"Estaba en la supervisión de los aspectos deportivos... Dirigir, dirigir... No... No recuerdo, lo desconozco, supongo... No me acuerdo, han pasado muchos años, no sé...  Mire cómo vengo; yo me vine de Nóos sin ningún documento ni ningún papel".

Iñaki Urdangarín le dice estas cosas al fiscal Pedro Horrach, que a su vez le pide una pena de diecinueve años y medio de cárcel, mientras todos los ciudadanos que pagamos el sueldo a ese fiscal observamos que actúa como si fuese el abogado defensor de la todavía infanta Cristina. Tanto es así que la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le ha tenido que llamar la atención en más de dos ocasiones, porque su actuación es absolutamente irregular desde que se inicio el proceso. ¿Se acuerdan que esa irregularidad le costó la amistad con el juez instructor Castro?, pero tiempo al tiempo, porque en este país casi todo queda grabado y casi todo se acaba filtrando.

La letrada de Manos Limpias, Virginia López-Negrete, está encontrando dificultades extraordinarias e inverosímiles para poder ejercer su trabajo acusador, ella lo reconoce, es notorio, y se va a intentar a cualquier precio que no interrogue a la infanta, porque todos saben que la tumbará, como tumbó el otro día al ex-profesor de ESADE, Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín.

Pero, ¿quiénes protegen a la infanta?

A muchas personas, parece que se les ha olvidado la etapa de este matrimonio en Washington, viviendo a todo tren en un palacete de la zona más lujosa de la capital norteamericana. Allí, la pareja llevaba un nivel de lujo y de consumo que no tenemos el 99,9% de los españoles, ganando más de dos millones de euros al año, entre los dos, y él utilizando a discreción la Embajada de España y sus vehículos oficiales, que llevan matrícula diplomática, y que "molan mucho", ya que no hay ni que repostarlos.

Pero durante ese tiempo, allí estaba destinada una buena persona y un magnifico embajador, Jorge Dezcallar, que se vio en la obligación de denunciar lo que ocurría al Ministerio de Asuntos Exteriores. El jefe de un embajador es el Ministro de Asuntos Exteriores, que todos los viernes asiste al Consejo de Ministros que preside el Presidente del Gobierno, que despacha semanalmente con el Jefe del Estado.

Todos los gastos de esa estancia en Washington, más los sueldos, corrieron a cargo de Telefónica en el caso de Iñaki Urdangarin y de la La Caixa, en el caso de la infanta Cristina. Brillantísimos cargos en empresas importantes para una pareja que dice no tener ni idea de economía ni de finanzas. ¿Quién les mandó a EE.UU de "vacaciones de lujo"? Todos pensamos lo mismo, pero a muchos les cuesta decirlo y más escribirlo. Solo pudo ser la Casa Real al alimón con el Gobierno. Eestas iniciativas no pudieron generarse en una Telefónica en contubernio con La Caixa, no es creíble.

Urdangarin no parece ser capaz ni de interpretar una factura, pero es diplomado en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Formación e Intervención de Empresas y Máster en Businnes Administration por ESADE, prestigioso, caro y exigente centro en el que conoció a Diego Torres, que era su profesor.

El juez instructor Castro lo vio tan claro desde que las pesquisas de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad y las suyas propias empezaron a vomitar datos inculpatorios, que acabó imputando a la infanta, pese a las enormes presiones recibidas. Lo vio tan claro como turbio queda para siempre el papel de la Fiscalía en es este caso.

A los ciudadanos nos queda la esperanza de que el tribunal actúe siguiendo no solamente la siempre interpretable ley, sino también la lógica. Este caso tiene un impacto social que va mucho más allá de los efectos mediáticos que puedan derivarse de los perfiles de algunos de sus protagonistas.

El Rey dijo en su discurso de Navidad que la justicia es igual para todos y que por lo tanto todos somos iguales ante la Ley; en este caso, millones de españoles vamos a estar muy pendientes del  veredicto; en juego hay mucho más que una sentencia condenatoria, porque la vista oral alcanza dimensiones próximas al esperpento.