La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Foundation (HRF) considera que el Gobierno cubano tiene "responsabilidad directa" en la muerte de los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero, según concluye en un informe de 88 páginas recientemente presentado en la Universidad de Georgetown (Washington), en ocasión del tercer aniversario de la muerte de los opositores.

"El accidente (...) es el resultado de un hecho automovilístico provocado deliberadamente por agentes del Estado", aseguran los autores del informe, los abogados Javier El-Hage y Roberto C. González, ambos de HRF. Según los juristas, hubo "intención de asesinar a Oswaldo Payá y a los pasajeros que viajaban con él". Los autores del informe consideran también la voluntad de "causarles graves lesiones corporales" o que el hecho "fue realizado con negligente y/o aviesa indiferencia —y un alto riesgo injustificado— por la vida del activista".

La fundación destaca los "errores" y las "contradicciones" de la investigación oficial sobre lo ocurrido el 22 de julio de 2012, documentando numerosas violaciones, como una inadecuada autopsia del "activista a favor de la democracia más destacado de América Latina de los últimos 25 años", de acuerdo con el presidente de HRF, Thor Halvorssen.

HRF cree que el joven político español Ángel Carromero, quien conducía el coche en el que viajaba Payá y que ahora se encuentra en libertad condicional, fue "obligado" a acusarse como responsable y que la Justicia cubana no hizo caso a las quejas de los familiares del disidente, excluyéndolas de los juicios. El propio Carromero, que era entonces un dirigente de la rama juvenil del Partido Popular (PP), ha asegurado en varias oportunidades que el accidente fue un "atentado" orquestado por el régimen de la Isla. Los responsables del informe insisten en que Carromero no tuvo acceso a un abogado durante semanas y que, posteriormente, fue obligado a ser representado por juristas estrechamente vinculados al Gobierno.

"El Estado de Cuba es responsable internacionalmente por haber violado el derecho de Ángel Carromero a una defensa jurídica eficaz", señala el informe, ya que las autoridades negaron a su defensa el acceso al expediente del caso y la posibilidad de presentar nuevas pruebas.

"Cuba no es un Estado democrático en el que se respeten los derechos individuales, o en el que exista independencia entre los poderes del Estado", alerta el informe, que tilda los juicios que involucran a opositores como "una mera formalidad" en los que "todos los actores (fiscal, juez y abogado defensor) orientan su labor hacia legitimar la decisión del Gobierno y no hacia la búsqueda de la verdad histórica de los hechos y la sanción de los responsables". La investigación y el juicio posterior a la muerte de Payá y Cepero no fueron una excepción al realizarse en un "contexto de autoritarismo completo".

Las autoridades cubanas, además, no permitieron que la familia del fallecido hablara con los dos sobrevivientes del choque (Ángel Carromero y el sueco Jens Aron Modig) y, a tres años de lo ocurrido, aún no han comunicado el resultado de la autopsia. Los allegados del opositor recibieron la ropa que llevaba el día del siniestro lavada, lo que les impidió optar por un examen independiente.

"El poder en La Habana creyó que era necesario destruir a mi padre", comentó la hija del opositor, Rosa María Payá, presente en la Universidad de Georgetown. "Este informe será una herramienta importante contra la impunidad de ese poder", agregó. Según la activista, el documento" es el final de la primera parte" de su empeño y el proceso para esclarecer lo que le ocurrió a su padre "solo acaba de empezar" con "el análisis de las pruebas" en manos de la familia.

"Planeamos usar este informe como herramienta frente a todas las instancias internacionales", afirmó Payá, que reclama a las autoridades cubanas el informe de autopsia de su padre y de Cepero.