Es lamentable que la misma España que veía Ortega y Gassset a través de su obra “La España invertebrada” siga en la misma situación o más agravada, en el siglo XXI, casi un siglo después de ser escrita.

España tiene muchos problemas, pero los más graves son los de la desvertebración, la insolidaridad interterritorial y política, la descomposición del Estado de Derecho y Social y  la partitocracia  endogámica incapaz de formular proyectos con una perspectiva superior al año, y sin visión de servicio al bien común.

Hace unos días, el Partido Popular presentó por la vía de urgencia una reforma de la Ley Orgánica que regula el Tribunal Constitucional. Es verdad que es una reforma tardía, quizás oportunista, con intenciones electorales, pero a mí, como ciudadano español que desea con anhelo que se resuelva la desvertebración y la anomia política de quienes debieran proteger al Estado de Derecho, no solamente cumplirlo, me importa una higa que el PP se beneficie de esta iniciativa. Lo que me interesa es que, aunque de forma tardía, o incluso chapucera, se adopten medidas que impidan la transgresión impúdica e impune de las leyes y las sentencias judiciales por quienes auspician un proceso independentista en Cataluña.

¿Qué puede importarme a mí, que me he jugado el tipo en el País Vasco en defensa de la Constitución, hasta el punto de llevar durante diez largos años escoltas que impidieron que ETA y sus secuaces me asesinaran, que se beneficie electoralmente el PP con una medida que afronta la indecente zancadilla permanente al Estado de Derecho, por un gobierno corrupto y de corruptos en Cataluña? Yo lo que deseo es que se pongan en marcha medidas expeditivas, que, incluso, lleven a la cárcel a quienes promueven el incumplimiento de las leyes, la ruptura de España, la voladura del Estado Constitucional, la pobreza económica, la salida de la Unión Europea y la castración de la identidad de millones de catalanes que se sienten igualmente catalanes que españoles. Que pierda la condición de presidente de esa Comunidad Autónoma quien, vulnerando las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo y la letra y el espíritu de la Constitución, promueva, lidere y desarrolle acciones para la independencia de Cataluña, pervirtiendo el sentido y el objeto de una convocatoria electoral para renovar el gobierno de la Generalitat, propugnando  de forma descarada e indisimulada un proceso plebiscitario que es, en el fondo, un referéndum sobre un plan secesionista. Esto es totalmente inaceptable, desde el fondo y la forma, y  este tipo de actuaciones delictivas no debe quedar impune. Eso es lo que a mí como ciudadano me importa realmente, no la oportunidad o no de este impulso legislativo planteado por el partido de Rajoy.

Por eso me indigna la postura de los partidos llamados constitucionalistas.

Me indigna la postura del PSOE que conspira con grado de continuidad para hacerse con el poder de forma ilegítima, pues ilegítimo es, por ejemplo, que ciudades donde ha ganado con amplia mayoría el Partido Popular sean gobernadas por partidos que han quedado a bastante distancia en votos de ese partido. Ese es el caso de mi ciudad, Vitoria, donde habiendo obtenido el triunfo en las urnas el Partido Popular, se ha desplazado al que fue el alcalde de ese Partido, Javier Maroto, habiendo sido sustituido por el tercer partido en orden de representación, el PNV, con casi la mitad de escaños consistoriales que los del Partido Popular. Me indigna porque el PSOE nunca mira el interés de los españoles sino su propio interés, pactando aunque sea con el diablo con tal de arrinconar al Partido Popular, incumpliendo su obligación de velar por los intereses generales formulando pactos de Estado con el otro principal partido, el PP. No es capaz ni tan siquiera de ponerse de acuerdo para crear los instrumentos legales que aseguren la pervivencia de nuestra Constitución y la vigencia del Estado de Derecho, persiguiendo el desacato y la traición que lleva a Cataluña y al resto de los españoles a la irrelevancia política en el concierto de naciones, y que profundiza la grave situación política, económica y social de los catalanes. Importantes personalidades del ámbito internacional exigen al Gobierno español que no permita la secesión, advirtiendo que Cataluña quedará fuera del euro y saldrá de la Comunidad Europea. El Estado debe impedir este desafuero, porque, no lo olvidemos, sus representantes han jurado o prometido cumplir y hacer cumplir las leyes.

Me indigna el partido donde yo he militado durante unos meses, Ciudadanos C’s, pues es este partido, precisamente, el más interesado en que el Estado articule procesos legislativos que castiguen este tipo de conductas que liquidan los derechos políticos de la mayor parte de los ciudadanos catalanes que no quieren irse de España, de Europa, y perder su condición de partícipes de varias identidades a la vez, con la destrucción de sus derechos constitucionales. Francamente no entiendo la oposición de C’s a esta reforma jurídica que posibilita al Tribunal Constitucional hacer efectivas sus sentencias.

Del resto de los partidos prefiero no hablar, pues para mí resultan irrelevantes. No aportan nada que tenga sustancia, más allá de la prédica demagógica o populista.