La Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación sobre el sabotaje ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa, que provocó cortes de cable de fibra óptica en dos puntos de la línea de alta velocidad en Cataluña, afectando a la circulación de 40 trenes y 13.000 viajeros. Este hecho es, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "de una gravedad extrema".

La investigación judicial, que ha recaído en el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González tratará de determinar si sus autores cometieron un delito de "estragos terroristas". De hecho, este tribunal únicamente sería competente para investigar estos hechos si, efectivamente, fueran constitutivos de un delito de terrorismo.