El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha ignorado los sucesivos requerimientos del juez instructor del caso de los supuestos abusos sexuales cometidos por un grupo de curas conocido como el clan de “los romanones”.  Tras dos providencias, del 1 y del 27 del pasado mes de marzo, Martínez sigue sin remitir al Juzgado la copia completa de las actuaciones canónicas y de todo lo actuado en la jurisdicción eclesiástica en este caso de presunta pederastia en el que están siendo investigados diez curas y dos laicos.

Ahora, en una nueva providencia, el juez Antonio Moreno, instructor de la causa, exige al arzobispo que cumpla con el deber de cooperar con la investigación penal del caso y le advierte que puede incurrir en un posible delito de desobediencia a la autoridad judicial si incumple de nuevo el requerimiento.

En su última resolución, el magistrado requiere al prelado para que aporte las declaraciones, interrogatorios e informe que el arzobispo firmó por escrito sobre los implicados en el procedimiento penal que fueron objeto del expediente canónico. También le reclama que certifique si el Arzobispado de Granada “o cualquier entidad o persona dependiente del mismo” ha recibido “contribuciones, donaciones o aportaciones económicas” del grupo de curas o de alguno de sus miembros y le pide una relación de las visitas pastorales y otro tipo de reuniones mantenidas por el prelado con los sacerdotes investigados desde que tomó posesión de la archidiócesis, el 1 de junio de 2003.

Además, solicita al prelado que informe si el grupo de curas solicitó en algún momento al Arzobispado “el reconocimiento eclesiástico de la asociación, fraternidad o hermandad sacerdotal y de fieles que de hecho han tenido constituida al menos en los últimos diez años y, en su caso, si constan en la diócesis quejas, reclamaciones o denuncias referidas al modo de proceder de los sacerdotes.