La Junta de Andalucía, bajo gobierno de Susana Díaz, habría adjudicado de forma irregular y durante la precampaña de las elecciones andaluzas del 22-M la explotación de la mina de Aznalcóllar (Huelva) a Magtel, una empresa que, según revela el diario El Mundo, tendría fuertes vínculos con los socialistas en la región, ya que habría percibido ayudas de la Junta durante cuatro años y también habría fichado a un exalto cargo socialista. Al parecer, esta maniobra habría permitido a Díaz cumplir una de sus promesas estrella durante la campaña electoral: la reapertura de la mina tras el desastre de Aznalcóllar ocurrido en 1998, cuando la rotura de una presa de la mina provocó un desastre ecológico en la zona. Esta promesa suponía la creación de cientos de puestos de empleo.

Las presuntas irregularidades las ha enumerado la magistrada Patricia Fernández, responsable del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, quien investiga un posible amaño en la concesión de esa explotación a la empresa finalmente adjudicataria.

Según la juez, el consorcio industrial constituido por Minorbis (filial de la propia Magtel) y Grupo México no cumplía ninguno de los requisitos que la Administración exigía en las bases del concurso. Pese a ello, el pasado 16 de marzo la Junta le concedía a este consorcio la explotación minera por los siguientes 30 años. Las hipotéticas irregularidades fueron denunciadas por Emerita Resources, otra de las empresas que pugnaba por la adjudicación y que se siente parte perjudicada en el proceso.

Según se desprende de las primeras averiguaciones de la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Fiscal y Económica), el consorcio finalmente ganador no debería haber superado siquiera la primera fase del concurso, ya que no habría llegado al mínimo requerido en materia medioambiental. Además, sus equipos técnicos, puntuados a la postre con la mayor calificación del concurso, habría presentado "evidentes carencias", según fuentes de la investigación.