Entre los años 1994 y 2004
Argentina investigará a ETA-Batasuna por delitos de lesa humanidad
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La Cámara Criminal y Correccional Federal argentina ha anulado el archivo de la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra 22 miembros de Batasuna y 19 jefes de ETA por delitos de lesa humanidad. Tras esta resolución, el juez Rodolfo Canicoba -el mismo que vio lesa humanidad en el atentado en Buenos Aires contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), en el que murieron 85 personas- tendrá que admitirla y abrir un procedimiento contra todos ellos para investigarles como inductores y partícipes de los crímenes de la banda terrorista desde 1994 a 2004.
Lo hará por el principio de justicia universal, una vez constatado y acreditado ante los tribunales de ese país que sus homólogos españoles limitaron la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA a los perpetrados a partir del 4 de octubre de 2004, que es cuando se incorporaron esos delitos a la legislación española.
En su resolución, la Cámara federal argentina señala que los querellantes acuden a los “tribunales argentinos por aplicación del principio de jurisdicción universal”, para “la investigación y el juzgamiento de los responsables de los hechos que tuvieron por víctimas” a los concejales del PP José Luis Caso y Manuel Zamarreño, asesinados el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998, respectivamente, en Guipúzcoa.
“Ambos habrían sido amenazados con el objeto de lograr su expulsión del territorio de la comunidad vasca y asesinados ante su negativa, como parte de la política de persecución de la organización ETA y, en particular, como consecuencia de la estrategia de socialización del sufrimiento implementada a partir de que la Mesa Nacional del posteriormente disuelto partido político Herri Batasuna (HB) aprobara en 1994 la Ponencia Oldartzen”.
Entre los 22 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna contra los que se dirige la querella figura Rufi Etxeberria, al que se atribuye el escrito que apostaba por la “socialización del sufrimiento” y que supuso la extensión de los atentados a políticos, empresarios o periodistas. También está Adolfo Araiz, actual portavoz de Bildu en el Parlamento navarro.
A los dirigentes de la organización terrorista hasta 2004 -desde Iñaki de Rentería hasta Aitzol Iriondo– la querella, que incluye 32 páginas sólo dedicadas a la solicitud de pruebas para practicar, les atribuye la “responsabilidad por el mando” de los crímenes cometidos.
La Cámara Criminal y Correccional Federal argentina ha anulado el archivo de la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra 22 miembros de Batasuna y 19 jefes de ETA por delitos de lesa humanidad. Tras esta resolución, el juez Rodolfo Canicoba -el mismo que vio lesa humanidad en el atentado en Buenos Aires contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), en el que murieron 85 personas- tendrá que admitirla y abrir un procedimiento contra todos ellos para investigarles como inductores y partícipes de los crímenes de la banda terrorista desde 1994 a 2004.
Lo hará por el principio de justicia universal, una vez constatado y acreditado ante los tribunales de ese país que sus homólogos españoles limitaron la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA a los perpetrados a partir del 4 de octubre de 2004, que es cuando se incorporaron esos delitos a la legislación española.
En su resolución, la Cámara federal argentina señala que los querellantes acuden a los “tribunales argentinos por aplicación del principio de jurisdicción universal”, para “la investigación y el juzgamiento de los responsables de los hechos que tuvieron por víctimas” a los concejales del PP José Luis Caso y Manuel Zamarreño, asesinados el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998, respectivamente, en Guipúzcoa.
“Ambos habrían sido amenazados con el objeto de lograr su expulsión del territorio de la comunidad vasca y asesinados ante su negativa, como parte de la política de persecución de la organización ETA y, en particular, como consecuencia de la estrategia de socialización del sufrimiento implementada a partir de que la Mesa Nacional del posteriormente disuelto partido político Herri Batasuna (HB) aprobara en 1994 la Ponencia Oldartzen”.
Entre los 22 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna contra los que se dirige la querella figura Rufi Etxeberria, al que se atribuye el escrito que apostaba por la “socialización del sufrimiento” y que supuso la extensión de los atentados a políticos, empresarios o periodistas. También está Adolfo Araiz, actual portavoz de Bildu en el Parlamento navarro.
A los dirigentes de la organización terrorista hasta 2004 -desde Iñaki de Rentería hasta Aitzol Iriondo– la querella, que incluye 32 páginas sólo dedicadas a la solicitud de pruebas para practicar, les atribuye la “responsabilidad por el mando” de los crímenes cometidos.
