Tras la publicación este martes de la sentencia de la Audiencia Nacional contra los responsables de Caja Castilla-La Mancha, la asociación de consumidores Adicae denuncia que la quiebra de las cajas de ahorros, que representaban el 50% del sistema financiero español, no puede quedar impune y libre de castigo para sus responsables, como indican los nulos resultados de los pocos procesos judiciales abiertos.

Adicae recuerda que el último ejemplo de estos ‘juicio-farsa’ es CCM: el coste de 9.000 millones de euros pagados por los españoles para rescatar la caja equivale a 29.970 euros de multa para cada uno de los dos acusados, “que en la práctica no pisarán la cárcel”. Además, esta asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros, recuerda que, actualmente, “con más de 300 directivos de cajas imputados, ninguno ha acabado aún en la cárcel”. Adicae añade que “en la mayoría de los casos los responsables de las desaparecidas cajas han sido ‘premiados’ ocupando cargos de máxima responsabilidad en los bancos que las han absorbido.

 

Las cajas de ahorro constituían más de la mitad del sistema financiero español; su liquidación y su quiebra tan extendida son motivos suficientes para que se abra una "causa general" contra ellas, como reclama Adicae. Después de cuatro decretos de "saneamiento financiero", se permitió la liquidación de las cajas de ahorros con la aquiescencia de los diferentes gobiernos, que cumplían los anhelos de la banca, y sin depurar responsabilidades.

La apertura de múltiples procesos contra Bankia, NovaGalicia Banco, CAM, Catalunya Banc, Caja Castilla-La Mancha, y otras querellas contra dirigentes de otras entidades como el Banco de Valencia, Banca Cívia o Catalunya Caixa, etc., ha puesto de manifiesto el desgobierno generalizado que imperaba en las cajas de ahorros españolas.

Los usuarios de bancos y cajas recuerdan que es necesario pedir responsabilidades por la sucesión de actuaciones fraudulentas que se realizaron “con la connivencia de los diferentes partidos políticos, de caciques locales y empresarios de dudosa reputación y pasando por encima de su propia normativa y estatutos. Los gobiernos de Zapatero-Salgado y Rajoy-De Guindos no han sabido poner coto a esta situación a pesar de sus tibias reformas y han permitido que se liquiden las cajas, haciendo pagar a todos los españoles las enormes cantidades del rescate”.

“Los procedimientos penales han revelado los negocios especulativos e intereses particulares de quienes han gobernado y gestionado las cajas de ahorros los últimos 25 años. La normativa sobre estas entidades y sus propios estatutos las convirtieron en coto de partidos, fundaciones, grupos de interés económico y altos ejecutivos. Los objetivos sociales se fueron corrompiendo por una estructura de gobierno que aislaba y ninguneaba la representatividad de los impositores, sus verdaderos dueños. La consecuencia es que el control de las cajas recayó en unas pocas manos que hicieron de ellas su nido para alimentar intereses particulares y partidistas”.

Caja Castilla-La Mancha sería un ejemplo claro de dilapidación del patrimonio de las cajas de ahorros en operaciones ruinosas. Desde la llegada de Moltó a la presidencia de CCM, la entidad se embarcó en una política inmobiliaria faraónica. Según los informes de los administradores provisionales y del Banco de España, se llevaron a cabo operaciones sin cumplir los procedimientos de solvencia, y hubo deficiencias organizativas y técnicas. Incluso operaciones concedidas a personas relacionadas con la entidad, como créditos a diversos grupos familiares por 459 millones de euros.

Caixa Galicia y Caixanova también se embarcaron en la aventura inmobiliaria con participaciones en Astroc y Sacyr y el peso del ladrillo en sus balances se hizo insostenible. La participación de Caixa Galicia en el accionariado de Astroc, con la concesión de créditos y la fallida salida a bolsa de la inmobiliaria, le supuso a la entidad un quebranto de 300 millones de euros. Por su parte, Catalunya Caixa se unió al grupo inmobiliario Vertix para crear la empresa Landomus (Vertix Procam) y que, según investigaciones de la Fiscalía, compró terrenos muy por encima de su valor de tasación. En el momento de su liquidación, Landomus presentaba un patrimonio negativo de 165 millones de euros.

En la mayoría de las entidades investigadas en los procedimientos penales, los altos cargos manejaban las cajas de ahorros como si fueran suyas. Su único objetivo era asegurarse grandes jubilaciones e indemnizaciones con condiciones económicas disparatadas. En las cajas gallegas hubo sueldos y prejubilaciones millonarias de sus directivos con contratos blindados elaborados por ellos mismos. Para tapar este expolio, los estados financieros estaban repletos de trampas contables. El acuerdo de fusión de Caixa Galicia con Caixanova en 2010, con el visto bueno de la Xunta de Galicia, se hizo basándose en unas contabilidades que no reflejaban la situación real. El caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo es otro ejemplo de falseamiento de cuentas, que llegó a reflejar beneficios en 2010 cuando en realidad estaba perdiendo dinero. La CAM también tiene causas abiertas por la percepción de dietas abusivas de varios consejeros.

 

Ante los agujeros en sus cuentas, muchas cajas echaron mano de los ahorros de sus clientes para salvar los números. Estos productos se colocaron indiscriminadamente ocultando la verdadera situación financiera de las entidades en un contexto en el que se exigía más capital a las entidades de crédito. Esta fue una consecuencia del arrinconamiento al que sometieron a los impositores las corruptas estructuras de gobierno de las cajas y evidencia claramente el carácter de plan preconcebido, al que ni Banco de España ni CNMV fueron capaces de responder.

 

En Cataluña, la apuesta de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa por la burbuja inmobiliaria hizo que sus cuentas de derrumbaran. La ‘solución’ que adoptaron sus gestores fue comercializar masivamente productos financieros abusivos, como swaps hipotecarios (una apuesta financiera en la que el consumidor acababa pagando más por su hipoteca) u obligaciones subordinadas y participaciones preferentes que computaban como capital de calidad en las ruinosas cuentas de estas cajas pero que atrapaba a perpetuidad prácticamente los ahorros de los consumidores. Las cajas gallegas, por su parte, llevaron a cabo una estrategia similar realizando una venta de participaciones preferentes. Para ello abusaron de la confianza de sus clientes, muchos de toda la vida, a través de la amplia red de sucursales por toda la geografía gallega. No dudaron en jugar con la denominación de los productos. Así sucedió por ejemplo con la llamada "hipoteca tranquila" que comercializó Caixa Galicia y que encerraba contratos trampa “contra la subida del euríbor”, que en realidad era un swap hipotecario.

 

La CAM emitió también participaciones preferentes, deuda subordinada y cuotas participativas con información ficticia, algo que en los procedimientos se va a poner de manifiesto, para captar inversores y refinanciarse. Solo en cuotas participativas, fueron 54.000 los afectados de la caja que fueron engañados ya que les colocaron productos con riesgo y muy escasa liquidez. Tras la quiebra de la CAM, las cuotas pasaron a valer 0 €. Con la reestructuración bancaria, el banco de Sabadell absorbió a CAM; él es quien debe responder como responsable civil subsidiario de estas prácticas fraudulentas de la caja valenciana.

 

Prácticamente la totalidad del territorio nacional está salpicado por un caso u otro, lo que evidencia que estas malas gestiones no eran casos aislados, sino maneras de actuar sistemáticas de los responsables de las entidades. Banca Cívica, fruto de la fusión de Caja Canarias, Caja Rural de Navarra, Cajasol y Caja de Burgos, es ejemplo de ello. Las distintas cajas que formaron Banca Cívica atraparon a miles de clientes con preferentes y deuda subordinada, y también comercializaron cerca de 200.000 hipotecas con cláusulas suelo. Otro ejemplo es el de Unicaja banco, grupo surgido del agrupamiento de Unicaja, Caja de Jaén y Banco CEISS (Caja España, Caja Duero). Unicaja, que tenía prevista una salida a bolsa, y tendrá que responder por la comercialización de preferentes por parte de CEISS, ha sido condenada a anular cláusulas suelo al igual que el Banco Mare Nostrum, entidad fruto de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra.

 

Más allá de las actuaciones penales concretas, es evidente que el hecho de que más del 50% del sistema financiero de un país se arruine en medio de falsedades y abusos a sus clientes, exigiría una ‘causa general’. Esto significa analizar en profundidad las causas de esta debacle: los fallos de la regulación, el funcionamiento de los organismos reguladores durante los últimos años, el papel de los organismo reguladores (Banco de España y CNMV) y comunidades autónomas, quiénes se han beneficiado de esta liquidación de las cajas, con Isidro Fainé, máximo responsable de La Caixa, como mayor interesado...

El objetivo es no solo poner en evidencia a los responsables de este ruinoso fiasco, sino evitar que vuelvan a repetirse comportamientos similares. Ahora los restos de las cajas de ahorros se han convertido en las llamadas ‘fundaciones bancarias’. Un extraño híbrido que está dominado por las mismas pautas y personajes que llevaron a las cajas a la ruina. A medio plazo, el destino de muchos bancos-caja como Unicaja, Ibercaja… será probablemente ser ‘comidos’ por los grandes fondos de inversión internacionales y otros tiburones financieros (Santander, BBVA, etc.) que irán entrando en su accionariado, diluyendo el papel de las fundaciones y fagocitándolas.