Según Amnistía Internacional
Funcionarios australianos pagan a los traficantes de personas para que desvíen a los inmigrantes ilegales hacia Indonesia
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A través de entrevistas con solicitantes de asilo, la tripulación de un barco y la policía indonesia, un informe de Amnistía Internacional titulado By hook or by crook (“Por las buenas, o por las malas”) revela indicios de que, en mayo de 2015, funcionarios australianos que trabajaban en la “Operación Fronteras Soberanas” pagaron 32.000 dólares estadounidenses a seis tripulantes de un barco en el que viajaban 65 personas que buscaban asilo en Nueva Zelanda para que las llevaran a Indonesia. Los funcionarios proporcionaron también mapas que mostraban a la tripulación dónde desembarcar en Indonesia.
Los testimonios de los testigos, respaldados por grabaciones de vídeo, revelan que el incidente se encuadra dentro de una práctica reiterada conocida como “operaciones de retroceso” de barcos. El informe plantea asimismo preguntas sobre si los funcionarios australianos pagaron a la tripulación de otro barco al que se obligó a retroceder en julio.
“Australia lleva meses negando que pagara por el tráfico ilícito de personas, pero nuestro informe ofrece pruebas detalladas que indican algo muy diferente”, afirmó Anna Shea, investigadora sobre personas refugiadas de Amnistía Internacional.
“Todos los datos disponibles señalan que los funcionarios australianos cometieron un delito transnacional al dirigir una operación de tráfico ilícito de personas, pagar a la tripulación de un barco y darles luego instrucciones sobre lo que tenían que hacer exactamente y dónde desembarcar en Indonesia. El tráfico ilícito de seres humanos es un delito normalmente asociado a ciudadanos particulares y no a gobiernos, pero aquí tenemos pruebas fehacientes de que los funcionarios australianos no sólo estuvieron implicados en las operaciones, sino que las dirigieron.
Los funcionarios de control fronterizo australiano se aproximaron inicialmente al barco el 17 de mayo y de nuevo el 22 del mismo mes. La mayoría de los pasajeros —entre los que había una mujer embarazada, dos niños de siete años y un bebé— subieron a la embarcación de la Fuerza Fronteriza después de que les dijeran que podían tomar un baño allí. Una vez a bordo, los encerraron durante aproximadamente una semana. En el barco original, los seis miembros de la tripulación afirman que los funcionarios australianos les dieron en total 32.000 dólares estadounidenses.
El 31 de mayo, los funcionarios australianos transfirieron a la tripulación y a las personas solicitantes de asilo a otros dos barcos más pequeños y dieron instrucciones a la tripulación para que se dirigiera a la isla de Roti, en Indonesia, así como un mapa en el que se indicaban lugares para desembarcar.
Estos incidentes se produjeron en el contexto de la “Operación Fronteras Soberanas” de Australia, una operación de control fronterizo dirigida por los militares que se inició en 2013 para impedir que llegaran personas a Australia en barco de forma irregular, incluidos refugiados y solicitantes de asilo.
A través de entrevistas con solicitantes de asilo, la tripulación de un barco y la policía indonesia, un informe de Amnistía Internacional titulado By hook or by crook (“Por las buenas, o por las malas”) revela indicios de que, en mayo de 2015, funcionarios australianos que trabajaban en la “Operación Fronteras Soberanas” pagaron 32.000 dólares estadounidenses a seis tripulantes de un barco en el que viajaban 65 personas que buscaban asilo en Nueva Zelanda para que las llevaran a Indonesia. Los funcionarios proporcionaron también mapas que mostraban a la tripulación dónde desembarcar en Indonesia.
Los testimonios de los testigos, respaldados por grabaciones de vídeo, revelan que el incidente se encuadra dentro de una práctica reiterada conocida como “operaciones de retroceso” de barcos. El informe plantea asimismo preguntas sobre si los funcionarios australianos pagaron a la tripulación de otro barco al que se obligó a retroceder en julio.
“Australia lleva meses negando que pagara por el tráfico ilícito de personas, pero nuestro informe ofrece pruebas detalladas que indican algo muy diferente”, afirmó Anna Shea, investigadora sobre personas refugiadas de Amnistía Internacional.
“Todos los datos disponibles señalan que los funcionarios australianos cometieron un delito transnacional al dirigir una operación de tráfico ilícito de personas, pagar a la tripulación de un barco y darles luego instrucciones sobre lo que tenían que hacer exactamente y dónde desembarcar en Indonesia. El tráfico ilícito de seres humanos es un delito normalmente asociado a ciudadanos particulares y no a gobiernos, pero aquí tenemos pruebas fehacientes de que los funcionarios australianos no sólo estuvieron implicados en las operaciones, sino que las dirigieron.
Los funcionarios de control fronterizo australiano se aproximaron inicialmente al barco el 17 de mayo y de nuevo el 22 del mismo mes. La mayoría de los pasajeros —entre los que había una mujer embarazada, dos niños de siete años y un bebé— subieron a la embarcación de la Fuerza Fronteriza después de que les dijeran que podían tomar un baño allí. Una vez a bordo, los encerraron durante aproximadamente una semana. En el barco original, los seis miembros de la tripulación afirman que los funcionarios australianos les dieron en total 32.000 dólares estadounidenses.
El 31 de mayo, los funcionarios australianos transfirieron a la tripulación y a las personas solicitantes de asilo a otros dos barcos más pequeños y dieron instrucciones a la tripulación para que se dirigiera a la isla de Roti, en Indonesia, así como un mapa en el que se indicaban lugares para desembarcar.
Estos incidentes se produjeron en el contexto de la “Operación Fronteras Soberanas” de Australia, una operación de control fronterizo dirigida por los militares que se inició en 2013 para impedir que llegaran personas a Australia en barco de forma irregular, incluidos refugiados y solicitantes de asilo.
