Amnistía Internacional ha reclamado la retirada de los cargos que pesan sobre los dos titiriteros proetarras detenidos en Madrid y que ya han quedado en libertad por decisión del juez tras pasar cuatro noches en la prisión de Soto del Real. A pesar de haber abandonado la cárcel, el juez acusa a los detenidos de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio, cargos que Amnistía Internacional pide que se retiren.

Para Amnistía Internacional, el Código Penal contiene una definición tan amplia y vaga sobre terrorismo “que puede suponer un límite en el derecho a la libertad de expresión. "Una obra de teatro, por mucho que su contenido pueda parecer inadecuado, no representa un peligro para la seguridad. Solo deberían sancionarse las expresiones que inciten directamente a la comisión de actos terroristas, tal y como han advertido diversos relatores de Naciones Unidas", ha declarado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

Esteban Beltrán es un viejo conocido de las víctimas vascas del terrorismo. Durante los años 1999, 2000 y 2001, éstas mantuvieron más de una veintena de encuentros con el máximo representante de Amnistía Internacional con el fin de que esta organización denunciara de una forma clara y tajante, tanto a nivel nacional como internacional, no solo la actividad asesina de ETA, que solamente en esos años había acabado con la vida de 38 personas, sino también el clima de terror que la “socialización del dolor”, impulsada entonces -en comandita con ETA- por quienes hoy son líderes de EH Bildu, estaba instaurando entre los vascos demócratas y no nacionalistas.

Entre esos miles de ciudadanos amenazados por el señalamiento de los pistoleros y por la presión del nacionalismo connivente con los criminales, se encontraban decenas de escritores, periodistas y artistas. Entonces, Amnistía Internacional no fue capaz de decir una palabra más alta que otra para denunciar los crímenes terroristas; todo quedaba siempre en comunicados deslavazados de condena en los que, además de reprobar genéricamente los atentados de ETA contra “civiles”, también se acusaba al Gobierno español en particular, y a las instituciones democráticas en general, de “torturar” y de no garantizar “los derechos” de las terroristas detenidos.

Y es que Amnistía Internacional, según explicaban Esteban Beltrán o Andrés Krakenberger, por aquel entonces delegado de Amnistía Internacional en el País Vasco,  en largas reuniones que nunca servían para nada, tenía las manos atadas para actuar contra las organizaciones terroristas. Ellos trabajaban mejor contra los “abusos” de los Estados. Por muy democráticos que éstos fueran.