Tras seis años de conflictos y disputas, el Gobierno español ha pagado 100.000 euros a la israelí Universidad de Ariel de Samaria después de que ésta denunciara al entonces existente Ministerio de Vivienda por haberla descalificado de una competición académica que se celebraba en Madrid “por venir de los territorios ocupados”.

La historia comenzó en 2009, cuando el Ministerio de Vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero, dirigido por Beatriz Corredor, convocó una competición internacional para buscar el mejor diseño de una casa ecológica.  El trabajo presentado por el equipo de la Universidad de Ariel, formado por 15 estudiantes, se convirtió en uno de los finalistas y, de hecho, recibió múltiples alabanzas desde los organizadores del certamen. Pero, mientras todo esto ocurría, el movimiento BDS, títere de la izquierda radical española que alienta el boicot internacional contra Israel, comenzó a presionar al Ejecutivo socialista para que éste descalificara a la formación universitaria judía “por venir de los territorios ocupados”. El Ministerio de Vivienda español cedió a las presiones de la izquierda radical y descalificó al equipo hebreo lo que llevó a la Universidad de Ariel a emprender una batalla legal contra el Ministerio de Vivienda español con dos exigencias: la cancelación de la decisión de prohibir a la Universidad de Ariel su participación en el concurso y el pago de 230.000 euros como forma de compensación por la expulsión.

El Ministerio de Vivienda trató de rechazar la demanda israelí de plano, afirmando que su decisión había recibido el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Pero la Audiencia Nacional decidió en 2013 que la Universidad de Ariel debía ser compensada. Tras quedarse sin más recursos jurídicos, el Gobierno español emitió en 2014 un comunicado oficial en el que señalaba que la Universidad de Ariel fue tratada de manera desigual en comparación con otros participantes del concurso. “Por lo tanto, la decisión de descalificar a la Universidad de Ariel no tiene base legal y no está justificada. Se trata de una violación del derecho fundamental a la igualdad incluido en el artículo 14 de la Constitución, ya que la decisión de descalificar a la universidad contradice su a la igualdad en el competencia. La toma de decisiones defectuosa hace que la decisión sea nula y sin efecto".

La Universidad Ariel decidió finalmente aceptar la propuesta del Ministerio de Vivienda español de compensación, de 100.000 euros.