No sabía si reír o llorar leyendo el titular de prensa: “Los partidos  denuncian un golpe de Estado contra el catalán”.

Dice Wikipedia que “golpe de Estado” es la toma del poder político, de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Eso es lo que han hecho, de forma sutil y con artes subrepticias, los partidos que configuran el Parlament, excepto PP y Ciudadanos que sí abogan por el Estado de Derecho y el imperio de la Ley. Es decir, el cumplimiento de las resoluciones y sentencias de los tribunales de justicia que aplican la ley, y que, en caso de disconformidad se pueden recurrir a instancias jurisdiccionales superiores hasta llegar al Tribunal de Estrasburgo.

El que el Tribunal Supremo ratifique las sentencias anteriores de otras instancias judiciales y ordene como mínimo un 25 % de vehiculización de la enseñanza catalana en castellano no es un golpe de Estado, es el imperio de la ley, señores de CIU, PSC, ERC, ICV y CUP.  Que CIU, que es un partido independentista, al igual que ERC, e ICV y CUP que son partidos que tratan de subvertir el orden constitucional, se opongan a los tribunales de justicia no es una novedad. Lo que es, una vez más, un escándalo, es que los socialistas, que constituyen la amalgama en torno a la cual se configura el bipartidismo junto con el Partido Popular, se opongan a la ley, al Estado de Derecho. ¿Qué podemos esperar de un partido como el Partido Socialista que permite estas aberraciones entre sus propios conmilitones? Yo me atrevo a pedir, visto lo visto, el voto para los dos partidos con visión de Estado. Los únicos que hay en el panorama político: PP o Ciudadanos. Y si a ustedes no les gusta el estado de corrupción que apesta el panorama político, ya saben lo que les queda. Solo una opción.

Los que han dado un golpe de Estado, en grado continuado, y con acciones que subvierten el orden constitucional son los que denuncian que el Tribunal Supremo ponga las cosas en su sitio. Nos colocaron un Estatuto Catalán abiertamente inconstitucional; nos aplicaron el rodillo en escuelas, institutos y universidades catalanes obligando a todo hijo de vecino a estudiar en catalán  poniendo el castellano como lengua extranjera, conculcando las prescripciones y convenciones de diferentes instancias internacionales que recomiendan  respetar la lengua materna como vehículo de aprendizaje; vulneran de forma impune y descarada las sentencias de los diferentes tribunales que, conforme a la Constitución Española, obliga a respetar la voluntad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación y la lengua vehicular en la que quieren que estudien sus hijos, etc. Y éstos, que hacen de su capa un sayo, mientras que los gobiernos socialistas miraban para otro lado, ahora dicen que “El Estado” hace un “golpe de Estado”. ¿Pero qué chiste es este?

Hombre. Si se me permite disentir, yo no entiendo por qué tiene que ser un 25% del currículo educativo el que se imparta en castellano. ¿Y por qué no el 50%? ¿No es igual de cooficial el castellano que el catalán? Pero no seré yo quien cuestione la justicia de la sentencia del Supremo.

Aquí, una vez más, queda en evidencia que las lenguas se utilizan como instrumento al servicio de los intereses políticos, vulnerando el principio II de la Convención de Derechos del niño de la ONU, que dice que los gobiernos deben poner por encima de cualquier disposición de gobierno el “interés superior del niño”. En Cataluña y País Vasco se hace justo a la inversa. El niño o la niña es lo último en el orden de prioridades. En primer lugar está la “construcción nacional”.

Wert, el ministro, me decepciona una vez más diciendo que en el País Vasco y en otras comunidades se cumple el principio de respeto a la voluntad de los padres. No es así, señor ministro. O no se entera o no quiere enterarse. Aquí, donde vivimos los vascos, no se atiende la demanda de los padres de educación en lengua materna. La mayoría de los vascos tienen como lengua materna el castellano, nos guste o no –a mí me gusta pues 400 millones de habitantes del mundo tienen como primera lengua la mía y eso me abre puertas en el mundo-. Sin embargo, señor ministro, los niños se ven obligados a estudiar en una lengua que no es la del contexto, la mayoritaria, ni la suya propia. Pues, señor ministro, una vez más tengo que decir que las lenguas no tienen derechos, los derechos son los de los hablantes. Y debe prevalecer, el “superior interés del niño”. ¿El Estado español no suscribió la Declaración Universal de Derechos del Niño? Yo creo que sí.

Y no confundamos la falaz argumentación de que el castellano ya lo aprenden los niños en la calle. Eso es una patada a la realidad. Los niños asimilan los registros coloquiales, pero no los cultos. Y todo aquel que haya pasado por un aula sabe que la “comprensión verbal” abre puertas al universo del conocimiento si es amplia, pero restringe la capacidad cognitiva si es limitada. Aunque, la verdad, yo no creo que esas personas que se empeñan en empobrecer la cultura –la buena y la universal- de nuestros niños y jóvenes lo entiendan. Ellos mismos, tengo la impresión, tienen los niveles de captación de significados un poco escasos.