díaz Arcocha, jefe máximo de la Ertzaintza hasta que ETA colocó una bomba criminal bajo su coche a unos metros de la Academia de Arcaute el día 7 de marzo de 1985, ha dado sobradas muestras de dignidad personal  cuando estuvo al frente de COVITE. La conocí en aquellos momentos difíciles al inicio de este siglo en los que no se veían signos de racionalidad y en los que ETA, con la complicidad de otros a los que llamamos demócratas –nunca lo he entendido-, acorralaban a esta sociedad para impedir sus libertades.  Yo, entonces,  asumí una de las portavocías y la secretaría del Foro Ermua, ante la necesidad de huir del País Vasco de su anterior responsable, Pablo Septien, por la grave amenaza que se cernía sobre su vida, según los planes de ETA. Entonces tuve la ocasión de hablar mucho con Teresa y acordar decisiones estratégicas para acabar con el apoyo social que ETA y su entorno recibían de una parte miserable del País Vasco, enferma moral y corrupta desde el plano cívico. Y quiero dar constancia de su humanidad, de su sentido de la justicia, y de su equilibrio personal y emocional, pese a las muchas dificultades en las que se encontró de las que no es este artículo el lugar más adecuado para hacer un relato ni me creo legitimado para ello.

A personas así, esta sociedad, si tuviera dignidad, debería colocarlas en un pedestal, como paradigmas de testimonio moral y paladines de la justicia.

Quiero resaltar el título que encabeza una de las entrevistas que hace poco le hicieron a Teresa: “No mereció la pena que mi padre diera la vida por este país”  y la respuesta dada a dos de las preguntas

“– El asesinato de su padre sigue sin sentencia condenatoria, pero el Gobierno vasco lo da por resuelto... ¿Para ustedes está resuelto?

– Lo que está haciendo el Gobierno vasco es una apuesta por la impunidad con la idea que tienen del llamado «proceso de paz» que consiste en cerrar todo en falso y hacer como si aquí hubiera habido un conflicto supuestamente entre dos partes. Pretenden hacer un lavado de cara y decir que sí, que hay crímenes sin resolver, pero que es imposible resolver nada, y al final éstos prescriben.

–¿Qué respuesta da la Justicia?

–No tiene datos. No sabe nada porque no se ha hecho nada. Lo único que se sabe es que fueron juzgados unos colaboradores que estaban en la Ertzaintza cuando mi padre fue asesinado y se les absolvió de esa colaboración, nada más.”

No hace falta hacer un tratado de mil páginas para describir la dejación de deberes y responsabilidades constitucionales de Estado que los diferentes ámbitos de poder en España, desde el judicial (Fiscalía incluida) pasando por el de las altas magistraturas de gobierno del Estado, y por el de los partidos políticos, tuvieron desde principios de la transición democrática hasta comienzos del presente siglo. Y lo que se hizo, desde las cloacas del Estado, fue todo lo contrario a la justicia y la reparación, con el contraterrorismo ilegal del GAL y la guerra sucia, que insufló cierta legitimación, aunque de base falsa, a quienes buscaban razón de ser del mal llamado “Movimiento de Liberación Vasco” que no era otra cosa que extorsión y terrorismo.

Estuve estos días pasados en la presentación del libro de Juan Fernando Calderín “Agujeros del Sistema”, en el que, de forma magistral y profusamente documentada, desvela  “toda una red de negligencias y errores judiciales habidos en cientos de asesinatos terroristas que jamás fueron resueltos. En un Estado de derecho, tanto asesino impune y libre sin que la Justicia lo sentara en el banquillo debería ser razón sobrada para hacer temblar al menos los cimientos de la Administración de Justicia”, según dice, textualmente la ficha bibliográfica de la Editorial Ikusager.  Más de trescientos asesinatos sin dilucidar, y sin castigar a sus culpables, en unos casos por pasividad de la administración de la Justicia, en otros por perderse los sumarios, y en los más por sobreseerse las causas de forma inexplicable, por pasividad policial.  Uno de esos crímenes sin resolverse ni aplicarse justicia alguna fue el del superintendente de la Ertzaintza, el hombre bueno, y volcado al servicio a los demás, Carlos Díaz Arcocha.

No es este el único referente documental y de veracidad de la dejación de obligaciones por parte del Estado, obligaciones que están vinculadas al mandato constitucional de defensa a los ciudadanos que ven conculcados sus derechos fundamentales ligados a las declaraciones de Derechos Humanos suscritos por el Reino de España. Existe, también otros documentos, como el audiovisual “1980” de Iñaki Arteta que refleja la dureza de aquellos años en los que se sacaban a los muertos por las sacristías y donde apenas había asistentes –más allá de los familiares directos- en los funerales, bajo el vil paradigma de “algo habrá hecho”.

Hasta el asesinato de Enrique Casas, secretario general del PSE de Guipúzcoa, y sucesivos crímenes de Estado contra otros políticos de este u otros partidos como Ordoñez,  Múgica, Carrasco, etc, parece que la sociedad estaba adormecida. Daba igual que murieran servidores públicos, guardias civiles, policías, o militares. Incluso en aquellos fatídicos años del inicio de la democracia, ETA y sus seguidores barrieron del mapa a representantes institucionales de la UCD, dejando al centro derecha en mantillas pues el presentarse por esta opción política era poco menos que suicida. Pero fue, sobre todo, tras las movilizaciones promovidas por Gesto por la Paz, Foro Ermua y Basta Ya, con el testimonio directo de víctimas que optaron por no sumarse a la diáspora y quedarse en territorio vasco, cuando los poderes del Estado optaron por abordar de forma justa y trasparente sus obligaciones policiales y judiciales, de apoyo y defensa, a favor de las víctimas.

Pero los crímenes sin resolver, siguen en el limbo.