El estrepitoso fracaso del coche eléctrico que quiso impulsar PNV
El fiscal pide inhabilitar a los gestores del “Hiriko” y la devolución de los 15,7 millones de ayudas públicas que recibieron
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La Fiscalía de Vitoria pide 10 años de inhabilitación para los cuatro administradores de Afypaida, la empresa matriz del fallido coche eléctrico vasco, Hiriko, y reclama que éstos y otras quince empresas vinculadas al que en su momento fue el gran proyecto industrial impulsado por el PNV devuelvan solidariamente los 15,7 millones que recibieron en ayudas públicas.
En el escrito que el fiscal ha remitido al Juzgado de lo Mercantil número 1 da Vitoria se solicita al juez que declare culpable de la quiebra de la compañía y se tomen medidas contra las 19 sociedades que participaron en el proyecto. Además, la Fiscalía reclama que que los cuatro administradores de Afypaid,a Jesús Echave, Iñigo Antia -ambos vinculados al PNV-, José Luis Bengoechea y Fernando Achaerandio sean condenados a diez años de inhabilitación.
En su escrito, el fiscal critica su “falta de rigor en el modelo de negocio” y su “descuidada actuación” al frente de una sociedad que tenía como “único fin” el “enriquecimiento de los administradores”, lo que acarreó la “evaporación de fondos públicos” recibidos.
El Ministerio Público solicita además la devolución de las ayudas públicas de forma solidaria entre todos los que se beneficiaron del proyecto, es decir, los cuatro administradores de Afypaida y quince empresas “cómplices” de la quiebra.
Las sociedades señaladas por el fiscal son Circuito Norte, Launorte, Universal Araba, Sociedad Alavesa de Inversiones, Constructora Lanbide, Basque Robot Wheels, Sapa Placencia, Sapa Operaciones, Maser, Denokinn, Innolavab, Vilau Media, Talleres Arakistain, Isoird y Luis Miguel Macías.
En total se reclama la devolución de 15,7 millones de euros, que es la cuantificación de las ayudas públicas realizada por los administradores concursales. La mayor parte de ese dinero (14,7 millones) fue otorgado el entonces llamado Ministerio de Ciencia e Innovación. Las ayudas restantes, calculadas en 974.500 euros según la administración concursal, fueron concedidas por el Gobierno vasco, que no está personado porque dice no haber detectado irregularidades en las ayudas concedidas dado que “los objetivos de innovación y creación de patentes que se perseguían con ellas se cumplieron” y además las cuentas fueron auditadas.
La Fiscalía de Vitoria pide 10 años de inhabilitación para los cuatro administradores de Afypaida, la empresa matriz del fallido coche eléctrico vasco, Hiriko, y reclama que éstos y otras quince empresas vinculadas al que en su momento fue el gran proyecto industrial impulsado por el PNV devuelvan solidariamente los 15,7 millones que recibieron en ayudas públicas.
En el escrito que el fiscal ha remitido al Juzgado de lo Mercantil número 1 da Vitoria se solicita al juez que declare culpable de la quiebra de la compañía y se tomen medidas contra las 19 sociedades que participaron en el proyecto. Además, la Fiscalía reclama que que los cuatro administradores de Afypaid,a Jesús Echave, Iñigo Antia -ambos vinculados al PNV-, José Luis Bengoechea y Fernando Achaerandio sean condenados a diez años de inhabilitación.
En su escrito, el fiscal critica su “falta de rigor en el modelo de negocio” y su “descuidada actuación” al frente de una sociedad que tenía como “único fin” el “enriquecimiento de los administradores”, lo que acarreó la “evaporación de fondos públicos” recibidos.
El Ministerio Público solicita además la devolución de las ayudas públicas de forma solidaria entre todos los que se beneficiaron del proyecto, es decir, los cuatro administradores de Afypaida y quince empresas “cómplices” de la quiebra.
Las sociedades señaladas por el fiscal son Circuito Norte, Launorte, Universal Araba, Sociedad Alavesa de Inversiones, Constructora Lanbide, Basque Robot Wheels, Sapa Placencia, Sapa Operaciones, Maser, Denokinn, Innolavab, Vilau Media, Talleres Arakistain, Isoird y Luis Miguel Macías.
En total se reclama la devolución de 15,7 millones de euros, que es la cuantificación de las ayudas públicas realizada por los administradores concursales. La mayor parte de ese dinero (14,7 millones) fue otorgado el entonces llamado Ministerio de Ciencia e Innovación. Las ayudas restantes, calculadas en 974.500 euros según la administración concursal, fueron concedidas por el Gobierno vasco, que no está personado porque dice no haber detectado irregularidades en las ayudas concedidas dado que “los objetivos de innovación y creación de patentes que se perseguían con ellas se cumplieron” y además las cuentas fueron auditadas.
