El Gobierno del PNV denuncia que el “efecto llamada” de esta norma atraerá a Euskadi a miles de demandantes
Los socialistas vascos, con el apoyo de Bildu, impulsan una irrealizable Ley de Vivienda que obliga al Gobierno autonómico a proporcionar una casa a quienes carezcan de hogar
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Las familias de tres o más miembros con bajos ingresos podrán reclamar este mismo año un piso al Gobierno vasco, una vez que se apruebe, probablemente antes del verano, la Ley de Vivienda. El único requisito para acceder a este “derecho universal”, al margen del económico, será haber estado inscrito como solicitante de vivienda de alquiler durante un mínimo de cuatro años en Etxebide (Servicio Vasco de CVivienda). Este acuerdo, firmado por EH Bildu, PSE y UPyD sobre los ejes de la iniciativa –reconocimiento del derecho subjetivo, canon sobre las viviendas vacías y expropiación de uso en caso de desahucio- tienen garantizada la mayoría necesaria para su aprobación.
La norma, impulsada por los socialistas, reconoce el derecho subjetivo a la vivienda de las personas con necesidad de alojamiento sin recursos económicos para poder acceder a una vivienda por sus propios medios y las familias desahuciadas. El Gobierno vasco tendrá que satisfacer este derecho mediante la puesta a disposición de viviendas protegidas o libres, e incluso una prestación económica. El texto deja en manos del Ejecutivo de Vitoria la definición vía reglamento de los requisitos económicos y administrativos exigibles, pero fija unas condiciones transitorias desde su misma entrada en vigor para impedir que la posposición sine die de dicho trámite deje la ley en papel mojado.
Según estas condiciones, las familias de tres o más miembros con ingresos inferiores a 15.000 euros tendrán derecho a una vivienda durante el primer año de aplicación de la ley, aquellas de dos miembros con ingresos de menos de 12.000 euros podrán reclamar un piso al Gobierno vasco en el segundo año y las unipersonales con menos de 9.000 euros lo podrán hacer el tercero.
El texto que sale de la ponencia tras dos años de tramitación parlamentaria mantiene también, aunque con algunos cambios, otros elementos troncales del proyecto como la regulación de un canon a los pisos vacíos. Se abre la puerta a gravar con un canon de 10 euros por metro cuadrado los pisos vacíos sin justificación durante más de dos años. El importe del canon aumentará a razón de un 10% cada año con un límite máximo de tres veces la cantidad inicial. La concreción de este canon queda a expensas de un futuro decreto que determine las condiciones para determinar que una vivienda está vacía.
Finalmente, y pese a que corrió el riesgo de quedar fuera, el proyecto mantendrá la regulación de la expropiación temporal del uso de los pisos incursos en un proceso de desahucio debido a la imposibilidad del inquilino de pagar la hipoteca o el alquiler durante un máximo de tres años. Eso sí, esta fórmula sólo se podrá utilizar en el caso de que no haya ninguna otra “solución habitacional”. Es decir, el Gobierno vasco sólo podrá proceder a la expropiación del uso como último recurso si no puede facilitar a los afectados una vivienda social u otras alternativas. Las familias que se beneficien del uso de las viviendas expropiadas tendrán que pagar un alquiler social cuyo importe no podrá sobrepasar el 30% de sus ingresos y del 15% si las rentas son inferiores al salario mínimo interprofesional.
El parlamentario del PNV, Norberto Aldaiturriaga, ha explicado que esta ley es “mala técnicamente” y que no va a contribuir a resolver los problemas de acceso de vivienda de nadie. “No es una ley de vivienda. Se centra sólo en la vivienda de promoción pública y en las necesidades de los colectivos más desfavorecidos, y se olvida del resto”. “Si sale aprobada tal y como está, tendremos dos derechos subjetivos: la prestación complementaria de vivienda y el derecho subjetivo a la vivienda”, añadió.
Aldaiturriaga ha censurado, además, que se vaya a aprobar esta ley “sin conocer el alcance de su impacto económico. “No se conoce su impacto económico, no sabemos del dinero que estamos hablando, es increíble pero es así. El exconsejero Juan Mari Aburto calculó un sobrecoste de 715 millones de euros en diez años respecto a este momento”. “Es una cantidad importante y difícil de atender en las actuales circunstancias”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno del PNV, Josu Erkoreka, ha explicado que si la ley se aplica de este modo, "podríamos encontrarnos con que dentro de unos años, cualquier persona, procedente de cualquier lugar del mundo, por el hecho de empadronarse en Euskadi, inmediatamente sería titular del derecho subjetivo a una vivienda".
Tras recordar que este derecho "no existe en nuestro entorno", ha advertido de que se podría "generar un flujo y efecto llamada masivo" de forma que la gente se ubicaría en Euskadi solamente por existir "el derecho subjetivo al disfrute de una vivienda, garantizado por los poderes públicos, que puede hacerse efectivo por los tribunales y desde el primer día de empadronamiento".
Las familias de tres o más miembros con bajos ingresos podrán reclamar este mismo año un piso al Gobierno vasco, una vez que se apruebe, probablemente antes del verano, la Ley de Vivienda. El único requisito para acceder a este “derecho universal”, al margen del económico, será haber estado inscrito como solicitante de vivienda de alquiler durante un mínimo de cuatro años en Etxebide (Servicio Vasco de CVivienda). Este acuerdo, firmado por EH Bildu, PSE y UPyD sobre los ejes de la iniciativa –reconocimiento del derecho subjetivo, canon sobre las viviendas vacías y expropiación de uso en caso de desahucio- tienen garantizada la mayoría necesaria para su aprobación.
La norma, impulsada por los socialistas, reconoce el derecho subjetivo a la vivienda de las personas con necesidad de alojamiento sin recursos económicos para poder acceder a una vivienda por sus propios medios y las familias desahuciadas. El Gobierno vasco tendrá que satisfacer este derecho mediante la puesta a disposición de viviendas protegidas o libres, e incluso una prestación económica. El texto deja en manos del Ejecutivo de Vitoria la definición vía reglamento de los requisitos económicos y administrativos exigibles, pero fija unas condiciones transitorias desde su misma entrada en vigor para impedir que la posposición sine die de dicho trámite deje la ley en papel mojado.
Según estas condiciones, las familias de tres o más miembros con ingresos inferiores a 15.000 euros tendrán derecho a una vivienda durante el primer año de aplicación de la ley, aquellas de dos miembros con ingresos de menos de 12.000 euros podrán reclamar un piso al Gobierno vasco en el segundo año y las unipersonales con menos de 9.000 euros lo podrán hacer el tercero.
El texto que sale de la ponencia tras dos años de tramitación parlamentaria mantiene también, aunque con algunos cambios, otros elementos troncales del proyecto como la regulación de un canon a los pisos vacíos. Se abre la puerta a gravar con un canon de 10 euros por metro cuadrado los pisos vacíos sin justificación durante más de dos años. El importe del canon aumentará a razón de un 10% cada año con un límite máximo de tres veces la cantidad inicial. La concreción de este canon queda a expensas de un futuro decreto que determine las condiciones para determinar que una vivienda está vacía.
Finalmente, y pese a que corrió el riesgo de quedar fuera, el proyecto mantendrá la regulación de la expropiación temporal del uso de los pisos incursos en un proceso de desahucio debido a la imposibilidad del inquilino de pagar la hipoteca o el alquiler durante un máximo de tres años. Eso sí, esta fórmula sólo se podrá utilizar en el caso de que no haya ninguna otra “solución habitacional”. Es decir, el Gobierno vasco sólo podrá proceder a la expropiación del uso como último recurso si no puede facilitar a los afectados una vivienda social u otras alternativas. Las familias que se beneficien del uso de las viviendas expropiadas tendrán que pagar un alquiler social cuyo importe no podrá sobrepasar el 30% de sus ingresos y del 15% si las rentas son inferiores al salario mínimo interprofesional.
El parlamentario del PNV, Norberto Aldaiturriaga, ha explicado que esta ley es “mala técnicamente” y que no va a contribuir a resolver los problemas de acceso de vivienda de nadie. “No es una ley de vivienda. Se centra sólo en la vivienda de promoción pública y en las necesidades de los colectivos más desfavorecidos, y se olvida del resto”. “Si sale aprobada tal y como está, tendremos dos derechos subjetivos: la prestación complementaria de vivienda y el derecho subjetivo a la vivienda”, añadió.
Aldaiturriaga ha censurado, además, que se vaya a aprobar esta ley “sin conocer el alcance de su impacto económico. “No se conoce su impacto económico, no sabemos del dinero que estamos hablando, es increíble pero es así. El exconsejero Juan Mari Aburto calculó un sobrecoste de 715 millones de euros en diez años respecto a este momento”. “Es una cantidad importante y difícil de atender en las actuales circunstancias”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno del PNV, Josu Erkoreka, ha explicado que si la ley se aplica de este modo, "podríamos encontrarnos con que dentro de unos años, cualquier persona, procedente de cualquier lugar del mundo, por el hecho de empadronarse en Euskadi, inmediatamente sería titular del derecho subjetivo a una vivienda".
Tras recordar que este derecho "no existe en nuestro entorno", ha advertido de que se podría "generar un flujo y efecto llamada masivo" de forma que la gente se ubicaría en Euskadi solamente por existir "el derecho subjetivo al disfrute de una vivienda, garantizado por los poderes públicos, que puede hacerse efectivo por los tribunales y desde el primer día de empadronamiento".
