Tenemos instalado en el imaginario colectivo que todos los políticos son unos sinvergüenzas y que la corrupción ha alcanzado en España las cotas más altas de su historia.

Modestamente, creo que sucede justamente todo lo contrario: lo que ha alcanzado su máximo nivel es la sensibilidad contra la corrupción y, en consecuencia, las denuncias y el combate contra cualquier actitud pública sospechosa de abuso o inmoralidad.

La prueba del nueve es que nuestras cárceles se van poblando no ya de los delincuentes habituales, sino de los personajes más notorios. Tenemos desde ex ministros, como Jaume Matas, a patrones de patrones, como Díaz Ferrán, pasando por jueces, como Pascual Estevill, o folclóricas como Isabel Pantoja. Para mayor inri, aún esperan su procesamiento políticos-banqueros de toda laya, como Rodrigo Rato, José Luis Olivas o Hernández-Moltó. Y, eso, por citar sólo unos pocos nombres.

El afán justiciero de nuestros tribunales no se ha detenido ni ante la mismísima Casa Real, habiendo imputado a Iñaki Urdangarín y a la infanta Cristina de Borbón. ¿Alguien se imaginaba semejante espectáculo de celebrities camino de la celda hace sólo cuatro años?

O sea, que la regeneración de la vida pública —o como queramos llamar a esta vindicta popular— ha comenzado ya, con el riesgo, incluso, de colapsar los juzgados. De ahí, de este presunto exceso, ha venido la condena del Tribunal Supremo a Manos Limpias por presentar querellas infundadas.

Lo que uno duda que llegue a producirse es la otra regeneración, la regeneración moral de la propia sociedad, la condena de las corruptelas, digámoslo así, en que inciden los ciudadanos de todo tipo. Porque, ¿quién no justifica las trampas a Hacienda, las recomendaciones en una oposición, la falta de facturas en una obra, la copia en los exámenes, etcétera, etcétera?

Mientras no se regenere esta vida social, la otra, la vida pública, seguirá siendo, a mayor escala, el reflejo podrido de la falta de valores que fomenta la corrupción en nuestra sociedad.