El Gobierno central ya ha advertido que “vulnera el orden constitucional”
El Parlamento de Vitoria impulsa una Ley de Adicciones que legaliza el consumo de cannabis, una droga que causa graves trastornos al 20% de los jóvenes vascos
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La mayoría de los estudios médicos internacionales señala que el consumo de “cannabis”, especialmente entre la población joven, está íntimamente ligado a un drástico aumento de los accidentes de tráfico, a un fuerte incremento de los riesgos laborales, a una disminución comprobada de la eficacia intelectual y, sobre todo, a la aparición, en edades muy tempranas, de graves enfermedades mentales.
PDF. Consultar informes incluidos al final de esta noticia
Actualmente, y a tenor de la información que maneja el propio Gobierno autónomo, se estima que cerca de 10.000 jóvenes vascos consumen “cannabis” de manera habitual. Según datos del Centro de Documentación y Estudios-SIIS, en Euskadi, uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 19 años ha consumido “cannabis” en el último mes. Del mismo modo, uno de cada diez lo consume todos o casi todos los días. Estos datos, que sitúan al País Vasco a la cabeza de las regiones europeas en el consumo de esta droga, no han impedido, sin embargo, que el Parlamento autonómico, con el PNV a la cabeza, y con la única oposición del PP, vaya a impulsar una Ley de Adicciones que legaliza los clubes de cannabis y, por lo tanto, el cultivo y el consumo de esta droga. Paradójicamente, la Ley de Adicciones que pergeña el Parlamento autonómico se muestra muy restrictiva con el consumo del alcohol y el tabaco.
El Gobierno central, por su parte, considera que el proyecto vasco de Ley de Adicciones despenaliza y legaliza “de hecho” el cultivo y el tráfico de cannabis al avalar la regulación de los denominados “clubes” de consumidores de esta sustancia. Sendos informes de los Ministerios de Justicia e Interior advirtieron hace unos meses que la normativa vasca vulnera el orden constitucional de reparto de competencias.
Los dos informes concluían que el proyecto de Ley de Adicciones que ahora se pone en marcha se inmiscuye “en una materia cuya regulación corresponde en exclusividad al Estado al tratarse de la competencia sobre legislación penal, así como de seguridad pública y de productos farmacéuticos” y, por lo tanto, vulnera “el orden constitucional de competencias entre el Estado de la CAV”.
El Ministerio de Justicia recordaba, además, en su escrito que el Código Penal tipifica como delito el cultivo, la elaboración, el tráfico y la promoción del consumo ilegal de drogas como el cannabis con penas de entre uno y seis años en función de la gravedad. La única excepción que recoge la ley es la producción autorizada de cantidades necesarias para la investigación médica.
Los mismos argumentos esgrime el Ministerio de Interior: Euskadi carece de competencias para regular esta materia y el cannabis está catalogada en el derecho nacional e internacional como sustancia estupefaciente cuyo cultivo y elaboración está tipificado como delito salvo los autorizados con fines terapéuticos.
La mayoría de los estudios médicos internacionales señala que el consumo de “cannabis”, especialmente entre la población joven, está íntimamente ligado a un drástico aumento de los accidentes de tráfico, a un fuerte incremento de los riesgos laborales, a una disminución comprobada de la eficacia intelectual y, sobre todo, a la aparición, en edades muy tempranas, de graves enfermedades mentales.
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Actualmente, y a tenor de la información que maneja el propio Gobierno autónomo, se estima que cerca de 10.000 jóvenes vascos consumen “cannabis” de manera habitual. Según datos del Centro de Documentación y Estudios-SIIS, en Euskadi, uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 19 años ha consumido “cannabis” en el último mes. Del mismo modo, uno de cada diez lo consume todos o casi todos los días. Estos datos, que sitúan al País Vasco a la cabeza de las regiones europeas en el consumo de esta droga, no han impedido, sin embargo, que el Parlamento autonómico, con el PNV a la cabeza, y con la única oposición del PP, vaya a impulsar una Ley de Adicciones que legaliza los clubes de cannabis y, por lo tanto, el cultivo y el consumo de esta droga. Paradójicamente, la Ley de Adicciones que pergeña el Parlamento autonómico se muestra muy restrictiva con el consumo del alcohol y el tabaco.
El Gobierno central, por su parte, considera que el proyecto vasco de Ley de Adicciones despenaliza y legaliza “de hecho” el cultivo y el tráfico de cannabis al avalar la regulación de los denominados “clubes” de consumidores de esta sustancia. Sendos informes de los Ministerios de Justicia e Interior advirtieron hace unos meses que la normativa vasca vulnera el orden constitucional de reparto de competencias.
Los dos informes concluían que el proyecto de Ley de Adicciones que ahora se pone en marcha se inmiscuye “en una materia cuya regulación corresponde en exclusividad al Estado al tratarse de la competencia sobre legislación penal, así como de seguridad pública y de productos farmacéuticos” y, por lo tanto, vulnera “el orden constitucional de competencias entre el Estado de la CAV”.
El Ministerio de Justicia recordaba, además, en su escrito que el Código Penal tipifica como delito el cultivo, la elaboración, el tráfico y la promoción del consumo ilegal de drogas como el cannabis con penas de entre uno y seis años en función de la gravedad. La única excepción que recoge la ley es la producción autorizada de cantidades necesarias para la investigación médica.
Los mismos argumentos esgrime el Ministerio de Interior: Euskadi carece de competencias para regular esta materia y el cannabis está catalogada en el derecho nacional e internacional como sustancia estupefaciente cuyo cultivo y elaboración está tipificado como delito salvo los autorizados con fines terapéuticos.
