El insigne y multiusos asesor áurico de Ciudadanos nos ha presentado el programa educativo de su partido.

No tengo claras las bondades de todas las propuestas contenidas en el programa, más bien me suscitan dudas. Pero hay entre ellas una que me parece sustancial, que se ha repetido hasta la saciedad como talón de Aquiles, y es la necesidad de un pacto educativo que de estabilidad a un sistema que hace aguas por todas partes y que nos deja a la cola de los países de la OCDE.

Un acuerdo que destile sensatez es posible. Lo fue en momentos más convulsos en el siglo XIX, en 1857, con la Ley Moyano, que duró casi cien años. Con la Ley Moyano se pusieron las bases de un sistema educativo nacional que diera cuerpo y estructura cultural  a la formación del Estado nacional liberal con visos de modernidad y al estilo de los que se estaban formando en Europa tras la Revolución francesa y con el signo de la Ilustración. Para ello convergió todo el espectro liberal en España con la finalidad de constituir un sistema unitario en toda España, como columna vertebral de dicho Estado liberal, sin perjuicio de las influencias del Antiguo Régimen que impedían el despegue de esa modernización; y de resolver el grave problema del analfabetismo masivo que afectaba a la población española. La finalidad principal de aquel sistema era formar las bases de la formación secundaria y universitaria para construir los puntales de una nueva economía que superara una sociedad ruralizada, controlada por el caciquismo y la Iglesia, entendida ésta como estamento del Antiguo Régimen; al margen de las raíces culturales de la sociedad española que entroncaba su inspiración en el Cristianismo y su omnipresencia en todas las manifestaciones de la vida.

Aquel paradigma se rompió en nuestra actual democracia por la excesiva politización de la sociedad española tras el largo paréntesis franquista y la utilización de la educación como principal plataforma de socialización y aculturación política para lo que los socialistas llamarían “la transformación de la sociedad española”. Pero no solamente la izquierda en todas sus manifestaciones era la que tenía a la educación como eje de su política, sino también los nacionalistas de todo pelaje que han visto en la educación un esencial instrumento de adoctrinamiento para los fines de la construcción nacional. Y cuando digo “construcción nacional”  me refiero en el mismo sentido que utilizan este sintagma nominal los nacionalistas, es decir a la cimentación  “ex novo” de una conciencia colectiva que de como fruto la elaboración de   un nuevo constructo social y cultural mediante la asunción inconsciente de falacias mediante el engaño y la manipulación. Aquí está uno de los efectos más graves de esta anarquía educativa que caracteriza al sistema educativo español.

La incapacidad o la complicidad de, sobre todo, la izquierda española con esa aberración del “Florido Pensil” nacionalista es sangrante o más bien sonrojante  pues demuestra la irresponsabilidad en el ejercicio de sus deberes de Estado y la conspiración constante con los nacionalistas para evitar el acceso de la mal llamada “derecha” al poder.

La insolvencia de los grandes partidos para llegar a un pacto educativo que permita configurar un sistema unitario de educación que module sus contenidos a las especificidades regionales es el mayor drama para la verdadera educación de las sociedades españolas, que se debe basar, ante todo y sobre todo, en el radical respeto a los individuos, a las personas, como sujetos de los derechos fundamentales. No existe, desde el ámbito educativo el llamado derecho colectivo, o, lo que es lo mismo, los derechos de las comunidades mal llamadas históricas. Los derechos son y se ejercen en función de las personas. Y la educación es el principal baluarte desde el que construir esos derechos. Repito hasta la saciedad que en España, consciente o inconscientemente, se incumple el Principio II de la Declaración universal de los derechos del niño que consagra el “superior interés del niño” como condición para todo tipo de políticas e intervenciones públicas o privadas.

Cuando, al igual que se llegó a un pacto constitucional que nos ha permitido vivir en una relativa paz y coexistencia durante casi 40 años, los partidos pongan sobre el papel las bases para lograr un Sistema Educativo Nacional con visos de durar en el tiempo y no ser objeto de zarandeos y amenazas constantes; y que se respete como norma básica del Estado, sin permitir el disparate que vemos en estos últimos tiempos de la insumisión jurídica por parte de las comunidades autónomas,  empezaremos a avanzar en la construcción de un régimen verdadero de libertades, de las bases de la riqueza y el progreso, y de la verdadera cultura que se basa en el conocimiento.