91 millones de euros. Esto es lo que ha costado a las arcas públicas de Guipúzcoa el empeño fanático de Bildu por paralizar la construcción de la incineradora aprobada por el anterior equipo de Gobierno y cambiar ésta por un sistema de recogida de residuos, denominado “puerta a puerta” (PaP), que ha llenado de inmundicia las calles de decenas de pueblos de la provincia más pequeña de España. (Ver vídeo al final de esta información)

Si hace unos meses el Gobierno de Martin Garitano tuvo que acordar con las empresas que ya se habían adjudicado la construcción de la infraestructura de incineración un pago de trece millones de euros en concepto de indemnización, ahora es el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián el que ha desestimado la demanda presentada por el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa (GHK), entidad pública controlada por Bildu, contra La Caixa y Banesto y le obliga a pagar los contratos de cobertura suscritos con estas entidades para la financiación de la citada incineradora de Zubieta. La sentencia considera que los contratos de cobertura convenidos eran adecuados, por lo que la sociedad pública GHK está forzada a abonar una cantidad que ronda los 68 millones de euros. A esta cantidad hay que añadir otros 10 millones de euros pagados por la Diputación al Ayuntamiento de San Sebastián por unas licencias a las que se ha renunciado.

Hay que recordar que el 31 de mayo de 2013, la presidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, y el director gerente del Consorcio, Antton Lete, ambos pertenecientes a Bildu, presentaron una demanda en los juzgados de San Sebastián contra Banesto, La Caixa y la consultora Price Waterhouse, argumentando que estas tres entidades habrían incurrido en una “maliciosa interpretación” del contrato de financiación de la incineradora de Zubieta. Los directivos de GHK también afirmaban en su denuncia que los productos de cobertura del contrato financiero contratados por los anteriores gestores eran “especulativos”.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de la capital guipuzcoana ha considerado que los productos contratados fueron “exigidos por el Banco Europeo de Inversión (BEI)”, que era el principal inversor de la incineradora, y, además, explica que se trata de productos financieros “adecuados”. Dice la sentencia que, desde luego, “la obligación de establecer una cobertura viene impuesta por el BEI (...) Establece la obligación de la acreditada, GHK, de contratar con el prestamista operaciones de cobertura de tipo de interés con el fin de dar cobertura de al menos un porcentaje”.

En referencia al hecho de si se trata de un producto especulativo o no, el fallo judicial dictamina que el problema es que no se ha construido la infraestructura prevista. “No se ha acreditado por la parte demandante -GHK- ese desequilibrio entre las prestaciones, considerando este juzgador que las cuestiones relativas a ese supuesto mal funcionamiento de la cobertura no derivan sino del hecho de que no se ha cometido el proyecto financiado y coberturado (...) que ha traído como consecuencia que el producto se haya convertido en especulativo”.

El fallo hace mención, asimismo, a que, el “riesgo político” de no construir la incineradora era “conocido por todos los intervinientes -en el contrato-” y, sin embargo, “no sería asumido por las entidades financiadoras (...) porque en ese caso nadie hubiera financiado, ni siquiera el BEI”.

Con todo ello, el juez considera probado que “era necesaria la existencia de una cobertura porque lo exigía el BEI y los productos alternativos no eran factibles”. En lo que respecta al papel de la consultora Price Waterhouse, la sentencia entiende que “no se ha acreditado ningún incumplimiento de sus obligaciones”, por lo que también desestima la demanda por su labor como asesora.

El candidato socialista a diputado general guipuzcoano y secretario de Medio Ambiente del PSE-EE de Guipúzcoa, Denis Itxaso, ha sido rotundo al definir la situación de Guipúzcoa en lo que respecta a la gestión de la basura: "Bildu nos está sometiendo a un expolio por su obsesión con los vertederos y el sistema de recogida de residuos Puerta a Puerta (PaP)".