Tras las recientes elecciones municipales, el PNV concentra prácticamente todo el poder de las principales instituciones del País Vasco: ayuntamientos de las principales capitales (excepto Vitoria), el control de las tres diputaciones forales y el dominio del Gobierno autonómico.

La presencia avasalladora del PNV es tan evidente como incontestable y revela el pésimo estado de la democracia vasca. Cuando un partido político, sea en Euskadi, Andalucía o Argentina,  se convierte en una máquina de poder y, durante más de cuatro décadas, acapara, prácticamente sin interrupción, todos los niveles de la Administración, es que los ciudadanos, al elegir a sus representantes, se mueven por algo que nada tiene que ver con los razonamientos políticos o las argumentaciones económicas.

Así las cosas, el PNV se ha convertido en un régimen porque sus votos nacen de algo que antecede y supera a la racionalidad democrática, pues los apoyos de este partido se nutren de los sentimiento patrioteros, de las emociones territoriales, del dramático miedo que supone cualquier cambio en una comunidad que cuenta con 70.000 funcionarios que dependen de las administraciones locales y, sobre todo, de una creencia instaurada a fuego en gran parte de la población vasca que tiene asumido que, sin el PNV, solamente puede llegar el caos.

En este sentido, el avasallador control que el PNV ejerce sobre las instituciones vascas ha limitado de un modo importante en esta región el ascenso de los nuevos partidos. Si bien “Podemos” o las plataformas ligadas a esta formación han logrado un número de representantes a tener en cuenta, éstos no habrán de resultar demasiado importantes para la gobernabilidad institucionalidad. Por otro lado, Ciudadanos se ha quedado a cero en la CAV, un fracaso sin paliativos que se suma al descenso en picado de los apoyos populares a las corrientes constitucionalistas representadas por el PSE-PSOE, el PP o UPyD. Especialmente sangrante es el caso del Partido Popular de Arantza Quiroga, que ha perdido el 25% de sus apoyos en Álava, el 50% en Vizcaya y el 75% en Guipúzcoa.

El colchón de apoyos ciudadanos que cosecha la coalición filoterrorista Bildu se mantiene de una manera sólida en el País Vasco, lo que vuelve a poner de manifiesto que en Euskadi hay alrededor de 300.000 ciudadanos que, repetidamente, no dudan en apoyar a esta marca blanca de ETA que no duda en alimentarse de un persistente proterrorismo militante, de un extraño ecofascismo, de un profundo totalitarismo identitario y de un intenso integrismo ideológico.

El hecho de que Bildu haya retrocedido ligeramente en Guipúzcoa supone solamente una constatación dolorosa: lo que no han conseguido décadas de apoyar a los terroristas, de mancillar al sistema democrático y de humillar a las víctimas, lo ha conseguido la atroz gestión que Martin Garitano y su equipo de fanáticos ambientalistas han hecho de los residuos urbanos: el sistema de recogida de basuras “puerta a puerta”, impuesto por los proetarras en numerosas localidades guipuzcoanas, ha llevado a éstos a perder el control de la Ayuntamiento de San Sebastián y  la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero también de otros importantes municipios de la provincia más pequeña de España. Miles de guipuzcoanos no dejaron de apoyar a Bildu-Batasuna-ETA cuando los asesinos descerrajaban, un día sí y otro también, tiros en la nuca de sus oponentes políticos, pero han cambiado su voto cuando les han quitado la bolsa de basura. ¿Quiero decir esto lo que parece que quiere decir? El debate está abierto, aunque mucho nos tememos que la respuesta, desde hace demasiado tiempo, está muy clara.