El Parlamento catalán aprueba hoy la resolución que apela al Gobierno autonómico de esta región española a romper con el Estado. Tras la aprobación, el Consejo de Estado emitirá un informe obligatorio al Ejecutivo de Mariano Rajoy para avalar el recurso de insconstitucionalidad. Para finales de esta semana, el Tribunal Constitucional procedería a la suspensión de cualquier medida derivada de la resolución aprobada en la Cámara catalana.

Pero, ¿qué pasará después?

Si, contra todo pronóstico, el Parlamento catalán lograra pactar un nuevo presidente del Gobierno autonómico, sea éste Artur Más o cualquier otro, y el nuevo jefe del Gobierno regional decidiera acelerar el proceso de “desconexión” de España, el Ejecutivo central ha previsto una serie de respuestas que se irían aplicando paulatinamente:

- Paralización del envío de dinero desde el Fondo de Liquidez, lo que supondría, de hecho, abocar al Gobierno catalán a la quiebra, hasta el punto de que éste no podría pagar ninguno de los servicios que se encuentran bajo su competencia y tampoco podría hacer frente a las nóminas de sus funcionarios.

- Medidas penales contra el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlamento autonómico, a quienes podría acusarse de delitos de desobediencia y rebelión.

Si el proceso siguiera adelante, el Gobierno central procedería a una aplicación limitada del artículo 155 de la Constitución. Pasaría a controlar a la Policía autonómica catalana e intervendría la televisión autonómica catalana.